El Gobierno de PSOE-Podemos planea invertir 2.000 millones de euros en reforzar los centros de enseñanza españoles a partir de septiembre. La educación es uno de los motores clave en la prosperidad de cualquier país y, a la vez, ha sido uno de los sectores más sacudidos por el coronavirus (en tanto en cuanto se han suspendido las clases como medida de distanciamiento social contra la pandemia). Es lógico, por consiguiente, que se plantee una modernización y adaptación de los centros educativos a este periodo de nueva normalidad: si hay cambios estructurales —o, al menos, cabe la posibilidad de que los haya— en el modo en que ha de proveerse la enseñanza, entonces las escuelas deberán readaptarse en consecuencia.
Hasta aquí, no debería haber demasiado espacio para la polémica salvo por el mal uso que pueda terminar efectuándose de esos 2.000 millones de euros (el tan extendido vicio político de arrojar centenares de millones de euros sobre un problema sin preocuparse mínimamente por la eficiencia con que se emplean). La controversia ha arrancado, en cambio, cuando PSOE y Podemos han decidido excluir de esos 2.000 millones de euros a los colegios concertados, a los que asiste alrededor de una cuarta parte de todo el alumnado patrio.
La justificación que ha empleado el Ejecutivo de izquierdas para semejante exclusión parece a simple vista razonable: el dinero público debe permanecer exclusivamente en el sector público y no transferirse a bolsillos privados (a bolsillos privados que no sean los del personal o los de los proveedores de la escuela pública, se entiende), de modo que los concertados deberán costearse su reconversión con su propio capital… si es que pueden. Tal argumento, empero, se antoja extremadamente débil por dos razones.
Primero, este mismo Gobierno de izquierdas que plantea una radical separación entre las fuentes de financiación públicas y las fuentes de financiación privadas en el ámbito educativo es el mismo Gobierno de izquierdas que no tiene ningún empacho a la hora de inyectar hasta 10.000 millones de euros de dinero público en grandes corporaciones ‘estratégicas’ de titularidad privada (como Iberia), que otorga cuantiosas subvenciones indirectas a determinadas empresas bien conectadas con el poder político (como las automovilísticas) o que reclama cientos de miles de millones de euros a Bruselas para potenciar una transformación del modelo productivo privado a golpe de talonario. No deja de resultar contradictorio que la concertada no pueda recibir parte de esos 2.000 millones de euros bajo el pretexto de que el dinero público no debe transferirse al sector privado cuando este Gobierno se ha pasado toda la crisis del coronavirus trasvasando dinero público al sector privado.
Segundo, cuando se afirma que el dinero público ha de permanecer en el sector público, se está presuponiendo de algún modo que el dinero público es propiedad del Estado y que, por tanto, aquellos agentes privados que aspiran a captarlo se lo estarían arrebatando a él. Pero el dinero público no es dinero del Estado: el dinero público no es más que riqueza que el Estado previamente ha sustraído al sector privado. Que esa riqueza confiscada a las empresas y a las familias deba permanecer dentro de la burocracia parasitaria del Estado en lugar de regresar al sector privado de donde emergió es una pura arbitrariedad política, no el curso natural de los acontecimientos (por supuesto, uno debe estar siempre vigilante de que una parte del sector privado no instrumente al Estado para, vía subvenciones u otro tipo de intervenciones, parasitar a otra parte del sector privado: pero asimismo también ha de estar vigilante de que el Estado no parasite finalistamente al conjunto del sector privado).
En el caso que nos ocupa, parece bastante obvio que una porción de los impuestos que abonan las familias va dirigida a sufragar gastos educativos en presunto beneficio de esas mismas familias. De ahí que lo más respetuoso con su libertad y su propiedad privada sería que, al menos, ellas pudieran escoger —en su calidad de pagadoras de impuestos— en qué centros —públicos o privados— desean que se desembolsen esos fondos educativos que gestiona el Estado por la sencilla razón de que previamente se los ha arrebatado vía impuestos.
O expresado desde otro ángulo: quienes argumentan que han de ser las familias que llevan a sus hijos a un concertado quienes se costeen de su bolsillo la reconversión de las escuelas concertadas están obviando que los 2.000 millones de euros con los que se regará la escuela pública… ¡salen en parte del bolsillo de esas familias! Sí, que se costeen ellas la reconversión de la escuela concertada… pero sin arrebatarles en primer lugar el dinero con el que se les obliga a costear la reconversión de la pública a la que no asisten. A la postre, si el Estado les vacía los bolsillos, difícilmente esas familias podrán rascárselos para impulsar aquella escuela privada o pública que resulte de su preferencia.
En definitiva, cuando el Gobierno de PSOE-Podemos decide excluir a la escuela concertada de ese fondo de 2.000 millones de euros para la reconversión de los centros educativos —amasado a partir del dinero que ha sustraído o que va a sustraer a los españoles—, no está actuando desde una ponderada neutralidad, sino desde un abierto sectarismo anti-libertad de elección educativa: lo que busca deliberadamente es arrinconar a la escuela concertada para que poco a poco vaya desapareciendo al tiempo que se sigue engordando de financiación la escuela pública, no porque así lo deseen los padres sino porque así lo imponen los políticos.
Por supuesto, en este asunto como en tantos otros en materia de enseñanza, la solución no debería pasar con mantener ese dinero público en las manos de los gobernantes para que estos lo repartan caprichosa —y quizá corruptamente— entre actores públicos o privados: la solución debería pasar por que esos 2.000 millones de euros regresen a las familias —por ejemplo, en forma de cheques escolares— de modo que sea cada una de ellas quien lo distribuya entre sus centros de enseñanza predilectos.
