Hay profesores de la universidad pública (no tan pocos como se cree, es cierto) que nada tienen que objetar a que se impartan en centros privados las mismas carreras que ellos enseñan en los centros públicos; ahora bien, la lógica corporativa, a la que no escapa ninguno, explica que, cuando se trata de "declaraciones institucionales", lo normal es que la universidad estatal en bloque "apueste" por la enseñanza pública con carácter excluyente.
La Universidad de Murcia, por ejemplo, acaba de "pronunciarse" sobre la posibilidad de que una entidad privada ponga en marcha una nueva facultad de Medicina. No quiero cargar las tintas sobre esta universidad, ya casi centenaria y meritoria, pero los argumentos con que justifica su oposición no dejan de ser curiosos, y revelan un mal que ya no tiene que ver con ella, sino con la manera en que el Ministerio Cabrera y sus predecesores han venido arruinando la enseñanza superior en nuestro país.
El pronunciamiento o tejerazo de la Universidad de Murcia plantea sobre todo tres cuestiones:
1) Que la excelencia profesional y científica de su Facultad de Medicina hace innecesario que un centro privado ponga en marcha el mismo plan de estudios.
2) Que una nueva facultad de Medicina en Murcia es empresarialmente poco viable.
3) Que la universidad es una institución de interés público independiente de la dimensión mercantil del servicio prestado, sujeto a las leyes de la competencia.
Por lo que hace al primer punto, el hecho de que un empresario ponga en marcha un nuevo negocio no significa necesariamente que los que ya están en el sector lo hagan mal. Simplemente, se trata de alguien que está seguro de que puede prestar ese servicio de forma más satisfactoria. En todo caso, si el prestigio científico de la universidad pública es tan apabullante, no se entiende por qué se opone a que una entidad privada le haga competencia. El cliente no es tonto, y siempre aceptará el mejor servicio al menor coste, así que, de ser cierto lo que proclama el manifiesto universitario, nada ha de temer una universidad del Estado, pues los estudiantes seguirán acudiendo en masa a sus aulas, en detrimento de la nonata facultad privada.
En cuanto al segundo reparo, la opinión de la UM es irrelevante, pues son las entidades privadas que ponen en marcha estos nuevos estudios las que aportan la financiación necesaria para su creación y asumen los riesgos de la empresa. Sólo faltaría que las empresas tuvieran que pedir permiso a los funcionarios universitarios para decidir la ubicación de sus inversiones.
Finalmente, la UM muestra su rechazo a que la educación se considere un servicio más sujeto a las leyes del mercado. Haciendo suyos los típicos resabios de la jerga sindical, suponen que lo público es bueno y la competencia muy mala… sobre todo cuando uno está acostumbrado a vivir beneficiándose de una situación de monopolio. Lo peor de todo es que el principio director de las reformas universitarias de los últimos años es la adaptación de la universidad a… las necesidades del mercado. Desde luego, la Universidad de Murcia podía haberse ahorrado el número, pero ya digo que el mal viene de arriba.
El manifiesto de la UM ha encontrado, cómo no, la comprensión y el apoyo del Consejo Estudiantil. "Exigimos –escriben los representantes de los 30.000 alumnos de la institución, aunque sólo les vote una minoría del censo– el cese de cualquier preferencia que desde instituciones públicas se esté brindando a la universidad privada en detrimento de los intereses de los alumnos de las universidades públicas de la región". Por lo visto, a juicio de los estudiantes de la universidad estatal, sólo ellos pueden recibir dinero público. ¿No les ha explicado nadie que los alumnos de las universidades privadas son tan ciudadanos como ellos, y que sus familias también pagan impuestos? Por lo visto, no.
El miedo a la competencia revela una gran inseguridad en las propias posibilidades. Por otra parte, la ausencia de alternativas a la educación pública lastra el sistema educativo, que pasa de ser un lugar de excelencia académica a convertirse en una corporación endogámica celosa de sus privilegios injustos.
Cualquiera que haya visto cómo funciona la universidad pública sabe de lo que hablamos. Lo último que nos faltaba por ver es a la todopoderosa universidad pública impidiendo que los ciudadanos elijan qué tipo de educación superior quieren recibir con su dinero. Pues ya lo hemos visto.
