Muchos liberales se debaten ante la cuestión del sindicalismo y reivindicaciones sociales. Todo individuo ha de tener el derecho a reunirse o crear organizaciones. Pero del derecho a la organización no se desprende, para nada, el derecho positivo concedido por el estado a la extorsión y la amenaza. Las consecuencias económicas de esta forma de actuar sólo nos llevan a mayor incertidumbre laboral y al mantenimiento de unos pocos a expensas del resto de la sociedad:
– Reivindicación de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son privilegios de un grupo de trabajadores arrancados a los productores gracias a la fuerza unilateral de la ley y el estado. Si por razones ajenas a la producción individual se eleva el sueldo nominal del resto de trabajadores, eso significa que la empresa va a tener menos capacidad de competir ya que tendrá que ofrecer precios más caros y menos empleos que ofrecer a aquellos que quieran entrar en el mercado laboral.
– Reivindicación de los derechos de la mujer. Si hiciésemos un estudio sobre quién cobra más, si los hombres con pelo rubio o moreno, el resultado sería que hay una discriminación de unos en contra de los otros. Pero a todas luces tal estudió sería ridículo. A cada persona se le retribuye por el esfuerzo y logros que consigue para la empresa por la cual trabaja. Da igual que sea un hombre una mujer, un extranjero, un rubio o un moreno. Si por ley aumentamos el sueldo a todas las mujeres (u hombres de pelo moreno) independientemente de su nivel de producción sólo haremos que las empresas contraten a menos mujeres (u hombres morenos) y estaremos incentivando el desempleo femenino (y de los morenos).
– Salario mínimo. Si establecemos una retribución mínima por el trabajo de todos por encima de la que estima el mercado, sólo incentivaremos el desempleo de los menos capacitados para trabajar; como jóvenes, gente con poca especialización, inmigrantes que escapan de su país, etc. Si los sindicatos y el estado impusieran una ley por la cual los becarios han de percibir un sueldo de 6.000 euros mensuales esto no haría ricos a los becarios, sino que los haría desaparecer del mundo laboral.
– Convenios colectivos. Los convenios sólo generan un perdedor real: el trabajador. Si un convenio establece en un sector unos “beneficios sociales” muy altos lo único que conseguiremos es que automáticamente el sector se inunde de personas con bajos niveles de producción para vivir a expensas de los beneficios del sector. Con los años todos estaremos sin trabajo.
– Condiciones de trabajo. ¿Qué son buenas condiciones de trabajo? ¿las que dicta un político o jefe sindical a cientos de kilómetros de donde trabajamos? Obligar a una empresa a gastar su dinero y la capacidad creadora de sus empleados a resolver tan inocuos temas sólo generará menos capacidad de producción y otra barrera de entrada para aquellos que quieren empezar a trabajar. La correcta posición de una silla de trabajo, o de una “buena ventilación” no nos proporciona más comodidad y seguridad, sino más precariedad laboral.
– Indemnizaciones por despido. Si obligamos a las empresas a pagar indemnizaciones, lo único que tendremos son personas demasiado acomodadas que no permitirán la entrada de jóvenes con mucho por ofrecer. Y a la vez también estaremos incentivando la ociosidad laboral, la baja producción, encarecimiento de los productos nacionales y entrada de productos extranjeros (de China, Marruecos…).
La aplicación de las reivindicaciones sociales no son un logro, sino un retroceso. Los niveles de alto desempleo y escasas oportunidades de encontrar nuevos trabajos en Europa han sido el experimento fallido del sindicalismo radical y del estado omnipotente.
El día que aprendamos que sólo cada uno de nosotros es el auténtico motor de nuestro bienestar sin depender de las reivindicaciones de los demás, conseguiremos un mercado laboral sano y próspero donde el desempleo, literalmente, desaparecerá.
