A pesar de que con la excusa de salvarnos de la catástrofe climática tanto el Gobierno del PP como el del PSOE han introducido en nuestra sociedad mecanismos de intervención económica que harían las delicias del socialista más radical, las emisiones de CO2 siguen disparadas. El año pasado fueron un 1,8 por ciento superiores al año anterior y nuestro país ya tiene un desfase de 33 puntos porcentuales con su compromiso de Kyoto. Dicho de otro modo, España emite un 52% más de lo que emitía en 1990 a pesar de que el límite de acuerdo con el protocolo de Kyoto sólo le permite incrementar las emisiones un 15%.
La relación entre crecimiento económico y emisiones de CO2 es tan estrecha que si estuviésemos seguros de que existe un calentamiento peligroso para el ser humano cuya causa son esas emisiones, sólo habría dos modos de evitarlo: transformar nuestro sistema productivo o paralizar su crecimiento. La transformación del sistema productivo puede lograrse con la aceleración del proceso de acumulación de capital, con el establecimiento de deducciones fiscales a las empresas que reduzcan sus emisiones o mediante cambios tecnológicos. El mercado puede aprovechar estas tres fórmulas sin necesidad de coacción.
Sin embargo, el protocolo de Kyoto y el resto de medidas aprobadas por nuestro Gobierno consisten en intentos desesperados por detener el crecimiento económico convirtiendo el mercado en un juego de suma cero o planificando en contra del mercado libre el tipo de factores productivos que van a participar en el proceso de producción al margen de que sean considerados o no los más económicos por empresarios y consumidores.
Este año parece que la situación económica está provocando que las emisiones sean, por ahora, menores. El motivo se encuentra sencillamente en la crisis económica y en el elevadísimo precio del petróleo. Pero según José Santamaría, director de World Watch en España, "esto no es suficiente". Después de todo se nos empieza a dar la razón. Haría falta un colapso total de nuestra economía para poder cumplir con el dichoso protocolo. ¿Alguien está dispuesto a pasar por eso para detener las emisiones de CO2 cuando existen alternativas que no atentan contra el libre mercado y los derechos individuales? ¡Yo no!
