No obstante, su liderazgo lleva en entredicho varios meses, tanto a nivel interno como externo. En concreto, desde que la crisis económica comenzó a aflorar las debilidades y posibles errores de gestión en sus empresas.
Los líderes sindicales, por el contrario, no se deben preocupar de este tipo de problemas, ya que desde hace décadas sus cargos no dependen en ningún caso del aumento de afiliados o la presentación de unas cuentas saneadas. Para inyectar dinero en UGT y CCOO ya está papá Estado, que bien se encarga de engordar año tras año las nada maltrechas carteras de los liberados sindicales gracias a los impuestos de los contribuyentes.
La debilidad de Díaz Ferrán, que la pasada semana protagonizó un amago de dimisión, es vista por sus opositores y el propio Gobierno como una oportunidad para deshacerse de una figura algo incómoda a la hora de pactar la más que necesaria reforma laboral. Su aspiración, colocar en la poltrona de la CEOE a alguien más afín a las posturas del Gobierno para facilitar un acuerdo que no soliviante a los sindicatos y así mantener la pax social –y el consiguiente rédito electoral– en un 2010 que se presenta difícil.
Sin embargo, la clave no radica en si Díaz Ferrán es o no la persona adecuada para representar a la patronal en la negociación colectiva que acaba de reiniciar con Ejecutivo y sindicatos. La raíz del asunto va mucho más allá, y consiste en la función misma que desempeñan este tipo de agentes llamados "sociales". "Mesa de Diálogo", "agentes sociales" o "negociación colectiva" son cruces de la misma moneda. A saber, el keynesianismo imperante en el Estado de Bienestar.
Patronal, sindicatos y administración pública cuentan con potestad para imponer por ley salarios y condiciones laborales a millones de empresarios y empleados en España. Constituyen un oligopolio con capacidad plena para imponer por la fuerza una determinada forma (arbitraria) de hacer las cosas. Por desgracia, el mercado de trabajo no existe en España porque el uso del término "mercado" carece de sentido en un ámbito en el que unos pocos privilegiados deciden por el resto.
Libertad es, en gran medida, poder o capacidad de decidir por uno mismo, y es evidente que tal concepto brilla por su ausencia en las interacciones que efectúan empleadores y empleados. La ley regula todos y cada uno de los aspectos de la relación laboral, imprimiendo una rigidez cuyos efectos ya conocemos: la tasa de paro más elevada de los países desarrollados.
La fuerza laboral no se rige por criterios de mercado. El salario y las condiciones de trabajo no son acordadas libremente entre empresario y trabajador, sino que son impuestas desde arriba. La ley universal de la oferta y la demanda ha sido borrada del mapa mediante una voluminosa regulación heredada del franquismo.
La reforma laboral que precisa España debería empezar por eliminar los privilegios legislativos que ostentan los "agentes sociales". El trabajo, al igual que cualquier otro recurso, debería regirse única y exclusivamente por la ley del mercado. De este modo, eliminando "salarios mínimos" y "convenios colectivos", los agentes individuales, auténticos protagonistas del proceso de mercado, podrían contar con una libertad de la que hoy carecen por completo.
Empleador y empleado son los únicos que deben decidir libremente el fondo y forma de sus relaciones contractuales. El estrangulamiento del mercado, como por ejemplo la fijación de precios por ley o la aplicación de una fiscalidad elevada, tan sólo crea distorsiones perversas que, siempre y en todo lugar, acaban por generara escasez, despilfarro de recursos y pobreza. Da igual el ámbito al que se aplique: alimentos, energía, trabajo… Limitar la propiedad privada y los acuerdos libres entre individuos siempre acarrea problemas. Por ello, ni patronal ni sindicatos son actores legítimos para decidir por nosotros.
