Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT: “la reforma del mercado de trabajo debe apostar por la estabilidad en el empleo; no por flexibilizar el despido”. Lemas como este sólo han contribuido a un mercado laboral más rígido y, por lo tanto, de más difícil acceso para los que se encuentran desempleados.
Incluso los burócratas del Banco Mundial se han dado cuenta que el único camino para una economía próspera y rica es la no intervención tal y como plasmaron en su informe “Doing Business in 2005”: “las regulaciones laborales penalizan la inversión, el crecimiento y la creación de empleos”. Una de las principales conclusiones a las que llegó el informe es que las “regulaciones excesivas y derechos de propiedad débiles excluyen a los pobres, especialmente a las mujeres y a los jóvenes”.
No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que las indemnizaciones por despido, contratación fija, bajas laborales… son una fuerte barrera para la creación de empleados por parte de la empresa. Eso significa, lógicamente, que cuantos más costes obligatorios se impongan a las empresas para contratar o despedir, menos empleados podrán incorporarse a sus filas.
En un mercado laboral altamente regulado, como el español, las empresas sólo podrán contratar a trabajadores cuya productividad sea mucho más alta que los altos costes impuestos por el estado, sindicatos, grupos de presión y leyes. Es decir, si seguimos manteniendo más regulaciones, sólo el muy preparado podrá trabajar e incentivaremos el desempleo general.
El camino a la estabilidad laboral, pleno empleo, o libertad de cambiar de trabajo rápidamente no es un camino intermedio de lentas desregulaciones ni un juego político entre burócratas sindicatos y patronales, sino abolir totalmente las leyes que castigan la creación de empleo y el desarrollo de la propiedad privada. Medidas como las indemnizaciones, salario mínimo, regularización de las horas extras, bajas, seguridad social, licencias, imposición de convenios o cualquier forma de colectivismo y agresión a la libertad individual sólo favorece a unos pocos a expensas del productor perjudicando a los que buscan empleo (estudiantes, gente que quiere cambiar de trabajo, inmigrantes…). Defender que incautar el dinero e imponer más costes a las empresas por la fuerza nos beneficia a todos, es un sinsentido.
Sin leyes que penalicen la propiedad privada ni el empleo, cualquier tipo de negocio y empresa podrá ser creada al único coste que decida el consumidor; y si nos esforzamos trabajando para él y para nuestro accionista, nuestro éxito estará asegurado. Nuestro éxito laboral sólo nace de nuestro propio esfuerzo y no del trabajo de “los que más tienen”.
Las consecuencias que nos traería la total abolición de las leyes sólo puede generar una explosión de oferta que, desde el punto de vista del empleado, crearía un tipo de mercado laboral desconocido hasta ahora: nuevas especializaciones, más productos y servicios para el consumidor (y mayor empleo por lo tanto), más capacidad productiva, más empresas nacionales y extranjeras donde ir a trabajar, más agilidad a la hora de cambiar de trabajo, gran aumento del trabajo para la gente joven, y como no, cualquier empleado podrá convertirse en empresario bajo su única responsabilidad y sin tener que soportar las amenazas y altos costes que imponen la ley y los sindicatos.
Si queremos mejorar nuestro presente y futuro, y asegurar el de nuestros hijos, sólo hay una solución real: eliminemos todas las leyes y regulaciones contra el trabajo.
