Cuando los políticos confunden a la turba con el pueblo y la convivencia con la sumisión a sus ideas mágicas, solo destruyen.
“Nadie se va a ir de una Cataluña independiente, de hecho, se van a pelear por venir” Artur Mas
Los totalitarios populistas siempre buscan subordinar la economía a los políticos. Y siempre fracasan.
Como explicamos en la CNBC cuando LePen hablaba de las empresas francesas como si fueran suyas, es una soberana estupidez hablar de empresas y nacionalidad en un mundo globalizado. Las empresas españolas y catalanas son empresas globales y se deben a sus accionistas, sus clientes y sus acreedores en los países donde estén.
La reacción a la más que previsible fuga de empresas de Cataluña se ha difundido en los medios como una fuga de una región a otra, cuando lo que es realmente es una fuga de inseguridad a seguridad. De un entorno de falta de seguridad jurídica, respeto a la propiedad y riesgo institucional a otro entorno en el que los pilares básicos para llevar a cabo la actividad empresarial se garanticen.
Cuando las empresas norteamericanas se escapaban a Canadá o Irlanda en los llamados inversión deals escapaban a un entorno de fiscalidad no confiscatoria. Lo mismo ocurre cuando una empresa deja una región que pretende independizarse desde las llamadas -por escrito- a la confiscación, el impago y la asfixia fiscal a mayor gloria de unos políticos que no se juegan nada.
La fuga de la sede corporativa y legal de una empresa de una región o país a otro tiene enormes implicaciones fiscales, en inversión y empleo. La ridiculez que algunos han intentado difundir diciendo que la fuga de la sede no tiene impacto fiscal en la región es completamente falsa, y se desmonta precisamente viendo el esfuerzo que cualquier país o comunidad autónoma lleva a cabo para las empresas se mantengan.
Las empresas, por lo tanto, no dejan Cataluña, las echan los que creen que los agentes económicos son rehenes cautivos sujetos a sus veleidades megalómanas.
Las empresas no dejan Cataluña. Los políticos las echan. Esas empresas seguirán prestando servicios y ofreciendo bienes a sus clientes siempre que los deseen y los consumidores se beneficien. Pero la amenaza -la certidumbre- de secuestrar la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y la responsabilidad crediticia no pueden ser consideradas nada más que extorsión.
Hace muchos años que el empresariado catalán ve cómo el poder político cuenta con sus empresas como barcos a quemar en la consecución del poder absoluto, y lo que pasaba por ser una identidad cultural, un sentimiento de adhesión ha pasado a ser un ataque a los principios básicos de convivencia, de entorno inversor y de reputación corporativa.
La reputación corporativa es esencial. Y que, a empresas globales, independientes y de calidad se les identifique con veleidades totalitarias y liberticidas no solo es desastroso para el empleo y la inversión en la región, sino para ventas y transacciones en todo el mundo. Afecta a la calidad crediticia, a sus accionistas de todo el mundo, a sus acreedores y a la capacidad de financiación. Las empresas no son peones de políticos endiosados portadores de banderas, sean norteamericanas, españolas, francesas o catalanas.
Ninguna empresa o banco catalán se ha ido. Lo han echado los que se han valido de las instituciones para romper las leyes que les apetecía romper y poner encima de la mesa la palabra más peligrosa en el mundo económico “aleatoriedad”.
Cuando un grupo de políticos pone ante los ojos del mundo que decide unilateral y aleatoriamente qué leyes cumple y cuáles no, también nos está diciendo a todos que su credibilidad a futuro es todavía menor que la actual. No es que haya incertidumbre por el riesgo de que ignoren los compromisos actuales, es que hay certidumbre de que lo volverán a hacer, según les convenga, y exponencialmente. Ahora, venga usted y me dice que les va a prestar o invertir en el país o región que gobiernan. Que gobiernan como servicio a los ciudadanos y a las empresas, no haciéndole un favor a esos agentes económicos por dejarles crear riqueza.
Cuando los políticos olvidan su labor de servicio para creerse que empresas y ciudadanos son cajeros automáticos de sus aspiraciones totalitarias, la marea de fugas les recuerda la mentira de su endiosamiento.
Cuando los consumidores de presupuesto usurpan a la sociedad civil tratando a sus ciudadanos como seguidores de una secta, enfrentando a unos con otros, dividiendo para sus tácticas electorales, y promueven el supremacismo y el servilismo para asfixiar a los creadores de riqueza, la única respuesta es fugarse.
La reputación es fruto del esfuerzo
El problema de las fugas de empresas, que se está dando a niveles que ni los más preocupados imaginaban, es que no se para por “llamar al dialogo”. Es que no se revierte con un “ya volverán”. La reputación y credibilidad de una región o país, igual que la de una empresa, se va ganando con enorme esfuerzo de todos, día a día. Y se quiebra en un solo día. Cuando lleguen y nos digan “no, hombre, que era broma, vuelvan”, nadie les cree.
Es una lección que deberemos aprender todos, ojo. Los que reciben la confianza del que escapa y los que tienen las mismas veleidades intervencionistas que los separatistas en el resto de España, el resto de la Unión Europea y el resto del mundo.
Estos días hemos vivido el debate sobre el derecho a la sedición. La verdadera secesión es la que están haciendo empresas y depositantes. Escapar de los que les usarán como cajero automático de sus entelequias supremacistas.
Cuando los políticos confunden a la turba con el pueblo, a los bots con votos y la convivencia con la sumisión a sus ideas mágicas, solo destruyen.
Desafortunadamente, a muchos de esos políticos les es indiferente el destrozo económico que han generado. Porque, parafraseando a Lord Varys de Juego de Tronos “sería capaz de quemar el país con tal de ser el rey de las cenizas”.
