Los agricultores no necesitan que les pongan la zancadilla y luego les ofrezcan la mano para ayudarles.
«400 miles without a word until you smile, 400 miles on fields of fire”. Stuart Adamson.
Las protestas de los agricultores son totalmente justificadas. Los márgenes son ruinosos y la actividad es cada día más complicada.
A los agricultores llevan subiéndoles los costes fijos vía impuestos desde hace años con la excusa de que todos tienen margen menos el gobierno, y ya están al límite. ¿Costes laborales disparados? Un agricultor paga 1.450 euros aproximadamente por un sueldo de 950 euros gracias a la subida brutal de impuestos al trabajo escondida bajo el SMI.
¿Costes de electricidad disparados? El 60% de la factura son impuestos, subvenciones y costes fijos regulados y, por si faltaba poco, un IVA de producto de lujo.
Ante el expolio fiscal que se genera en toda la cadena de valor, el Gobierno ha recurrido –como suelen hacer los gobiernos– al socorrido chivo expiatorio de las cadenas de supermercados. Sin embargo, las cadenas de distribución suponen alrededor de un 7% del mercado mientras que la empresa pública Mercasa controla la compraventa del 65% de las frutas y hortalizas de España.
Aterra pensar que en España estemos acudiendo a la misma táctica del peronismo argentino de demonizar a los creadores de empleo y de valor para mantener intacta una fiscalidad extractiva.
Para entender lo que ocurre en la agricultura debemos analizar el escandallo de costes totales (datos cortesía Coexphal y Asaja). En un kilo de tomates (canal moderno), con un precio de 1,89 euros por kilo, el beneficio total acumulado del detallista, mayorista, transportista, cooperativa y productor es de 0,40 euros por kilo. Ninguna parte de la cadena tiene un margen superior a 0,18 euros, ni mucho menos.
Tomemos el ejemplo del tomate de larga vida (una hectárea). Los costes totales de producción son de unos 52.100 euros. El 26% del coste son salarios, en los que se ha disparado el coste vía aumento de las bases imponibles (impuestos al trabajo). Pues bien, el total de impuestos que paga un invernadero típico es de un 41%.
En la cadena de producción Hacienda ya se ha llevado en impuestos totales el 41% del beneficio y el 19% del precio. Vayamos al resto de la cadena. En transporte, Hacienda también detrae (impuestos totales) un 38% del beneficio y casi un 18% del precio. En distribución y comercialización, Hacienda aumenta su porcentaje de manera muy importante al ser empresas con mayor cantidad de empleados, bienes inmuebles, activos cautivos e impuestos indirectos los impuestos totales llegan al 45%. En agregado, incluido el IVA y los principales impuestos directos e indirectos, Hacienda supone alrededor del 40% del precio del kilo de tomates.
Si analizamos la cadena, el principal beneficiario de la desagregación de la misma es Hacienda, y por mucho. No existe ningún operador en la cadena que tenga márgenes relevantes, y si miramos su coste de capital, menos. No es casualidad que casi la mitad de las empresas en la cadena agroalimentaria estén en pérdidas.
En un kilo de tomates, de los 1,89 euros que pagamos, 40 céntimos máximo son beneficios de los componentes de la cadena y casi el doble son impuestos. El resto son costes de producción, almacenamiento, procesamiento, envasado, transporte y comercialización.
Dado que Mercasa controla un 65% de la compraventa de productos hortofrutícolas ¿se beneficia la empresa pública con altísimos márgenes? No es evidente tampoco en su informe anual, donde muestra un exiguo beneficio de 27,9 millones de euros en las Mercas (participadas por la empresa pública y los ayuntamientos) antes de impuestos de las 23 Unidades Alimentarias.
Tampoco se benefician las cadenas. Lo explicamos la semana pasada: Mercadona pagó, en 2018, 1.575 millones de euros en impuestos, más del doble de su resultado de explotación, con un beneficio neto de 593 millones. El margen bruto antes de impuestos de Mercadona en 2018 fue de 3,4% (cuentas anuales). El sector de la distribución tiene uno de los márgenes más bajos de la cadena agroalimentaria, que oscila entre el 0,5% y el 1,5% (según KPMG). ¿Cómo ganan dinero? Vendiendo mucho volumen, rotando y aumentando la eficiencia.
Nos encontramos ante una cadena de valor donde se evidencia la amenaza de muerte por decenas de cuchillos: lo que al Gobierno le parece “muy poco aumento de impuestos” en muchas cosas es mucho cuando se agrega la carga tributaria en gasóleo, electricidad, salarios, impuestos directos e indirectos.
Si miramos un kilo de tomates español comparado con uno marroquí y uno holandés, la comparación es muy interesante. Holanda vendió en 2019 su producto un 13% más caro que el almeriense, lo cual nos muestra que aunque se subieran los precios al nivel de Holanda no se cubriría la batería de subida de costes de producción por las subidas de impuestos desde 2011. El margen del tomate almeriense fue ligeramente superior al de Holanda aunque muy inferior al marroquí. Sea como sea, estamos hablando de un margen que no llega a 0,5 euros el kilo (Holanda, 0,35 euros el kilo).
Si el agricultor espera que se elimine vía aranceles o imposiciones al producto de menor coste, el Estado se va a encontrar un efecto boomerang y exponencialmente negativo en cuotas de pesca, exportaciones y tratados bilaterales con nuestros socios comerciales.
La realidad del campo es que los márgenes son exiguos en toda la cadena, los impuestos son muy altos y la carga fiscal penaliza la desagregación de una cadena plagada de microempresas asfixiadas a costes fijos. Si los agricultores se unen en cooperativas y empresas, agregan su producción, y se acercan al transporte, distribución y comercialización serán capaces de ser más eficientes, más productivos, negociar mejor y ganar más margen.
Si de verdad defendemos el campo, lo que hay que hacer es lo que ha propuesto la Junta de Andalucía y ha sugerido el Ministerio de Agricultura: reducir la carga fiscal. La propia ministra de Trabajo ha reconocido el impacto de la subida de impuestos al trabajo escondida bajo el SMI al sugerir “ayudas a los agricultores que no puedan pagar el SMI”. Sería mejor no disparar las bases imponibles y dar menos favores.
Los agricultores no necesitan que les pongan la zancadilla y luego les ofrezcan la mano para ayudarles. Lo que necesitan es que no les pongan escollos.
La oportunidad del campo es salir de un modelo de venta de grandes volúmenes a precios muy bajos por la necesidad de colocar mercancía a casi cualquier precio, a desarrollar un modelo competitivo, eficiente, integrado en cadena y a la vez, que atienda a las necesidades de los clientes. Muchos ya lo están haciendo con éxito.
Si el agricultor espera intervenciones de precios, proteccionismo y subvenciones, se va a encontrar una respuesta mayor en sus exportaciones. Si espera favores temporales del mismo sistema fiscal que se lucra de la desagregación de la cadena, se va a encontrar con el mismo problema de hoy dentro de cinco años.
El futuro de la agricultura es muy claro y positivo, pero no se va a alcanzar esperando que volvamos a 1977. Porque, además, en 1977 tenían las mismas quejas y exigencias y lo que no les detraían vía impuestos se lo quitaban en inflación, el impuesto de los pobres, que disparaba sus costes pero no se reflejaba en los precios finales.
