No hay figura más absurda y prescindible en todo nuestro ordenamiento constitucional que la del Defensor del Pueblo. Pero como tan sólo molesta a los que pagamos su mantenimiento por obligación, y no a los políticos, nadie ha propuesto eliminarla en ninguna de las futuras propuestas de reforma de la Constitución. Para poder salir en los periódicos y hacer como que justifica su sueldo, ha decidido proponer una serie de medidas que, pretendiendo ayudar a luchar contra la pornografía infantil, encarecen el uso de Internet y violan el derecho al secreto en las comunicaciones.
La LSSI-CE obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar durante un año los datos de tráfico de sus usuarios, pero al no desarrollarse en reglamento qué datos debían almacenarse la disposición no entró en vigor. El Defensor del Pueblo considera que se queda corta, y que un año es lo mínimo que deberían guardarse. Es posible que la policía no tenga medios para investigar con más rapidez, pero la culpa no es de los internautas si no de quien prefiere invertir nuestros impuestos en brigadas de ayuda a la SGAE. A cambio de más titulares que demonicen el uso de la red, nos veríamos obligados a pagar, además de nuestros impuestos, cantidades mucho mayores por disponer de una conexión a Internet, una cuenta de correo y un alojamiento para nuestra web, debido a los costes de guardar esos datos.
También pretende exigir a los proveedores de servicios de chat que controlen a sus usuarios y vigilen sus actividades; algo parecido a lo que pretende exigir el gobierno, a propuesta del sindicato vertical de editores y autores, a las compañías que ofrecen acceso a Internet para controlar si nos bajamos canciones de Ramoncín. Seguramente muchos de los que ofrecen ese servicio preferirán cerrarlo, incluyendonos seguramente a nosotros mismos, ya que el Defensor del Pueblo no va a pagar el sueldo de nadie para hacer esa vigilancia.
No obstante, lo más grave es que desea que esos datos de tráfico estén a disposición de la policía sin necesidad de autorización judicial previa. Cualquiera policía o guardia civil de, pongamos, Avilés, podría obtener los datos de todas las andanzas por Internet de, por ejemplo, Antonio Rubio y Fernando Múgica, ya que las correrías de Toro y Trashorras no les resultan de tanto interés. Y lo podrían hacer sin ningún problema legal, como si estuviéramos en los tiempos de la estatua ecuestre.
Es frecuente que en los estados dictatoriales haya menos delitos y más seguridad ciudadana. Los medios empleados para la represión política son muy útiles para la represión del delito. En este mismo país hay gente que añora a Franco porque con él "se podía andar tranquilamente por la calle". Enrique Múgica parece hallarse entre ellos, pues está proponiendo una serie de medidas con intención de luchar contra un delito repugnante pero, la verdad, sin demasiada incidencia en España en comparación con otros, a cambio de renunciar a libertades básicas. No me defienda más, por favor.
