Pero a otros nos parece una tremenda tontería que demuestra una vez más la prepotencia de los políticos y que, en realidad, no crea una situación legal muy diferente a la que puede existir dentro de poco en España sin que se hable de derecho y sí se utilice la expresión (algo menos grandilocuente) de "servicio universal".
Por mucho que los poderes de los Estados pretendan que pueden hacerlo, ellos no tienen capacidad de crear derechos, y mucho menos esos que se suelen llamar "fundamentales". A lo sumo tienen capacidad de reconocerlos, puesto que los verdaderos derechos son previos a la acción estatal (que tiende a restringirlos aunque se pretenda lo contrario). Los auténticos derechos son esos que, como la vida, la libertad de expresión o la propiedad, no requieren de una acción estatal para ejercerse. Los restantes, por mucho que se empeñen en ponerles el mismo nombre, son otra cosa.
Para que alguien pueda decir lo que le plazca no es necesario que el Estado se gaste un euro. De hecho lo que cuesta dinero público es, como ocurre en las dictaduras, crear mecanismos que impidan el ejercicio de esa libertad. Sin embargo, llevar un ancho de banda determinado hasta la última casa de un país sí supone un gasto para alguien distinto del que va a disfrutarlo, ya sea el Estado o la compañía privada a la que se le obligue a hacerlo. No estamos, pues, ante un derecho.
Considerar además que la conexión a internet es un derecho fundamental es una estupidez supina. Equivale a pretender que si el Estado no asegura un acceso a la red a determinada velocidad está actuando de forma similar a cuando priva a alguien de libertad sin un proceso judicial adecuado, ejerce la censura o utiliza sus recursos para acabar con la vida de alguien. Eso es, simplemente, tremendo.
Los efectos reales de este nuevo derecho otorgado por el prepotente Gobierno finlandés además no son para tanto. No parece que vaya a regalar las conexiones. Más bien suena a que impondrá a las operadoras la obligación de ofrecer la banda ancha en cualquier lugar del país. No es muy distinto de lo que busca el Ministerio de Industria español. Hasta ahora la telefonía con acceso a internet está incluida dentro del "servicio universal" (tiene que llegar a todos los puntos del país) que Telefónica está obligada a prestar, pero no la banda ancha. Ahora el departamento que dirige Miguel Sebastián pretende introducirla.
El resultado del cambio propuesto por Industria sería el mismo que el del decreto finlandés, pero sin querer ir de creadores de derechos. Por cierto, que en ambos casos hay muchos perjudicados. Llevar la banda ancha a lugares remotos cuesta dinero y eso termina repercutiendo en la factura de todos los consumidores, no sólo en los que deciden vivir en medio de la nada.
