Incrementar por ley el salario mínimo dificulta la contratación de los más desfavorecidos.
El salario mínimo legal de España alcanzó en 2017 la cifra de 707,6 euros mensuales, después de haberse incrementado un 8% con respecto a los niveles de 2016. El Gobierno de Mariano Rajoy, en precampaña electoral permanente, ha prometido ahora elevarlo hasta los 736 euros mensuales para 2018 y dispararlo hasta los 850 euros en 2020.
En su momento, ya tuvimos ocasión de explicar por qué incrementos fuertes del salario mínimo legal pueden terminar perjudicando a los trabajadores menos cualificados, esto es, precisamente a aquellos a los que en teoría se pretende proteger mediante esta legislación. A la postre, un aumento del salario mínimo incrementa el riesgo de paro (o de ralentización de la creación de empleo), de reducción del número de horas trabajadas, de mecanización de tareas o de recorte (inflacionario) de los salarios ‘reales’. Cuanto más se eleve el coste mínimo de la contratación más tiende a desincentivarse la contratación o a buscarse atajos a la misma.
Claro que uno podría plantearse cómo es posible que una cifra tan minúscula —736 euros mensuales o incluso 850 en 2020— puede ocasionar tamaños problemas. ¿Alguien se cree que los empresarios españoles no van a ser capaces de abonar sueldos de 736 euros al mes manteniendo unos márgenes aceptables de rentabilidad? Sucede que hay dos conceptos que deberían ser distinguidos de raíz: por un lado, el coste que soporta un empresario a la hora de contratar a un trabajador; por otro, el salario bruto que finalmente ese trabajador se lleva a casa (incluso antes de que Montoro lo vampirice fiscalmente). Puede que el salario mínimo de 2018 vayan a ser 736 euros mensuales para el trabajador (en realidad, como ahora comprobaremos, algo más), pero, desde luego, el coste mínimo de crear un empleo no serán 736 euros mensuales para el empresario.
Primero, comencemos recordando que el salario mínimo legal se compone de 14 pagas, de modo que el sueldo bruto anual en 2018 no serán 8.832 euros (736 euros mensuales de media), sino 10.304 (858,6 euros mensuales de media). Segundo, el empresario debe hacerse cargo de su parte en lascotizaciones sociales, las cuales equivalen al 29,9% del salario bruto anual: por consiguiente, el coste laboral mínimo después de cotizaciones sociales ya pasa a ser de 13.385 euros por año (1.115 euros mensuales de media).
Tercero, dentro del ordenamiento jurídico español, los trabajadores devengan diversos derechos laborales que conllevan un coste monetario para la empresa. Por un lado, y probablemente el más importante, son las vacaciones pagadas: por cada mes trabajado se devenga el derecho a 2,5 días de vacaciones pagadas (esto es, un sobrecoste mensual del 8,3%). Por otro, por cada año trabajado también se devenga el derecho a 33 días de salario en caso de despido improcedente (asumiendo un riesgo de despido improcedente del 20%, se trata de un sobre coste mensual del 1,8%). Siendo enormemente moderados, podemos aproximar el coste de éstos y otros derechos laborales en el 10% del coste laboral. En tal caso, el coste mínimo de contratar a un trabajador ya no serán 13.385 euros anuales, sino 14.721 (una media de 1.228 euros mensuales).
Este coste mínimo no alcanzaba la cifra de 1.100 euros mensuales en 2016 y, en cambio, superará los 1.400 euros mensuales en 2020. En otras palabras, en apenas una legislatura, el Gobierno del PP habrá disparado coste mínimo de contratación en unos 350 euros mensuales (un 30% en términos nominales y más de un 2% en términos reales).
Además, no olvidemos que este es el coste monetario mínimo para contratar a un trabajador. Sin embargo, cuando un capitalista se lanza a contratar a alguien es porque espera obtener una rentabilidad mínima que le compense la inmovilización de su capital y la asunción de riesgos (esto es algo que los marxistas son incapaces de comprender): si no sabe cómo cosechar ese retorno mínimo, entonces preferirá mantener su capital en líquido (justamente por eso, en finanzas suele denominarse “coste del capital” a esa rentabilidad mínima que exige todo capitalista para emprender una determinada inversión).
A este respecto, imaginemos que los empresarios españoles exigen una rentabilidad mínima del 5% para incrementar su plantilla: siendo así, en 2018 solo contratarán a un trabajador si conocen proyectos que les proporcionen, como poco, unos ingresos cercanos a los 15.500 euros anuales (frente a los 13.750 de 2016 o a los casi 18.000 esperados para 2020). En otras palabras, aquellos inversores que no sepan cómo organizar a sus trabajadores para generar unos ingresos de, al menos, 15.500 euros anuales se abstendrán de contratar debido a la continuada subida del salario mínimo legal.
En definitiva, incrementar por ley el salario mínimo no es necesariamente una fórmula para mejor las condiciones de vida de los más desfavorecidos, sino que puede terminar dificultando su contratación y, por tanto, condenándolos a la exclusión social. Si de verdad queremos aumentar el salario del conjunto de los españoles, necesitamos, en primer lugar, acelerar el ritmo de creación de empleo y, posteriormente, fomentar la inversión y la acumulación de capital empresarial para así elevar la productividad del trabajo. Los atajos intervencionistas solo sirven para que los partidos populistas engorden su base electoral trasladándoles la factura de los platos rotos a aquellos ciudadanos en condiciones de mayor fragilidad social.
