La convergencia fiscal con nuestros vecinos continentales supone que las clases medias tendrán que pagar muchos más impuestos.
Apenas tres días después de las elecciones generales, el Gobierno ha remitido a Bruselas su ‘Actualización del programa de estabilidad 2019-2022‘, donde especifica cómo pretende reconducir nuestro actual déficit público a lo largo de los próximos ejercicios. A cierre de 2018, nuestro desequilibrio entre ingresos y gastos equivalía al 2,5% del PIB (30.000 millones de euros), en tanto en cuanto los primeros ascendían al 38,9% del PIB y los segundos, al 41,3%. El Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a acabar con esa brecha en el año 2022, para lo cual existen dos alternativas: o bien elevar el porcentaje de los ingresos o bien reducir el de los gastos.
Como resulta previsible en un Ejecutivo socialdemócrata, los de Sánchez apuestan esencialmente por la primera de estas opciones: a saber, por elevar la presión fiscal que recae sobre los españoles en lugar de por ajustar a la baja el tamaño del Estado. Más en particular: para el año 2022, el Gobierno se ha marcado como objetivo elevar los ingresos públicos hasta el 40,7% del PIB (y minorar el gasto hasta esa misma ratio), esto es, una recaudación 1,8 puntos de PIB superior a la actual. Dado que, para el año 2022, el PSOE estima que el PIB nominal de España será de 1,39 billones de euros, eso significa que el Ejecutivo confía en recaudar para entonces 567.500 millones de euros (el 40,7% del PIB de ese año): la friolera de 100.000 millones de euros más que en 2018.
¿De dónde saldrán esos 100.000 millones de euros adicionales por año? En su programa de estabilidad, el Gobierno renueva su compromiso con las subidas impositivas que ya intentó aprobar en su fallido proyecto de Presupuestos para 2019 (incluyendo, por cierto, el famoso ‘dieselazo’): pero las mismas apenas proporcionarán una recaudación adicional —de acuerdo con el propio Gobierno— de 5.600 millones de euros (el 0,46% del PIB). ¿Y el resto? Según se nos ha dicho, del crecimiento económico: como el PIB nominal de 2022 será mayor al actual, un mismo porcentaje de ingresos públicos proporcionará una recaudación muy superior a la presente.
Pero ni siquiera así encajan las cuentas. Si a día de hoy recaudamos el 38,9% del PIB y el Ejecutivo adopta nuevas medidas tributarias para aumentar los recursos públicos por un equivalente al 0,46% del PIB, entonces el Estado pasará a acaparar el 39,36% del PIB: 549.000 millones de euros en 2022. Pero para llegar a 567.500 millones de euros faltan 18.500 millones, los cuales no salen ni de la subida impositiva anunciada, ni del crecimiento económico real ni del aumento de los precios.
Cabría pensar, sin embargo, que el crecimiento económico no solo contribuirá a que la recaudación del Estado aumente de manera proporcional a ese crecimiento sino sobreproporcional: es decir, que los ingresos públicos podrían expandirse de una manera más acelerada que el PIB. La principal razón para pensar en que algo así podría suceder se halla en la configuración del IRPF: en la medida en que este exhibe gravámenes progresivos, un aumento de nuestros niveles de renta podría provocar que más contribuyentes saltaran de tramo y, por tanto, que pagaran más impuestos.
Pero ¿es eso lo que tiende a suceder para el conjunto del sistema tributario español? No, la llamada elasticidad de los ingresos tributarios en relación con el crecimiento del PIB se ubica en España en 1,03: es decir, por cada 1% de crecimiento del PIB, nuestra recaudación aumenta un 1,03%. Un efecto absolutamente irrelevante que, para más inri, la AIReF considera que ha mermado en los últimos años (a saber, que los ingresos ya no crecen de manera sobreproporcional al PIB).
Así pues, no cabe prever que el crecimiento se traduzca en aumentos sobreproporcionales de los ingresos que lleven a que su peso dentro del PIB pase automáticamente desde el 39,36% al 40,7%. Y en tal caso, ¿de dónde saldrán esos casi 20.000 millones de euros que faltan para el equilibrio presupuestario? Pues una de dos: o bien no cumpliremos con nuestros compromisos de déficit (y, por tanto, seguiremos endeudando a los españoles) o bien el Gobierno socialista tendrá que subir aún más impuestos en línea con su obsesión —recientemente reiterada— de converger fiscalmente con Europa.
Pero recordemos que la convergencia fiscal con nuestros vecinos continentales supone que las clases medias —sí, las clases medias— tendrán que pagar muchos más impuestos que en la actualidad: dependiendo del país europeo al que queramos imitar, entre 4.000 y 8.000 euros por familia. Es verdad que, atendiendo al programa de estabilidad presentado ante Bruselas, parece que tan hiperbólico rejonazo tributario no va a darse durante la presente legislatura, pero desde luego sí van a darse pasos en esa dirección: casi 20.000 millones de euros extra que saldrán del bolsillo de todos los ciudadanos. Nuevo Gobierno, nuevos impuestos: está en el ADN de la socialdemocracia.
