Después de dos años de creciente gasto público por parte del gobierno federal estadounidense, la llegada al Congreso de numerosos legisladores vinculados al Tea Party supuso un cambio de rumbo en la política fiscal del país norteamericano. Así, en 2011, 2012 y 2013, la Administración Obama se ha visto obligada a reducir el déficit y recortar el gasto público.
Sin embargo, la proximidad de las elecciones legislativas que renovarán numerosos curules del Congreso y del Senado ha motivado un cambio de actitud por parte del Ejecutivo. Con ánimo de fortalecer el discurso del Partido Demócrata, la Presidencia ha publicado una propuesta fiscal que incluye una subida de impuestos valorada en un billón de dólares.
Concretamente, Barack Obama espera que esta presión fiscal adicional quede articulada a lo largo de los próximos diez años. A cambio, plantea un escenario de gasto realmente polémico, pues contempla un aumento de los desembolsos en los dos últimos años de su gobierno (2015 y 2016) y programa después un recorte de gasto que asumiría su sucesor a partir de 2017.
El plan fiscal de Obama también pretende anular algunas de las medidas de austeridad presupuestaria pactadas entre republicanos y demócratas a lo largo de las últimas disputas fiscales. Concretamente, Obama quiere aumentar el presupuesto de sus Ministerios en 56.000 millones de dólares y apenas promete compensar esta medida con un ajuste de 28.000 millones que, además, se compondría en gran parte de subidas impositivas y no recortes de gasto.
Las proyecciones no son realistas
Las críticas a la propuesta de Obama no han tardado en llegar. Analizando los diez años de aplicación del nuevo plan fiscal de la Casa Blanca, la Oficina Presupuestaria del Congreso apunta que la deuda pública crecería hasta el 80% del PIB. Sin embargo, el Ejecutivo plantea un escenario muy diferente, anticipando una caída de las obligaciones del gobierno federal hasta niveles inferiores al 70% del PIB.
Según la propuesta fiscal de Obama, los ingresos federales subirán del 17% al 19% del PIB durante sus últimos años de gobierno. A continuación, el sucesor asumiría un esquema tributario que acabaría llevando estos niveles hasta el 20%. Sin embargo, la Oficina Presupuestaria estima que el fisco no podrá aumentar sus ingresos más allá del 18% del PIB.
La discrepancia también llega cuando analizamos el gasto. Según los estudios de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto crecerá durante el resto de la Presidencia de Obama y seguirá aumentando también en los años que siguen. Así, los desembolsos crecerán de menos del 21% a más del 22% del PIB.
Problemas estructurales
Las disputas fiscales que libran republicanos y demócratas parecen obviar de forma sistemática algunos problemas estructurales de la estructura de ingresos y gastos del Gobierno federal estadounidense. Por ejemplo, el número de estadounidenses que no paga el Impuesto sobre la Renta se ha multiplicado por cinco desde 1970; además, los programas de gasto social consumen hoy el 70% del presupuesto frente al 50% de hace veinticinco años.
Entre los ajustes que reducirían significativa y permanentemente el gasto del gobierno federal, encontramos ejemplos como los tres siguientes:
- Las subvenciones al sector agrícola suponen 22.000 millones de dólares cada año.
- Las duplicidades administrativas, detectadas en 162 diferentes capítulos presupuestarios, tienen un coste de 25.000 millones de dólares por ejercicio.
- El gasto del Ministerio de Defensa que no se dedica a programas y acciones de seguridad incluye año tras año casi 10.000 millones de dólares para supermercados dependientes del Pentágono y cerca de 11.000 millones de dólares en subsidios educativos para hijos de familias militares.
