Once millones de trabajadores españoles son precarios, es decir, están en una situación laboral peor de la que les gustaría. Es decir, once millones de españoles están produciendo menos de lo que querrían porque o están en el paro o sus contratos no cubren sus expectativas. La cuenta la ha hecho Florentino Felgueroso para Nada es gratis e incluye a parados, desanimados (ya no buscan empleo porque no creen que lo encontrarán), subempleados (trabajan a tiempo parcial porque no encuentran nada a tiempo completo) y temporales que están buscando un empleo fijo.
Es una cifra descomunal, que representa aproximadamente el 45% de la fuerza laboral española. En algunas regiones, la situación es dramática. Así, lo que podríamos denominar como tasa de precariedad se acerca al 60% en Andalucía, Canarias o Extremadura.
Las consecuencias de esta situación son muchas y muy graves. Para empezar, tiene un impacto directo en la productividad. Un trabajador que no encuentra empleo o sólo encadena contratos temporales será mucho menos eficiente que uno fijo. Ni la empresa se querrá gastar un euro de más en su formación (para qué, si se va a ir en unos meses), ni sus opciones de crecer dentro de la estructura de la compañía serán muy elevadas (nadie asciende a un empleado temporal), ni los pocos meses que pase en cada puesto le servirán para consolidar una experiencia valiosa en ningún sector. Al final, una larga temporada con contratos temporales se traduce también en sueldos más bajos, una situación que se arrastrará durante toda la vida laboral, incluso cuando se consiga el Santo Grial del contrato indefinido.
De esta manera, lo que se planteó en sus orígenes como una puerta de acceso al mercado laboral (un contrato por unos meses para que la empresa analizase si el trabajador se ajustaba a sus necesidades), se ha convertido en una trampa sin salidas. El número de treintañeros y cuarentones que no han conocido la estabilidad en su carrera laboral se dispara, con las implicaciones para toda su vida, no sólo profesional: ¿quién se atreve a emanciparse con un contrato de seis meses? ¿y a casarse o tener hijos?
Y esta situación tampoco es buena para la empresa. Por un lado, por el asunto de la productividad que hemos comentado. Pero es que además, la dualidad tiene unas implicaciones muy importantes en las decisiones empresariales. En España, lo más habitual cuando vienen mal dadas es aplicar la regla LIFO (last in, first out); es decir, ante cualquier revés en el negocio, los empresarios tienden a deshacerse de los recién llegados temporales, sólo porque su despido es mucho más barato, sin tener en cuenta la calidad de su trabajo en comparación con la de sus compañeros. Vamos, que es normal echar al bueno y quedarse con el malo, con las consecuencias que cualquiera puede imaginar.
De hecho, como explica el profesor Felgueroso, si nos ponemos puristas, la cifra incluso podría ser mayor. Por un lado, tenemos el caso de los falsos autónomos: personas dadas de alta como trabajadores por cuenta propia pero que realizan el 100% de su actividad para una empresa (y lo hacen de forma involuntaria). También está el caso de los falsos fijos, con uno de los nuevos contratos para el fomento de la contratación indefinida, que permiten el despido libre durante un año, y que saben que no renovarán este contrato. Y todo esto por no hablar de los cientos de miles de exiliados por la crisis.
CUADRO 2 CCAA FELGUEROSO
¿Por qué?
Con este planteamiento, la primera pregunta que uno es hace es ¿por qué ocurre algo que no interesa a nadie, ni empresas ni trabajadores? La respuesta está en la legislación laboral española, que establece una enorme diferencia entre fijos y temporales.
Cuando a un empresario le van las cosas bien, lo lógico es que se plantee mejorar las condiciones laborales de sus empleados: bien contratando más para hacer frente a los nuevos pedidos, haciendo fijos a los temporales o subiendo sus salarios para evitar que se vayan a la competencia. Sin embargo, en España existe un freno: el empresario sabe que cualquiera de estas decisiones se volverá en su contra si las cosas salen mal. Por ejemplo, si seis meses después de haber convertido un contrato fijo en temporal se le cae el 10% de la facturación y debe despedir, el coste será mucho más elevado que si hubiera dejado el contrato temporal. Y lo mismo vale para las nuevas contrataciones o las subidas de sueldo. Así, un empresario tiene que estar muy seguro de lo que hace, porque se la juega. En esta crisis, ha habido miles de pymes que han quebrado o que han estado a punto de hacerlo sólo por los costes del despido.
Imaginemos una empresa de 12 trabajadores. Se cae la facturación un 25% debido a la crisis. Lo normal es que tenga que despedir a 3-4 de sus empleados. Pues bien, la indemnización a estos puede ser una carga imposible de asumir para la empresa (no han sido una ni dos las que han tenido que liquidar activos para pagar la indemnización). Y no olvidemos que, además, esta hipotética empresa se encuentra en su peor momento, con un descenso importante de los ingresos. Ante esta eventualidad, el empresario se protege contratando lo mínimo, haciéndolo de forma temporal salvo que no le quede otro remedio y ajustando el salario al máximo, porque con éste se calculará la indemnización.
El resultado final es que el que ya hemos visto. La empresa no crece, su productividad se resiente y sus trabajadores no están contentos y no consolidan una carrera profesional estable. El problema es que las cifras de las últimas EPA muestran que esta tendencia se consolida. La reducción del paro viene en buena medida a través de contratos temporales o a tiempo parcial.
La reforma laboral de 2012 supuso un cambio profundo en la flexibilidad interna de las empresas y en la negociación colectiva, pero en cuanto a la dualidad prácticamente no se avanzó nada, apenas una mínima reducción en los costes del despido, que siguen siendo mucho más bajos para los temporales que para los indefinidos. La semana pasada, el Servicio de Estudios del BBVA lanzó una propuesta de reducción de modalidades de contratación (con un fijo que se usaría por defecto para el 99% de los casos) y mochila austriaca parcial (ocho días por año trabajado). Va en la línea de lo que han propuesto Fedea y otros organismos desde hace años. Las críticas no se hicieron esperar, desde los partidos y los sindicatos de todo signo. A los once millones de precarios nadie les explicará que puede que buena parte de su situación se deba precisamente, a todas esas normas que les dicen que están ahí para protegerles.
