Pablo Casado necesitaría implementar un recorte del gasto superior a 20.000 millones de euros.
El resultado de los comicios del 28 de abril es altamente incierto, pero existe una probabilidad nada desdeñable de que Pablo Casado se convierta en el próximo presidente del Gobierno con el apoyo parlamentario de Ciudadanos y de Vox. En este sentido, una de las promesas más insistentes que ha efectuado el líder de los populares desde que conquistó la presidencia del partido el pasado mes de julio ha sido la de impulsar una “revolución fiscal” en España. Sin ir demasiado lejos, el principal compromiso que asumió Casado en su primera comparecencia tras el anuncio sanchista de convocatoria electoral fue, justamente, el de recortar ‘todos’ los tributos que pesan sobre los españoles: “Lo primero que haremos cuando lleguemos al gobierno va a ser bajar los impuestos, todos los impuestos, y suprimir aquellos de patrimonio, sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados”. Y, más en particular, el presidente del PP ha concretado que piensa colocar el tipo máximo del IRPF por debajo del 40% y sociedades por debajo del 20% (por cierto, si se promete bajar ‘todos’ los impuestos, también habría que recortar como poco IVA y las cotizaciones sociales, algo sobre lo que no ha habido pronunciamiento alguno).
Las palabras de Casado recuerdan lejanamente aquellas promesas electorales de Rajoy donde se comprometía a “no tocar ni el IRPF ni el IVA” y a “bajar cinco puntos el impuesto sobre sociedades” pocos meses antes de apelar a la “herencia recibida” del zapaterismo para proceder a castigar a los españoles con uno de los mayores rejonazos tributarios de su historia. También recuerdan más recientemente la revolución fiscal que prometió Moreno Bonilla a los andaluces apenas unas semanas antes de que se escudara en la herencia recibida del socialismo andaluz para rechazar tocar por el momento los impuestos regionales: promesas flagrantemente incumplidas que han constituido una burla descarnada hacia aquellos que prestaron su apoyo a la formación popular. Y así, la cuestión que inevitablemente uno se formula es si Pablo Casado, llegado el caso, seguirá los mismos pasos de Rajoy y de Moreno Bonilla o, en cambio, demostrará estar hecho de una pasta distinta y, esta vez sí, el PP cumplirá con su palabra de rebajar profundamente los impuestos.
Por supuesto, solo el futuro nos lo dirá, pero se me antoja extremadamente complicado que el PP disminuya los impuestos de inmediato. Recordemos que, con la prórroga de los Presupuestos de Rajoy de 2018 y tras la elevación de las pensiones y del salario de los empleados públicos por parte de Sánchez, el déficit público del presente ejercicio se orienta hacia el 2,4% del PIB, cuando el objetivo convenido con Bruselas es el 1,3%. Eso significa que, si Casado lograra formar Gobierno tras las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, ya habríamos consumido prácticamente la mitad del año y, en consecuencia, acumulado un desequilibrio presupuestario cercano al objetivo de todo 2019.
En ese contexto, resultará enormemente complicado que el líder de los populares baje impuestos tal cual ha prometido. No en vano, tan solo la supresión de actos jurídicos documentados, patrimonio y sucesiones y donaciones ya supondría una pérdida de recaudación de más de 5.500 millones de euros (casi el 0,5% del PIB), mientras que la reducción de sociedades por debajo del 20% y del tipo máximo del IRPF por debajo del 40% acarrearía como poco una merma recaudatoria de otros 6.000 millones de euros. En total, pues, estamos hablando de una pérdida de ingresos para el Estado equivalente al 1% del PIB.
El presidente del PP, Pablo Casado, presenta a los 42 candidatos de la Sierra Norte de Madrid. (EFE)
Por consiguiente, si Pablo Casado quisiera recortar impuestos y a su vez cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, necesitaría implementar un recorte del gasto superior a 20.000 millones de euros (11.000 millones para cuadrar la rebaja impositiva prometida más otros 10.000 millones para corregir la desviación actualmente existente) que, además, debería concentrarse sobre los últimos seis meses de 2019 (es decir, sería un recorte equivalente al 4% del PIB en términos anualizados: mucho más intenso que el aplicado por Rajoy en plena crisis de 2012). Dicho con otras palabras, o Casado cumple con Bruselas o Casado cumple con sus votantes: y si bien puede que la nueva Comisión Europea autorice oficiosamente una cierta desviación de los objetivos de déficit de 2019, se me antoja extremadamente improbable que, encaminándonos hacia un déficit del 2,4% del PIB, Bruselas consienta que se rebajen impuestos por un importe del 1% del PIB (metiéndonos de lleno en el terreno de incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con un déficit superior al 3% del PIB). Y mucho más complicado se me antoja que Casado vaya a aplicar el mayor recorte del gasto jamás presenciado en la historia de nuestro país (sobre todo porque tampoco le hemos escuchado nada remotamente similar a ello).
En suma, todo apunta a que Casado, como ya hicieron Rajoy y Moreno Bonilla, incumplirá —al menos en parte— sus actuales promesas fiscales. Y lo hará no por motivos que resulten del todo imprevisibles a día de hoy, sino por razones perfectamente inteligibles a partir de los datos públicos a los que cualquier español tiene acceso. Todo político lleva en su ADN embaucar a los ciudadanos para alcanzar el poder: me temo que no estamos ante una excepción.
