Los medios de comunicación, mientras, van a lo suyo. Es decir, a los suyos. Camps tiene sus seguidores y sus apoyos, que multiplican las razones por las que el líder popular debería salir con la camisa (y los trajes) inmaculados tras el caso Gürtel. La más sorprendente se la toparon los lectores de ABC el pasado miércoles en su primer editorial. De ser culpable, se le sancionaría con 2.500 euros. Nada, dice el viejo diario, al lado de la "pena de banquillo". Que no se encuentra en los códigos, más que en los del especioso lenguaje político. Culpable o inocente, el deterioro de su imagen pública será su verdadera pena, desproporcionada en comparación con su eventual pena.
Holgaría decir que la "pena de banquillo" es ilusoria si no fuese porque el diario acude, nada menos, que a la autoridad de Beccaría y porque lo incluye, en sus últimas palabras, en el Derecho Penal. Esa "pena" no es más que la opinión que la gente pueda tener del presidente de Valencia. Pero esa opinión pertenece a cada uno de los ciudadanos, y tienen derecho a cambiarla. Pero la posibilidad de que puedan hacerlo ¿es razón suficiente para condenar el proceso? La imagen de nuestros políticos ¿es un bien que debamos proteger? Eso sugiere el diario al decir que las normas "deben ser interpretadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". Y la realidad es que seis de cada diez valencianos le votaría. Siguiendo esa misma lógica de dejar a la justicia con los ojos bien abiertos, se le sacó a Felipe González, con calzador, del banquillo.
Los políticos no sólo no merecen especial protección ante la justicia, sino que ésta debería tener con ellos más celo que con el ciudadano común. Nosotros no podemos manosear en la misma justicia, y para ellos es moneda común. Y es justo que el tráfico de favores en que consiste la política sea visto con malos ojos. La pena de banquillo debería ser generalizada y no limitarse a la sospecha de que las investigaciones de un juez pueden estar bien encaminadas.
