La Gran Sociedad del Presidente Johnson extendió el Estado de Bienestar hasta niveles jamás conocidos, y a base de demandar candidatos para los beneficios públicos, el número de ellos no dejó de crecer.
William Clinton prometió "acabar con el Estado de Bienestar tal como lo conocemos". No ha llegado tan lejos como podría, pero la combinación entre su interés por acabar con el espectáculo de una porción creciente de la sociedad subvenida y alejada del sector productivo y la "revolución conservadora" de Newt Gingrich plantada en el Congreso le hicieron firmar la Ley de la Responsabilidad Personal y la Reconciliación de las Oportunidades del Trabajo (PRWORA, por sus siglas en ingles), de 22 de agosto de 1996. El pasado martes cumplieron, por tanto, diez años.
Esta legislación supuso la mayor reforma del sistema de beneficencia pública en tres décadas. Otorgaba a cada Estado amplia libertad de gestión siempre que al menos la mitad de la ayuda estuviera condicionada a la obtención de un trabajo, y a que pasados cinco años se perdiera el derecho a percibir las ayudas. Desde The New York Times a los institutos de análisis más firmes defensores de las ayudas públicas, en toda la izquierda americana se pronunciaron frases apocalípticas sobre el aumento sin cuento de la pobreza en cuanto se pusiera la ley en marcha. Parecería que al año comenzarían a amontonarse los cadáveres en las aceras de las abarrotadas ciudades estadounidenses. Pero no ha sido así.
De 1996 a 2002, último año para el que contamos con datos, cerca de dos millones y medio de familias, o el 57 por ciento del total, han abandonado el subsidio como forma de vida. Del millón largo de niños que iban a caer en la pobreza de que habló el Urban Institute jamás se supo. Es más, en esos seis años, pese al aumento de la población, descendió el número de menores bajo los umbrales de pobreza en 1,6 millones, una mejora que ha sido más pronunciada entre los niños de familias negras. La incidencia de la pobreza entre las madres solteras dependientes ha caído del 46 al 28,4 por ciento. Es el grupo que más se ha beneficiado por las reformas. El éxito ha sido tan claro que incluso varios de sus primeros críticos se han sumado a quienes aprueban, diez años después, la reforma.
Durante esos años la economía estaba en expansión, y es lógico pensar que la mejora general de las condiciones ayudara a sacar de la dependencia a tantas familias, pero un reciente estudio elaborado por la Heritage Foundation elaborado por Michael J. New revela que el efecto del crecimiento económico no ha sido tan importante como las propias reformas. Y que los Estados que más duros han sido en las condiciones para acceder a las ayudas son los que más han contribuido a reducir la dependencia. Ofrecer dinero a cambio de no estar trabajando jamás fue una idea brillante, aunque su intención fuera ayudar a los desempleados y a los más necesitados.