Y nuestro Gobierno, nuestro nuevo Gobierno, no ha tenido dudas. Démosle ese dinero al sufrido sector audiovisual, a la televisión pública y, en definitiva, a las desfavorecidas televisiones.
Ya se explicó en una columna anterior que la capacidad de innovación de nuestros grandes tycoons de contenidos se limitaba a exigir del Gobierno la supresión de la publicidad en la televisión pública. De esta forma, descuentan estos próceres del libre mercado, tendremos un competidor menos y obtendremos más ingresos del anunciante. En lugar de ver cómo dar un mejor servicio a la audiencia para que no les abandone, es preferible pedir al Ejecutivo que se cargue a un rival.
Y por fin lo han conseguido, parece. Ahora la cuestión pasa a ser cómo mantener el tinglado de la TVE sin los ingresos que le proporciona la publicidad. Para qué plantearse si es necesaria o no la televisión pública, sujeta también a la misma crisis de audiencia que hace mella en el sector. Por supuesto, TVE tiene que mantenerse, y con todos sus trabajadores, que no hagan los sindicatos algún número extraño con las pantallas.
¿De dónde saldrá la pasta, pues? Muy fácil, del sector de telecomunicaciones. Total, proporcionan también servicios audiovisuales. Y además tienen dinero. Porque vete tú a pedirle ahora pasta a los bancos, en mitad de su crisis, o a las eléctricas, recién condenadas a congelar sus precios a determinados colectivos.
Así que dicho y hecho: que las telecos paguen un 0,9% de sus ingresos para el mantenimiento de la tele pública. Planificación central en toda su extensión, completa desatención a los mensajes que da el mercado.
Si los Telefónica, Vodafone, Orange y compañía son capaces de ganar dinero y ser viables, es por la sencilla razón de que proporcionan servicios útiles a los ciudadanos. Y estos, por tanto, están dispuestos a pagar por estos servicios más de lo que cuesta su producción.
Si los Tele 5, Antena 3, Cuatro y TVE están pasándolas canutas por la crisis, es por la sencilla razón de que sus servicios no son tan útiles para los ciudadanos como para que estos estén por la labor de pagarlos al precio que, directa o indirectamente, se los demanda. Estos agentes están utilizando mal los recursos escasos de nuestra economía, pues no consiguen recuperar su valor.
El veredicto de las preferencias de los consumidores es muy nítido: transfiéranse recursos del sector audiovisual al de teleco, porque aquí están más valorados, aquí son más útiles para la sociedad.
¿Qué hace el Gobierno? Tratar de revertir este veredicto y ordenar justo lo contrario: que se muevan recursos a un sector que ya no proporciona utilidad, precisamente a costa del que la proporciona. Evidentemente, el resultado será malo para los ciudadanos.
Por mucho que el Ejecutivo saque dinero de un lado y lo meta en otro, las preferencias de los individuos no cambian. Lo único que se hace es obligarles a convivir con cosas que no necesitan, pero en las que tienen que gastarse recursos que no pueden dedicar a las que sí necesitan.
¿Qué la gente prefiere llamar por su teléfono móvil o navegar por internet a tragarse los contenidos que tienen a bien suministrarnos los medios? Da igual, el Gran Hermano sabe más que nosotros. Y ha decidido que necesitamos más tele y menos telecos: comienza la planificación central de la Sociedad de la Información en España.
