La propuesta tributaria de Podemos implica una expropiación encubierta y progresiva de prácticamente toda la riqueza privada de España.
Podemos ha propuesto establecer un impuesto sobre el patrimonio de entre el 2% y el 3% para aquellos españoles con una riqueza superior al millón de euros (descontando de ella la vivienda habitual). A su entender, a través de semejante figura tributaria —curiosamente extinta en la práctica totalidad de países europeos—, lograríamos recaudar alrededor del 1% del PIB, lo que, para mayor gloria morada, permitiría garantizar unos ingresos mínimos de entre 600 y 1.200 euros mensuales para 10 millones de personas (recordemos que, para Podemos, el parasitismo es preferible a la autosuficiencia). El esfuerzo fiscal parece minúsculo (¿qué más les dará a los ricos pagar un 2% o un 3% anual sobre su enorme patrimonio¿) y los logros redistributivos, mayúsculos (¡acabar con la pobreza en España!): de hecho, la propuesta cuenta con el aval intelectual de Thomas Piketty. ¿Qué podría salir mal? Pues, en esencia, todo.
La capacidad de un contribuyente para hacer frente a su carga tributaria viene determinada fundamentalmente por la renta que genere durante ese ejercicio: si su renta después de consumir supera su carga tributaria, entonces el contribuyente ahorrará (incrementará su patrimonio); si su renta después de consumir es inferior a su carga tributaria, entonces el contribuyente ‘desahorrará’ (deberá liquidar su patrimonio para hacer frente a su factura impositiva). A la postre, en tanto en cuanto el patrimonio no es más que capital acumulado, puede resultar mucho más conveniente expresar los tipos impositivos sobre el patrimonio como tipos impositivos sobre las rentas que genera ese patrimonio, es decir, sobre las rentas del capital.
A este respecto, empecemos recordando cuál es hoy el gravamen sobre las rentas del capital (intereses, dividendos, alquileres o plusvalías): dentro del IRPF, estos son castigados con unos tipos de entre el 21% y el 23%. Se trata de unos gravámenes elevados (el 91% de los trabajadores paga tipos medios inferiores al 21% en el IRPF) que penalizan y desincentivan el ahorro, pero que al menos solo se abonan cuando las rentas del capital son positivas: en caso de que un ahorrador no genere retorno alguno durante un ejercicio fiscal, simplemente no pagará impuestos sobre sus inexistentes rentas del capital. De este modo, el IRPF evita el consumo de riqueza acumulada dentro de la sociedad: si el contribuyente gana, paga una porción de lo que gana; si no gana, no paga nada.
Así las cosas, ¿a qué tipo sobre las rentas del capital equivale un impuesto sobre el patrimonio de entre el 2% y el 3%? En el presente contexto de bajos tipos de interés, puede resultar equivalente a un gravamen de más del 100% sobre las rentas del capital. No en vano, ¿cuál es la tasa media de retorno que puede conseguir regularmente un capitalista sobre su capital? Según el riesgo que asuma, entre el 1% y el 5% (Piketty considera que la rentabilidad media del capital se ubica actualmente por debajo del 4%), de modo que un impuesto sobre el patrimonio del 3% equivaldría a un gravamen sobre las rentas del capital de entre el 60% y el 300%. Por ejemplo, un ciudadano que logre rentabilizar al 2% su patrimonio neto de 10 millones de euros ingresaría unas rentas del capital de 200.000 euros; pero, al soportar un gravamen patrimonial del 3%, deberá pagar a Hacienda 300.000 euros. Es decir, el tipo efectivo sobre sus rentas del capital sería del 150% (y estoy dejando fuera del cómputo el 23% que en todo caso debería pagar en concepto de IRPF), de manera que necesariamente verá devorado parte de su patrimonio (bajará de 10 millones a 9,9 millones durante el primer año). Incluso si lograra una rentabilidad del 5%, el IRPF la reduciría al 3,85%, de manera que la imposición patrimonial del 3% equivaldría a un gravamen del 78%. Todavía peor: si ese patrimonio neto de 10 millones de euros perdiera 100.000 euros (rentabilidad del -1%), aun así tendría que pagar un 3% por impuesto sobre patrimonio, lo que equivaldría a un consumo de capital de 400.000 euros durante ese ejercicio.
En momentos de alta inflación y de altas rentabilidades ‘nominales’, un impuesto sobre el patrimonio moderado (en torno al 1%) no es especialmente distorsionador para la economía. Si la inflación es del 5% y la rentabilidad real es del 3%, eso significa que la rentabilidad nominal del capital es del 8% y, por tanto, que el impuesto sobre el patrimonio equivale a un gravamen sobre las rentas del capital de entre el 10% y el 20% (como el que impone actualmente el IRPF): en tiempos de baja inflación —o incluso de deflación—, en cambio, incluso tipos impositivos reducidos sobre el patrimonio equivalen a tipos elevadísimos sobre las rentas del capital.
En definitiva, la propuesta tributaria de Podemos implica una expropiación encubierta y progresiva de prácticamente toda la riqueza privada de España —salvo la que se halle en forma de viviendas habituales— y, consecuentemente, un fortísimo desincentivo al ahorro y a la inversión dentro de nuestro país. Cualquier economista sabe que para incrementar nuestra renta per cápita y mejorar nuestros estándares de vida necesitamos de mucha más inversión en capital físico, en capital humano y en capital tecnológico: pero, al parecer, Podemos está decidido a aniquilar esa inversión y, por tanto, a empobrecernos a todos.
