La elaboración del nuevo programa económico por parte de Podemos se asienta sobre la base de un diagnóstico que, no por ampliamente extendido, resulta menos erróneo. En concreto, la explicación es la siguiente: el decrecimiento de las rentas salariales a lo largo de las últimas décadas empujó a los trabajadores a endeudarse para poder estabilizar sus niveles de consumo y bienestar; este endeudamiento fue el responsable de la burbuja inmobiliaria que terminó condenando a España a una situación de producción atrofiada y de endeudamiento hipertrofiado; una vez colapsada la burbuja, el gasto interno de España —sustentado precisamente sobre el endeudamiento burbujístico insostenible— se vino abajo, generando millones de parados que han socavado aún más la demanda agregada de la economía; a su vez, los planes de ajuste de los distintos gobiernos, inspirados en un absurdamente germano austericidio, agravaron todavía más esta contracción de la demanda interna.
Llegados aquí, el recetario keynesiano se impone casi por sentido común: si el problema es el colapso de la demanda agregada, toca aumentar salarios para que los trabajadores gasten más, toca fomentar el crédito para que las pymes vuelvan a invertir y toca incrementar el gasto público (con cargo a la deuda o a impuestos sobre unos ricos avariciosos que acaparan el dinero en lugar de ponerlo en circulación). Sucede que, como decíamos, semejante programa económico adquiere su justificación en el mentado diagnóstico inicial y ese diagnóstico inicial es del todo erróneo.
Las rentas salariales no se han reducido
El presupuesto de partida que emplea Podemos yerra: el peso de las rentas salariales dentro del PIB no ha decrecido durante los últimos años. Si las estadísticas oficiales reflejan este descenso de las rentas salariales frente a las rentas del capital es por dos motivos: uno, las rentas del capital incluyen la depreciación del stock agregado de capital, por lo que las sobreexpansiones pasadas de la inversión se traducen en mayores cuotas de depreciación presentes y, por tanto, en mayores rentas brutas del capital presentes; dos, las rentas del capital también incluyen la imputación de rentas inmobiliarias, por lo que un incremento del número de viviendas en propiedad genera un aumento contable de las rentas del capital.
En suma, lo que muestran los datos no es una expansiva pauperización de los trabajadores a manos de los capitalistas, sino el resultado de un boom crediticio dirigido a financiar un incremento de la inversión en bienes de capital y en vivienda. De hecho, los salarios reales medios subieron ligeramente entre 2001 y 2007: según la Encuesta anual de coste laboral, pasaron en términos nominales desde 16.561 euros anuales a 20.246 euros (es decir, pasaron en términos reales desde el equivalente a 20.088 euros a 20.246).
Los salarios no generan deuda ni burbujas
Con independencia de la evolución que hayan seguido los salarios, es menester aclarar que éstos no guardan relación alguna con la formación de una burbuja inmobiliaria. Acaso podría haber tenido algún sentido vincular a los bajos salarios un auge del endeudamiento destinado a estabilizar los niveles de consumo corriente: pero no lo tiene cuando la deuda se destinó predominantemente a la adquisición de vivienda. Y es que una vivienda es un bien de consumo duradero que la inmensa mayoría de ciudadanos necesita comprarse a crédito por mucho que aumenten sus salarios. ¿O acaso si los salarios reales se hubiesen incrementado un 20% al año entre 2001 y 2007 los españoles habrían dejado de hipotecarse (ya sea porque hubiesen dejado de desear viviendas o porque las hubiesen podido comprar sin necesidad de endeudarse)? No, desde luego que no: de hecho, unos salarios más altos muy probablemente habrían alimentado una burbuja inmobiliaria incluso mayor (pues los bancos podrían haber sido aún más espléndidos concediendo crédito).
Asimismo, e incluso asumiendo que los bajos salarios sí indujeran una mayor demanda de crédito por parte de los ciudadanos, si la oferta de crédito hubiese sido todo lo rígida que debería haber sido, esa mayor demanda de crédito no se habría podido materializar en una orgía de endeudamiento barato. Por consiguiente, la causa última de la expansión crediticia cabe hallarla en la endiablada organización de nuestro sistema financiero, en cuya cúspide se encuentra un monopolio estatal llamado banco central.
En cualquier caso, la génesis de nuestro boom crediticio no está vinculado a la evolución de los salarios: éstos no sólo no se redujeron sino que aumentaron ligeramente y, en todo caso, la demanda de vivienda a crédito no guarda relación con el nivel salarial. La causa de nuestro boom crediticio fue la artificial reducción de tipos de interés capitaneada desde 2001 por la Reserva Federal de EEUU y elBanco Central Europeo: fue esa manipulación deliberada de la provisión de crédito la que empujó a familias y empresas a endeudarse y a distorsionar las bases de nuestro tejido productivo.
El hundimiento de la demanda es un hundimiento de la oferta
Atribuir nuestros problemas actuales a una demanda agregada que ha colapsado como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia es otro error. Superficialmente, es verdad: lo que ha sucedido es que el gasto total de la economía ha caído toda vez que la gente ha dejado de endeudarse para adquirir vivienda. Pero es necesario mirar más allá de lo superficial: la demanda total de una economía no es otra cosa que su oferta actual (cuando pagamos al contado) o su oferta futura (cuando pagamos a crédito). Es decir, para demandar algo hoy hemos de ofrecer algo hoy (pago al contado) o mañana (pago a crédito).
La economía española funcionaba hasta 2007 cebando su demanda presente con cargo a su oferta futura: a saber, gastábamos en la actualidad endeudándonos con el exterior y prometiéndole a ese exterior que amortizaríamos la deuda con una abundantísima producción futura. El problema es que cuanto más gastábamos a crédito, más distorsionábamos nuestro modelo productivo (escorándolo hacia el ladrillo burbujístico) y menos capaces íbamos siendo de amortizar nuestra deuda con una producción futura inexistente. De ahí que finalmente el flujo de endeudamiento se interrumpiera y que con esa interrupción del crédito cayera la demanda agregada: pero el flujo de endeudamiento se interrumpió por bueno motivos, esto es, por la propia insostenibilidad de nuestra oferta para amortizar nuestra creciente deuda.
Así, nuestra incapacidad actual para seguir gastando a crédito deriva justamente de que no somos lo suficientemente solventes como para devolverlo: y no somos lo suficientemente solventes porque, a su vez, no somos capaces de fabricar los suficientes bienes y servicios futuros que nos permitan amortizar esa deuda.
La austeridad estatal era necesaria por el exceso de deuda
Por último, atribuir las muy moderadas reducciones del gasto público acaecidas desde 2010 a una irracional política de austeridad teutona es otro remarcable error. Evidentemente, la reducción del gasto público en un contexto de hundimiento del gasto privado a crédito tuvo a corto plazo efectos contractivos: si el Estado se endeuda para gastar, por necesidad generará algo de actividad (cuestión distinta es que esa actividad sea saludable: el gasto publico podría, por ejemplo, haber mantenido la burbuja inmobiliaria un par de años más, retrasando la necesaria destrucción de empleo asociado a su pinchazo, mas nadie habría considerado ese gasto público como saludable). Pero la clave del asunto es que no había alternativa a contraer el gasto público a partir de 2010: el tamaño del Estado de 2010 había sido sufragado hasta entonces merced a un volumen de recaudación tributaria insostenible, fruto del falaz expansionismo económico de la época de la burbuja inmobiliaria. Por fuerza debíamos —y aún debemos— redimensionar el tamaño del sector público para así adaptarlo a una etapa post-burbuja con una recaudación fiscal mucho más moderada.
La imperiosa necesidad de este ajuste fue volviéndose cada vez más acuciante conforme el volumen de deuda pública iba alcanzando cotas cada menos manejables: tan inmanejables que ahora mismo los propios economistas de Podemos reconocen que acaso no quede otro remedio que reestructurar la deuda. Pero si hoy no queda otro remedio que reestructurar la deuda es que ayer nos estábamos endeudando a un ritmo demasiado alto, por lo que no quedaba otro remedio que reducir ese excesivo ritmo de endeudamiento.
Por consiguiente, aun cuando a corto plazo los ajustes del gasto público fueran contractivos, no había alternativa salvo la que finalmente se siguió de manera fraudulenta: obviar los problemas, seguir endeudándonos y, una vez colocados los pasivos a acreedores ingenuos, amenazar con impagarles esa deuda por insostenible.
Del mal diagnóstico a la mala receta
Evidentemente, el mal diagnóstico de nuestros males va parejo a una mala prescripción de soluciones por parte de Podemos: si la causa de los problemas de España no fueron los bajos salarios, incrementar los salarios no será la solución (al contrario, hará que el desempleo se incremente todavía más); si la causa de nuestros problemas no fue el súbito e injustificado parón del crédito, arbitrar políticas que fomenten nuevas rondas de endeudamiento privado no será la solución (al contrario, agravará todavía más la insolvencia relativa de nuestras familias y empresas); si la causa de nuestros problemas no fue la insuficiencia de gasto público sino su exceso, volver a incrementarlo no será la solución: ni incrementarlo con cargo al endeudamiento público (abocaría al sector público a la quiebra) ni incrementarlo con cargo a nuevos impuestos sobre el capital (rapiñaría la materia prima necesaria para amortizar nuestra deuda y para transformar nuestro modelo productivo: el ahorro).
España no necesita políticas de demanda basadas en el sobreendeudamiento y el sobregasto público y privado, sino que requiere de una profunda reestructuración de su oferta acompañado de un desapalancamiento público y privado que refuerce la solvencia del conjunto de la economía. Para favorecer esa reestructuración productiva y ese desapalancamiento necesitamosflexibilidad por el lado de la oferta (incluyendo en materia salarial) y muy sustanciales volúmenes de ahorro —público y privado— que permitan financiar el nuevo modelo productivo y la amortización anticipada de la deuda. Nada de esto —y sí todo lo contrario— nos ofrece Podemos, como tampoco nada de ello nos ofrecieron PP y PSOE: por eso el programa de Podemos está condenado a fracasar estrepitosamente al igual que fracasaron los del PP y PSOE.
