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Por una energía mejor y más barata

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El diputado del PP Guillermo Mariscal declaró en una entrevista este domingo en ABC que las ventajas del proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son las siguientes: introducir competencia en el sector eléctrico, mejorar la penetración de las energías renovables y reducir los costes en Canarias.

La competencia es un proceso que se da en el libre mercado, donde unos compiten con otros tratando de conseguir satisfacer con las mejores calidades y precios de sus productos o servicios a la sociedad. Esta competencia es esencial para que podamos disfrutar de nuestras necesidades de la forma mejor y más barata. Muchas veces el resultado de este proceso es que una única empresa es la que nos suministra los bienes y servicios porque es la que mejor y más barato lo hace. Esto no quiere decir que no exista competencia, pues en un mercado libre siempre existirán otros que puedan entrar a competir por hacerlo mejor.

Esto no pasa con el mercado energético español, al estar totalmente intervenida tanto la generación como la distribución. No se puede decir que aumenta la competencia en un mercado que no es libre. Si acaso podía haber dicho que se abren los privilegios a otras empresas para repartir el pastel energético.

Pero claro, esto es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto es afirmar que el proyecto de ley va a mejorar la penetración de las energías renovables en Canarias. Sin embargo, en el resto de España, entre 2002 y 2011, se multiplicó por cuatro la potencia instalada de este tipo de fuentes energéticas, y esto nos llevó de tener la electricidad más barata de Europa a la más cara. El resultado de este dislate ha sido un país con familias con menor poder adquisitivo, empresas con costes más elevados y menos competitivas y una deuda pública de casi 25.000 millones de euros que ahora tendremos que pagar todos los españoles.

La realidad es que hoy las renovables sólo son un negocio para quienes las instalan, pero no para el conjunto de los ciudadanos. Es cierto que podrían ser menos costosas en las Islas, pero el coste final sería también muy elevado, pues allí donde generalmente son más productivas es en parajes turísticos donde la gente no quiere estar viendo ni molinos de viento ni huertos solares.

Por ello, lo que aparentemente son ventajas no lo son. La solución al problema no pasa ni por dar nuevos privilegios a unos ni por poner nuevos impuestos para compensar los desequilibrios creados por los políticos, sino por liberalizar la producción y la compraventa de electricidad. No hacerlo sería mantener los privilegios a unos pocos en detrimento del conjunto de la sociedad.

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