Las cajas estafaron a miles de personas vendiéndoles precariamente pasivos con los que pretendían socializar sus agujeros financieros.
El Congreso ha despedido la presente legislatura aprobando por amplísima mayoría un dictamen sobre nuestra crisis financiera: se trata del fruto de años de investigaciones parlamentarias que han cristalizado en un texto que pretende sentar cátedra en esta materia. Todos los grupos políticos —salvo Ciudadanos— han votado a favor de semejante informe: es decir, parecería que PP, PSOE y Unidos Podemos han conseguido dejar a un lado sus diferencias ideológicas para consensuar un documento que trasciende los estrechos intereses sectarios de cada partido político y que narraría exquisitamente los acontecimientos que nos condujeron al desastre económico más grave de los últimos 80 años. Pero, en realidad, se trata de justo lo contrario: los mismos partidos políticos (PP, PSOE e IU) que, durante dos décadas, manejaron a su antojo las cajas de ahorros se coaligan ahora para aprobar una declaración institucional en la que se autoexculpan de cualquier responsabilidad.
De entrada, el dictamen ni siquiera niega que las cajas de ahorros estuvieran en manos de los partidos políticos; al contrario, reconoce que, desde la Ley 31/1985, el asalto político a las cajas fue la norma a seguir para la mayoría de entidades: “Es obvio que la normativa reguladora de las cajas de ahorros desde 1985 y en adelante facilitó y estimuló un modelo de gobernanza en el que la presencia e influencia de los poderes públicos o partidarios (especialmente en los niveles autonómicos y locales) era algo generalizado”.
Pero inmediatamente después, y pese a que los políticos estaban al frente de las cajas y a que las cajas fueron, con diferencia, la parte más pútrida de nuestro sistema financiero, los redactores del informe optan por difuminar las responsabilidades de la politización de las cajas. Para ello, recurren a dos estratagemas a cada cual más tramposa.
Primera estratagema: circunscribir toda la responsabilidad por la mala gestión a las decisiones de “personas particulares” sin ninguna conexión especialmente relevante con los partidos políticos que las nombraron. Así, podemos leer: “Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas independientemente de su profesión o filiación (…) lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”.
Vamos, que Rodrigo Rato (vicepresidente del Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (presidente de la Generalitat valenciana con el PP), Miguel Sanz (presidente de Navarra con UPN) o Narcís Serra (vicepresidente del Gobierno con González), por no hablar de decenas de consejeros nombrados a dedo por los distintos grupos políticos (en los que también metió baza Izquierda Unida), fueron meros gestores accidentales sin una vinculación demasiado directa con los partidos políticos en los que militaban, que los colocaron en tales cargos y cuyos intereses representaban en los consejos de gobierno de estas entidades. Del hecho de que algunos de esos nombramientos salieran mal no cabe inferir que ‘per se’ la politización de las cajas sea negativa: “Esta relación no implica que la potestad de determinadas instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí, aunque lo fuera en casos concretos, lo que viene a refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización”.
Segunda estratagema: poner en marcha el ventilador de basura. Sí, las cajas fueron un desastre, pero lo fueron al mismo nivel que los bancos: “Estas malas prácticas se dan de manera generalizada en todo el sector, incluyendo a bancos y cajas de ahorros”. ¿Cómo explicar entonces que ‘todas’ las entidades rescatadas fueran cajas o fusiones de antiguas cajas? De acuerdo con el dictamen, debido a tres diferencias entre bancos y cajas que no guardaban ninguna relación con su grado de politización. Una, los bancos contaban con mayor flexibilidad para captar capital vía diversos tipos de pasivos financieros, lo que les permitió contar con un balance más reforzado; segunda, los cajas se hallaban menos internacionalizadas que los bancos, de modo que su riesgo se concentró excesivamente en España, y tercera, las cajas se habían especializado históricamente en proporcionar crédito a familias y pymes, los dos segmentos que sufrieron sobreproporcionalmente más la crisis financiera y que, en consecuencia, impagaron en mayor medida sus deudas. Dicho de otro modo: ¡el problema de las cajas fue que no emitieron suficientes pasivos tóxicos, que no trataron de conquistar las Américas y que no penetraron en nichos del mercado sobre los que todavía tenían una menor experiencia que aquel que las condujo a la quiebra!
El dictamen llega a tal diagnóstico, para más inri, después de constatar que las cajas estafaron a miles de ciudadanos vendiéndoles precariamente pasivos con los que pretendían socializar sus enormes agujeros financieros o de denunciar que parte de la mala praxis de estas entidades se debió a que —tras su liberalización parcial a partir de 1985—comenzaron a expandirse fuera de su estricto ámbito regional y a que se dedicaron a actividades económicas alejadas de su objeto fundacional. Vamos, que vender participaciones preferentes estuvo mal, pero si hubieran colocado acciones (como las de Bankia) para tapar su agujero financiero de 60.000 millones de euros habría sido un gran avance; expandirse fuera de su provincia de origen sumió a las cajas en una alocada carrera por los beneficios cortoplacistas, pero expandirse por América o Europa habría supuesto su tabla de salvación; maximizar el crédito a sus clientes tradicionales para maximizar ganancias les hizo perder la cabeza, pero proporcionar todavía más financiación a clientes no tradicionales las habría catapultado al éxito.
PP, PSOE y Unidos Podemos han perpetrado una grotesca tergiversación de la (des)memoria histórica con un único propósito: blanquear su responsabilidad en un desastre que sumió España en la mayor crisis económica de su historia reciente.
