Puede que Juan Manuel Moreno Bonilla se inventara su currículum, pero desde luego no se ha inventado los valores estatistas sobre los que descansa el ideario del PP. Con su reciente propuesta populista de implantar una renta básica en Andalucía tan sólo ha puesto de manifiesto cuáles son los auténticos principios en torno a los que históricamente se ha construido el PP: una mezcla liberticida de falangismo, de democracia-cristiana y de socialdemocracia.
A la postre, el desnortado proyecto de renta básica entronca perfectamente con la visión estatista de las relaciones sociales que profesa el PP: altos impuestos y asfixiantes regulaciones que pauperizan a una parte creciente de la población con el propósito de que el Estado acuda a su rescate tejiendo redes redistributivas y clientelares.
No tienen más que fijarse en los tres argumentos que han blandido los populares andaluces para justificar su ocurrencia: 36% de paro; 67% de paro juvenil; 3,5 millones de personas en situación de pobreza. Eso es la renta básica impulsada por Moreno Bonilla: el reclamo electoral de un PP andaluz que claudica ante la devastación económica impuesta por sus pares socialistas y que opta directamente por el subsidio generalizado como señuelo para comprar votos.
Hubo un tiempo en el que, contrariamente, el PP aseveraba que la mejor política social era la creación de empleo: es decir, permitir que la gente saliera adelante por sus propios medios sin verse ni parasitada ni subsidiada por los políticos. Lo más probable es que el PP jamás creyera sinceramente en tales palabras, pero al menos blasonaba un discurso que en el fondo era acertado. Hoy no: el PP de Rajoy, el de Montoro o el de Moreno Bonilla promueve una fiscalidad confiscatoria, una hiperregulación sojuzgadora y, a su vez, una subsidiación general de la pobreza que ellos mismos generan y consolidan. Aunque pudiera parecerlo, no hay esquizofrenia alguna en ello: un Estado que te quita con una mano y te da con la otra se convierte en un ente indispensable para sobrevivir, esto es, en un ente al que hay que reverenciar y rendir pleitesía.
Andalucía es, justamente, el mejor ejemplo de por qué décadas de transferencias coactivas de renta desde el resto de España y Europa para, supuestamente, promover el desarrollo y la prosperidad no han funcionado. El crecimiento desorbitado de la administración, de la función pública, de las faraónicas obras innecesarias y de los subsidios redistributivos, combinado con miles de regulaciones que maniatan el desarrollo del tejido empresarial, sólo han conseguido abocar a la región al 36% de paro, al 67% de paro juvenil y a los 3,5 millones de personas en situación de pobreza.
Este flagrante empobrecimiento de la estructura social y económica de Andalucía no se debe a su defecto de intervencionismo estatal sino a su marcado exceso. ¿Y qué propone el PP andaluz como alternativa? Darle una nueva vuelta de tuerca tal a ese intervencionismo estatal que deje como moderados a la coalición gobernante de PSOE e IU: en concreto, subsidiar todavía más a los ciudadanos mientras se mantienen —o incrementan— todos los obstáculos regulatorios o fiscales que les impiden a esos mismos ciudadanos prosperar autónomamente.
Los españoles no somos incapaces de generar riqueza para el resto de españoles o para el resto del mundo: somos incapaces de generarla dentro del abusivo marco regulatorio y fiscal que nos imponen los mismos políticos que luego tratan de comprar nuestras voluntades devolviéndonos unas migajas del dinero que previamente nos han arrebatado. No necesitamos un Estado que nos coloque menesterosamente de rodillas ante una casta, o ante una neocasta, que practique la beneficencia a nuestra costa. Necesitamos un Estado que no nos impida levantarnos y prosperar, tal como se levantan y prosperan cada mañana los suizos, los australianos, los neozelandeses, los hongkoneses, los taiwaneses, los singapurenses o los surcoreanos: sociedades inmensamente prósperas y con pleno empleo para su ciudadanía, a pesar de que hace 35 años muchas de ellas exhibían una renta per cápita similar a la española o incluso sustancialmente inferior. ¿La clave? Imperio de la ley, impuestos bajos, burocracias moderadas y respeto a la libre empresa. Ninguno de los partidos españoles con representación parlamentaria defiende tal camino hacia el bienestar común: tampoco, por supuesto, el Partido Popular.
Al final, es verdad que la emergencia de Podemos en el panorama político español ha tenido el efecto perverso de desplazar el debate político hacia el estatismo. Pero también ha tenido la regeneradora virtud de mostrarnos sin camuflajes la verdadera cara y las verdaderas ideas del Partido Populista gobernante. La renta básica de Moreno Bonilla en un contexto de altísima fiscalidad y omnipresentes regulaciones no constituye una excentricidad programática dentro del Partido Popular, sino el desarrollo lógico y consecuente de sus principios antiliberales: abajo la riqueza autónoma, arriba la pobreza subsidiada. Sí, PPodemos.
