Como en tantas otras ocasiones, el Gobierno no falla y ha subido los impuestos.
Oh sorpresa, de nuevo es la recaudación el pilar fundamental del Gobierno en materia presupuestaria. Desde que así lo dejara claro en los primeros Consejos de Ministros cuando aprobó las grandes subidas fiscales durante la crisis, lo que los años posteriores ha evidenciado es otra táctica de mayor calado del actual Gobierno: utilizar el déficit público para estar en una constante situación de necesidad de financiación por parte del Estado que excuse su continuo rearme fiscal.
El objetivo de establecer un estado de enorme presión fiscal provoca que cuando se presentan los presupuestos no se espere a que se bajen los impuestos, que siguen siendo mucho más elevados que antes de la crisis, ¡sino saber qué impuestos se subirán!
Y así ha sido. Como en tantas otras ocasiones, el Gobierno no falla en esta materia y también ha subido los impuestos, no sólo a los autónomos elevándoles de nuevo la base de cotización un 3% sino también, y esto ha pasado más desapercibido, la disminución de los beneficios fiscales, especialmente a las empresas, en una nada despreciable cifra de 2.631 millones de euros (casi el 18% del incremento de recaudación que espera obtener el Ministro Montoro en el 2017). Se ha presupuestado que en el IRPF dejarán de aplicarse un 6,2% de reducciones, como por ejemplo, las aplicadas por tributación conjunta, al rendimiento del trabajo, al arrendamiento de viviendas, al arrendamiento por vivienda habitual. Para el caso de las maltratadas empresas por el Impuesto sobre Sociedades, dejarán de aplicarse un 44.6% de los beneficios fiscales que se aplicaron en 2016, en medidas que antaño fueron vendidas por Montoro como beneficiosas para las pymes y que trataban de compensar las subidas fiscales que les asestó en tiempos pretéritos: por ejemplo, la reserva de capitalización o de nivelación, o los tipos reducidos de gravamen. Uno puede decir que las circunstancias de cada contribuyente hace que no puedan aplicarse estos beneficios fiscales pero, entonces, de qué sirven. No aplicar estas medidas, ser inefectivas, es lo mismo que haberles subidos los impuestos a los afectados. Y son 2.631 millones de euros.
Y es en estas subidas fiscales por la puerta de atrás, en los entresijos del laberíntico sistema tributario español, en lo que se asentará el Gobierno para justificar ese sorprendente incremento de la recaudación en 2017. Y también en la inflación. Dado que se recauda en términos nominales, si la inflación infla las variables gravables, más impuestos se recaudarán. Lo que ocurre es que a eso se le llama doble imposición: girar un impuesto sobre otro impuesto, pues eso es la inflación. En 2016, por ejemplo, gran parte del incremento de las bases imponibles del IVA se debieron al incremento de precios.
Otro artificio del que se aprovechará el Gobierno para incrementar la recaudación casi un 8% más que el año anterior pero con un crecimiento económico menor, será la manipulación de los grandes precios de la economía que, parece mentira, todavía en el siglo XXI dependen de las decisiones del Gobierno. Por ejemplo, no es extraño que el ministro de Guindos afirmara que los salarios debían volver a su nivel pre crisis, o que organizaciones como la CEOE empiecen a hablar de que apoyarían una subida salarial de casi el 2%. El Gobierno no sólo prevé que los salarios suban durante este año, sino que hará lo posible para que así sea porque esto supondrá un incremento de las bases imponibles en concepto de IRPF, por ejemplo. Da igual que esta subida artificial, agregada y no ligada a la productividad entorpezca la creación de empleo y dificulte colocar a los millones de parados que todavía hoy están fuera del mercado laboral. Si el ritmo de creación de empleo sigue siendo bueno en términos políticos, como parece que lo será, da igual que no sea más rápido. Las pensiones son otro de los grandes agregados que dependen de la voluntad del Gobierno. Su subida también ayudará a nutrir la enorme recaudación que espera el Ministro.
Otro de los pilares del diseño presupuestario de Mariano Rajoy es el IVA. Y no, no es que hayan subido los tipos de este impuesto. Aprovechando que el consumo gravable de los hogares se mantiene a buen ritmo (+4.5% en 2016) y también el gasto en vivienda nueva (+7.3% en 2016 frente al -1.9% de 2015), el Gobierno ha dado otra vuelta de tuerca, de nuevo en esa estrategia torticera de asentar un complejo sistema fiscal cada vez más asfixiante, para endurecer las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias. Las nuevas limitaciones, en vigor desde el 1 de enero, supondrán 1.300 millones de euros. En los primeros meses ya se han recaudado 459 por los menores aplazamiento del IVA del cuarto trimestre de 2016 (que se ingresa en enero de 2017).
Y es que, la tendencia no es sólo a que no faciliten, vía aplazamiento, el pago de impuestos cada vez más elevados, sino la de apuntalar otra de las características que estos presupuestos apuntala un poquito más: la deriva hacia la succión impositiva de manera anticipada, es decir, a través de retenciones. De hecho, gran parte de la mayor recaudación que espera conseguir el Gobierno procederá de los pagos anticipados de las empresas, de las retenciones de los trabajadores o de nuevas retenciones creadas, como la nueva retención sobre la transmisión de derechos de suscripción de valores cotizados, vigente desde el 1 de enero.
En definitiva, un sistema fiscal que el Gobierno ha ido modelando basado en masacrar a las empresas, con el consiguiente perjuicio sobre la inversión, que es creadora de empleo y riqueza y que marca la velocidad del cambio de nuestro modelo productivo que absorberá a más desempleados. Unos trabajadores que con menor inversión serán menos productivos pero a los que, sin embargo, se les acribilla con un elevado IRPF lleno de unos tipos efectivos de retención más elevadas y con menores beneficios fiscales, que terminarán de pasar por la taquilla del Fisco cuando acudan a consumir soportando la inflación y el IVA. Es decir, unos presupuestos muy bien hechos para seguir alimentando a la bestia fiscal.
