Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, presentó su "Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte" asignándole un coste, en 15 años, cercano al cuarto de billón de euros.
El proyecto costará a cada familia española, tanto sean o no usuarios del "Plan Estratégico", casi 22.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 1.450 euros anuales (muchos jóvenes tardan varios meses en conseguir ese capital). En lugar que el estado nos confisque el dinero por medio de la extorsión (o pagas impuestos o vas a la cárcel), ¿por qué no convertir todas las inversiones públicas y forzosas en inversiones privadas y voluntarias? Es decir, pague si quiere.
La pregunta es: ¿a qué quiere destinar el dinero que consigue trabajando? ¿A usted y a su familia, o a los vividores que se aprovechan de usted? En un sistema privado y voluntario usted sólo pagará lo que usa y valora. Las empresas privadas son mucho más eficientes que el estado. El ahorro de la privatización lo podrá destinar a una mejor educación para sus hijos, vacaciones más lujosas, mayores inversiones en productos financieros para su futuro, etc. Su dinero no se malgastará en financiar a esos que no aportan nada, ni contribuirá a los inflados gastos de administración del gobierno, chanchullos de los políticos, favores de éstos a las grandes empresas, impuestos varios, etc.
Pero tal vez usted crea que sin la "coordinación estatal" las cosas importantes, como las obras públicas, no se harían. Precisamente porque son importantes (lucrativas) las empresas privadas estarán encantadas de ofrecerlo al mejor precio. Si eliminamos los estorbos a la iniciativa y creatividad empresarial como las licencias, trámites legales, mantenimiento de los funcionarios, e incluso eliminamos el mismo ministerio de Fomento y sus numerosas y obsoletas ramificaciones, la competencia privada surgirá inevitablemente ofreciéndole un servicio más barato y de mayor calidad.
Si permitimos que las "obras públicas" sean totalmente privadas la seguridad aumentará de forma inevitable. Si cada carretera, por ejemplo, es de una o varias empresas, en el caso que se causen daños o accidentes podremos recurrir legalmente contra la empresa propietaria. Con esta garantía toda empresa se asegurará tener la tasa de accidentes más baja del mercado y la competencia creará sistemas más seguros para desbancar a su rival. Hoy día es imposible llegar a esta seguridad voluntaria. La única solución del estado son más leyes y más funcionarios que nos obligan a acatar normas que nosotros no hemos elegido. La privatización también es una garantía para todos. Si una persona ebria, por ejemplo, causa un accidente en la carretera de una empresa privada ésta puede denunciar al autor del accidente o a su seguro por daños a la propiedad privada. Las leyes del estado no sirven para protegernos, sino para controlarnos y sacarnos el dinero.
Si convertimos las "obras públicas" en privadas el mercado también nos brindará precios y servicios variados según el uso que queramos hacer. Igualmente, al no existir trámites impuestos por el gobierno toda clase de hoteles, gasolineras, restaurantes, áreas de servicio, etc. brotarán según las necesidades de la demanda.
Hace tiempo que el libre mercado ha llegado a ese grado donde puede ofrecer todas las "cosas importantes". Precisamente por eso usted disfruta de bienes no primordiales, como coches, varios vestidos, televisor, un DVD, un teléfono móvil, ordenador, etc. En un sistema de libre mercado podemos destinar nuestro dinero a aquello que realmente valoramos y nadie nos lo puede incautar para dárselo a aquellos que viven a expensas de los demás.
