Pero todo esto sólo funciona, claro, cuando la sociedad no se inventa "derechos" y "libertades" que bien poco tienen de tales y cuyo objetivo es simplemente coartar las verdaderamente esenciales, como la de expresión. Eso es lo que acaba de suceder, cómo no, en nuestra vecina Francia, esa supuesta patria de los derechos humanos que en la práctica funciona como una dictadura de burócratas graduados en la Escuela Nacional de Administración y de sindicalistas, como demostrara Philippe Nemo.
A finales de enero nació una página web llamada Note2be, en la que los usuarios podían puntuar a sus profesores y hablar sobre ellos en un foro. Fíjense qué cosa más sencilla y más tonta. Sin embargo, los sindicatos no podían tolerar que quedaran expuestas a la luz las vergüenzas de sus miembros, así que han planteado y ganado una batalla legal para evitarlo. El juez les ha dado la razón con el peregrino argumento de que "el ejercicio de la libertad de información y expresión tiene como límite que no se atente contra las libertades docentes". Es decir, nos inventamos un engendro denominado "libertades docentes", que supongo que significa que nadie tiene derecho a fiscalizar si el dinero público que cobran los profesores está bien empleado o si habría que darles una patada en el culo, y ese engendro nos sirve para prohibir la libertad de expresión. Pues eso, y no otra cosa, es poder puntuar a los profesores y discutir sobre ellos. Libertad de expresión, pura y simple.
Al ministro de Educación le parece muy bien que se anteponga "la vida privada" a la libertad de expresión. El problema es que el desempeño profesional de alguien es cualquier cosa menos vida privada, sobre todo si ese alguien resulta ser funcionario público, al que pagan a la fuerza todos los franceses. Si no puede existir libertad sin responsabilidad, los profesores no pueden tener la libertad de impartir la clase como les dé la gana sin enfrentarse a las consecuencias si lo hacen mal. Dado que Francia es un país aún más esclerotizado que España, entre esas consecuencias no estará, desgraciadamente, la posibilidad de ser despedido. Pero debería estar al menos la de ser criticado por quienes lo sufren.
Sin duda, un sitio web donde se permite el anonimato a la hora de censurar a los profesores es proclive a ciertos abusos. Pero son esos abusos los que, en un momento dado, pueden perseguirse, no el derecho a exponer una opinión sobre el desempeño profesional de un docente. El juez, sin embargo, no lo ha visto así, convirtiéndose de esta manera en una pieza más del engranaje que hace de Francia, y de buena parte de Europa, un lugar donde hablar de derechos humanos es hablar de los privilegios que unos grupos de presión han logrado a costa de los demás ciudadanos.
