El presupuesto de la ley es que hay una violencia estructural contra las mujeres.
Vox impuso como primera condición para ofrecer su voto a Juan Manuel Moreno Bonilla para presidir la Junta de Andalucía la eliminación de la Ley Andaluza de Violencia de Género, así llamada. Esta postura provocó una polémica, vamos a llamarlo así. De modo que creo necesario entender qué dice la ley, qué presupuestos tiene, cuáles son sus objetivos, cómo define la violencia, qué medios dispone y demás.
El presupuesto de la ley es que hay una violencia estructural contra las mujeres. Una relación de fuerzas sociales, que supera a los individuos, y los coloca como partes de un engranaje que no controlan, y del cual hacen la función de víctimas o de agresores. Por eso la ley habla de “la necesidad de profundizar en las causas estructurales de la violencia y en quienes la ejercen”.
Este planteamiento parece contradictorio en principio. Adolece del mismo fallo moral que plantea el marxismo, y que es el modelo teórico que se traslada aquí a las relaciones entre hombres y mujeres. Si los empresarios son explotadores, es porque el sistema les fuerza a serlo. De modo que individualmente no tiene lógica cargar contra ellos, pues sólo son piezas de una maquinaria que les constriñe no menos que a los trabajadores. Aquí ocurre lo mismo. Los hombres, todos los hombres, son agentes de una estructura social machista. Son culpables todos, pero en buena lógica son también agentes de un proceso social que les viene dado, de modo que ¿cabe achacarles la culpa?
La ley no va tan lejos, pero el presupuesto de todo ello es que la cultura es machista porque es obra de los hombres; de modo que sí son culpables. Así, la violencia machista es “una manifestación extrema de las desigualdades de género” y es a su vez “consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”.
De nuevo reaparece el viejo esquema intelectual marxista, de raíces religiosas en las que no me voy a detener, que igual vale para explicar la plusvalía que para explicar la violencia de algunos hombres sobre algunas mujeres. Sólo que el marxismo tenía una base materialista (económica), y el nuevo feminismo pretende que todo fenómeno es puramente cultural, pero no puede explicar por qué hay una diferencia entre hombres y mujeres sin retrotraerse a la biología. Pero esto nos lleva más allá de la propia ley. Volvamos a ella.
¿De dónde vienen estas ideas y cómo han aterrizado en la Comunidad Autónoma de Andalucía? En la exposición de motivos nos lo dicen sin reparo: El “movimiento feminista global”. No el “movimiento feminista”, lo cual daría la impresión de referirse a un acervo de ideas, sino que se refiere a algo concreto, a un movimiento específico, de ámbito global. Y en especial se refieren a la Conferencia de Pekín de 1995 y al Convenio de Estambul de 2011. Lo han leído bien: a la capital de un régimen comunista seis años después de la matanza de Tiananmen, y a la capital de un país musulmán y cuyo primer ministro entonces, y presidente ahora, quiere convertir al país en un califato. Dos buenos pilares para el movimiento feminista actual.
Si es la estructura social la que sustenta la violencia, y no las acciones individuales, ocurren dos cosas. Una, que esa violencia se manifestará en todos los ámbitos de la vida. Y dos, que no es necesario que los hombres actúen con violencia para que lo sean.
La Ley extiende el concepto de violencia en cuatro ámbitos: La física, la sexual (que distingue de la anterior), la psicológica y la económica. De modo que, por esa vía, la ley se extiende prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad. Especialmente porque lo que define como “violencia” no se limita a la violencia, estrictamente hablando, sino a actos muy diversos.
Por ejemplo, define como violencia el acoso sexual, que incluye “comportamientos de tipo verbal”. O “la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Se entiende que uno de ellos es el aborto (aquí no hay distinción de sexo respecto del nonato), de modo que si un padre le dice a la madre que quiere que su hijo viva, pero ella quiere abortar podría estar incurriendo en violencia de género. Lo mismo ocurre si él quiere que ella aborte y ella no, pues en tal caso atentaría contra su “derecho a ejercer la maternidad”. La violencia alcanza también a lo que dicen los medios de comunicación o por las redes sociales simplemente expresando una opinión (Artículo 3.4). O a “la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima”.
Otra vía por la que la ley extiende su ámbito de actuación a toda la sociedad, además de extender el concepto de violencia hasta las decisiones económicas o la expresión de ideas, es que la calidad de víctima se desparrama desde la mujer hacia sus hijos (el padre parece no tener aquí ninguna relación con sus hijos), o las personas a su cargo.
De este modo, lo que en principio es una ley orientada a atender un aspecto de la violencia, un fenómeno que está ínsito en la naturaleza humana y que se manifiesta en distintos ámbitos de la interacción humana. Es un aspecto específico, pero la ley lo convierte, lo repito aquí, en “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. Y así, la violencia es una puerta de entrada para la transformación de toda la sociedad. La propia ley dice que la Junta de Andalucía “removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, a cuyos efectos adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias”. Hará todo lo necesario para imponer su visión, sin reconocer que tiene un freno en los derechos de la persona. Es una ley totalitaria de cabo a rabo.
Lo llamamos “ley”, la materia que trata es penal, pero no es ni una cosa ni otra. La norma dice: “Se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica”. De modo que la norma saca a agresores y víctimas del sistema judicial. No cabe la denuncia, su admisión en un juzgado, la investigación de los hechos, y el paso por un juicio contradictorio en aplicación de unas normas iguales para todos. No. Es una cuestión política, de transformación social, y el derecho no tiene nada que ver con este asunto. Así es como la Junta de Andalucía sigue las indicaciones del “movimiento feminista global”.
A partir de aquí, la ley hace lo que puede para cumplir con lo que se espera de una norma totalitaria. Por supuesto, prevé el control de los medios de comunicación, públicos y privados. La Junta ya cuenta con la verdad revelada, y los medios lo único que tienen que hacer es adaptarla. Deberán, por tanto, “presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias. Promover el rechazo social a la figura del agresor y la detección y prevención de micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, señalando sus responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad. Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como referentes de lucha por los derechos y las libertades. Visibilizar toda clase de violencia de género”. Por cierto, que “la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres” quiere decir que la mujer es el sexo débil, vaya eso por lo de acabar con los tópicos.
Y por descontado también prevé actuar en las aulas. Habrá una formación continua a los profesores en los principios de la ley, y también: “La Administración educativa incluirá una formación específica, para padres y madres” (para padres y madres) “o las personas que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores” (personas menores), “en materia de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas” (herramientas metodológicas) “de actuación ante la violencia de género”.
El lector habrá adivinado que todo ello no es suficiente. Es necesario que la Junta cree un ejército que le ayude nada menos que a transformar la sociedad; una red de asociaciones que le den contenido a la norma, que se postulen como representantes(as) de todas las mujeres, y que por esa vía amplíen la voz del Partido Socialista hacia el voto de las mujeres y de los aliados. En definitiva, tiene que regar de dinero público a una miríada de asociaciones para tener una defensa de la ley en la propia sociedad. El presupuesto asegura que se aferrarán a ella como percebes, y protestarán ante cualquier intento de cortarles el grifo como un Rubén Sánchez (Facua).
Por ello, la norma prevé un intrincado complejo de actuaciones, que exigen la creación de una rehala de asociaciones feministas. De este modo alienta el “fomento de las investigaciones”, una actitud científico-lúdica en la que las conclusiones están dadas de antemano, y el dinero también. Se crea un Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, un panopticón para la rehala y para el resto de la sociedad. Se fomentan también todo tipo de actividades culturales en las que la cultura es menos importante que el mensaje. Habrá programas de “reeducación social” para los hombres, que comprenderán “tratamiento psicológico, mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos aconsejables”. Por descontado, todos los programas también de reeducación de los funcionarios, personas menores, padres y madres exigen sus asociaciones de formadoras. Y todo ello, para no perder el regusto soviético, dentro de un plan quinquenal (Artículo 8).
Por eso el Instituto Andaluz de la Mujer reparte 43 millones de euros entre más de 2.300 entidades, y sólo el 3 por ciento de ese enorme presupuesto va destinado a las mujeres que son verdaderas víctimas de la violencia doméstica. Esta ley nunca fue por ellas.
