Alrededor de ocho millones de empleados, que no cuentan con cláusulas de revisión de sueldos, han perdido una buena parte de su poder adquisitivo en 2005. Pero también lo han perdido muchos de los que tienen cláusulas y muchos españoles que no son empleados. Autónomos, jubilados, gente que vive de rentas fijas han sido expoliados una vez más. Está claro que el común de los españoles somos víctimas de este proceso pero, ¿cuál es la causa?
En un momento en el que la mayoría de la población española ha decidido reducir el ahorro y aumentar el consumo, la clase política (nacional y europea) ha mantenido artificialmente bajos los tipos de interés permitiendo una expansión astronómica del crédito. La bajada artificial de los tipos de interés hace que parezca como si la gente estuviese liberando recursos, es decir, aumentando el ahorro, para que sean transformados en bienes futuros por parte de los empresarios. Así, las empresas han interpretado que era el momento de invertir recursos para momentos futuros mientras que los consumidores están consumiendo más que nunca. Y lo que consumen no es otra cosa que esos recursos con los que las empresas creen contar. Esa descoordinación intertemporal, esa lucha por los recursos escasos motivada por el aumento artificial del crédito hace que los precios aumenten al paso que el dinero pierde poder adquisitivo.
Se trata de un cóctel molotov económico cuyos ingredientes principales son, como digo, una elevada expansión crediticia en un momento de baja tasa de ahorro. En efecto, el ahorro privado ha caído en nuestro país en más de 5 puntos porcentuales del PIB desde 1995 situándose por debajo del 20 por ciento del producto interior bruto. En cambio, el crédito al sector privado, que en la Unión Europea ha crecido en torno al 9 por ciento, creció en España algo más del 20 por ciento durante el último año. Si además tenemos en cuenta que esta expansión del crédito está estrechamente vinculada en nuestro país al sector inmobiliario (compuesto por el crédito a hogares para la adquisición de una vivienda, el crédito a constructores y el crédito a promotores inmobiliarios que, sumados, representan el 65,8 por ciento del crédito de las cajas de ahorro y el 52,2 por ciento del de los bancos), un sector en el que los bienes que se adquieren suelen servir de garantía y en el que más de uno pensamos que los precios están sobrevalorados, el cóctel no puede tener más ingredientes que garanticen un desenlace lleno de suspense en el que la víctima somos los ciudadanos.
La baja tasa de ahorro privado en España tan sólo debería de traducirse, en condiciones de libertad económica, en un lento crecimiento económico. Sin embargo, debido a la expansión crediticia inducida nos encontramos ante una abultada pérdida de poder adquisitivo del dinero que se traduce en ese IPC del 3,7 con un punto y medio de diferencia con el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, lo peor está por venir. Y llegará el día que se verifique que debido a este intervencionismo monetario absurdo los recursos están siendo asignados a proyectos empresariales de largo plazo que no son deseados por la mayoría de los españoles que, por el contrario, han decidido consumirlos. Los que injustamente salimos perdiendo, que somos casi todos, deberíamos pedir responsabilidades. Y no precisamente al pollo ni al aceite de oliva.
