La semana pasada Mariano Rajoy desgranó el programa económico del PP en una conferencia ante los empresarios y en una entrevista concedida al periódico Negocio. Como es lógico, habló de impuestos y, como viene siendo habitual en los programas electorales del PP, prometió bajarlos. En concreto, prometió reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 25% (para las pymes, hasta el 20%), dejar el tipo máximo del IRPF en un 40% y el mínimo en un 12% y suprimir, entre otros, el impuesto sobre el patrimonio.
El Impuesto de Sociedades constituye un serio obstáculo a la función empresarial. Cuanto más elevado sea, menor será el incentivo para que los individuos empleen su riqueza en satisfacer las necesidades de los consumidores y, así, lograr una ganancia. El motivo es evidente: toda inversión supone un coste (la no disponibilidad del capital invertido y la incertidumbre de perderlo) y permite obtener un beneficio. El Impuesto de Sociedades reduce el beneficio esperado, pero no el coste, de modo que, para mucha gente, los incentivos se evaporan.
Los efectos no inciden únicamente sobre quienes no son empresarios y podrían llegar a serlo, también sobre las empresas ya establecidas que se plantean acometer nuevas inversiones y sobre aquellas personas con que se relacionen. Dado que las decisiones de reinversión de beneficios se determinan por la ganancia esperada, cuanto menor sea esa ganancia menor será la reinversión.
El IRPF es otro impuesto completamente injusto y perjudicial. Al reducir las remuneraciones efectivas que perciben las personas, disminuye los incentivos para incrementar la renta. Por ejemplo, si el impuesto sobre la renta se situara en el 99%, nadie trabajaría, ya que en la práctica todo el mundo estaría prestando sus servicios laborales gratis. Unos tipos más reducidos moderan los efectos, pero no los eliminan. A causa del impuesto sobre la renta, la gente trabaja, ahorra e invierte menos.
La razón es sencilla: el tiempo de ocio no tributa. Si reducimos las rentas salariales mediante el IRPF, los individuos trabajarán menos de lo que lo habrían hecho. Del mismo modo, si el IRPF grava las plusvalías del capital, la gente dedicará menos recursos a la inversión, pues le resultará más cómodo consumirlos.
Además, el IRPF es una de las mayores barreras contra la movilidad social. Las clases altas suelen tener una gran patrimonio acumulado, que les proporciona rentas permanentes. Las clases bajas, en cambio, carecen de esa riqueza, por lo que deben acumular para mejorar su nivel de vida. Sin embargo, la acumulación de riqueza se ve enormemente dificultada con el IRPF. Si un individuo tiene un par de años muy buenos que en principio le permitirían invertir para lograr rentas futuras, el IRPF se lo impedirá, ya que parte de sus ganancias extraordinarias podrían tributar a tipos tan elevados como el 43%. En otras palabras, el IRPF perjudica especialmente a quienes no disponen de una fuente permanente de rentas, a las clases bajas, a las que impide aprovechar sus ganancias extraordinarias para construir su riqueza.
Por lo que hace al Impuesto sobre el Patrimonio, atenta contra la base de nuestra sociedad: la propiedad privada y la acumulación de capital. Al expoliar a cada individuo en función de la riqueza que ha acumulado previamente, favorece la desinversión y el consumo de esa riqueza.
En otras palabras, las propuestas de Rajoy apuntan en la buena dirección, por cuanto amplían la libertad de las personas. Sin embargo, una cosa es que las celebre si llegan a materializarse y otra que considere que esas propuestas encajan con la filosofía del presidente del PP.
Al menos por su discurso –cosa distinta es que sea un mero ropaje electoralista–, las propuestas del PP se insertan en el típico estatismo de corte socialista. Los impuestos se bajarán siempre y cuando el peso y el poder del Estado no se tambaleen. Rajoy lo dejaba claro Rajoy en la mencionada entrevista: "La única forma de mantener el Estado del Bienestar es haciendo reformas económicas y, entre ellas, las reformas fiscales".
Dicho de otro modo, las rebajas de impuestos de Rajoy son instrumentales, están al servicio del poder político. Rajoy actúa como el empresario que baja el precio de sus productos para vender más y así obtener mayores beneficios; con la diferencia esencial de que el empresario no fuerza a los consumidores a pagarle.
El PP no se plantea la posibilidad de devolver la responsabilidad a los individuos, ni la de permitir que la sociedad civil proporcione los servicios que hoy provee coactivamente el Estado. Quiere que el Estado siga tutelando múltiples aspectos de al vida de las personas; que las vigile y las cuide como un padre marimandón.
Así, por ejemplo, en matería de I+D, Rajoy sentenciaba que "corresponde al Gobierno un impulso cuantitativo y cualitativo capaz de generar posteriores desarrollos". "Las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación no pueden quedarse reducidas a meros adornos de un programa electoral porque suenan a moderno, ni a los crecimientos presupuestarios tranquilizadores para lucir aquí o allá. Tienen que ser uno de los ejes vertebrales de todas las políticas públicas".
A los del PP les molesta incluso que las personas no inviertan en I+D tanto como ellos querrían. Si los empresarios prefieren comprar máquinas viejas, repartir beneficios entre los accionistas o rebajar el precio de sus productos en lugar de invertir en I+D, Rajoy defiende que el Estado cubra la diferencia, esto es, que impida a los empresarios gastar el dinero como lo habrían gastado si no se lo hubieran arrebatado por la fuerza. Y ello a pesar de que, según Rajoy, "a los empresarios no es preciso decirles lo que tienen que hacer, que ellos ya saben en cada caso lo que más conviene a sus empresa". ¡Pues nadie lo diría! Si saben lo que tienen que hacer, ¿por qué les quita el dinero para invertirlo allí donde ellos no lo harían?
No, las ideas actuales del PP tampoco son compatibles con la libertad. Los impuestos sólo se rebajarán mientras no entren en conflicto con el Estado del Bienestar, pero nunca si, por ejemplo, fuera necesario privatizar la educación o la sanidad para recortarlos aún más. El PP necesita cambiar la filosofía social y política sobre la que construye sus propuestas. Si quiere pasar por liberal, no basta con realizar propuestas que coyunturalmente también podría lanzar el PSOE. Tiene que adoptar una política de principios que tenga por prioridad la libertad, no los intereses del Estado.
Pero me temo que nadie del PP tiene hoy el coraje –no sé si los valores– para liderar esta transición que tanto necesitan los españoles.
