Skip to content

Rejonazo fiscal contra la libertad de elección

Publicado en El Confidencial

Compartir

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

En un mundo ideal en el que hubiese que recurrir a la fiscalidad sobre el consumo, existiría un tipo único del IVA sin ninguna exención para ningún bien o servicio. De esa manera, todos los productos finales recibirían un idéntico trato impositivo y las distorsiones competitivas derivadas de la fiscalidad se minimizarían. Por ejemplo, en lugar de establecer cuatro tipos impositivos para las distintas clases de bienes (0%, 4%, 10% y 21%), más valdría unificarlos todos ellos en un único tipo más bajo que el general actual (por ejemplo, el 16%) y que los ciudadanos configuren su cesta de la compra sin sesgos tributarios.

En contra de semejante unificación de los tipos impositivos, suele recurrirse al argumento de que esta resultaría altamente perjudicial para las rentas bajas. Si las familias menos acomodadas consumen sobreproporcionalmente algún tipo de bienes (por ejemplo, alimentos), un mismo tipo impositivo para todas las mercancías resultaría altamente regresivo. De ahí que, a falta de poder técnicamente modificar el tipo del IVA en función del nivel de renta del consumidor, muchos países hayan optado por establecer distintos tramos de IVA en los que se incluyen diferentes clases de productos; y aquellas clases de productos que suelen adquirir en mayor medida las rentas bajas tributan a un tipo impositivo más reducido.

El problema de este enfoque es, sin embargo, doble. Por un lado, los tipos de IVA suelen depender más de la eficacia para cabildear a los legisladores que de la distribución del gasto de las rentas bajas: por ejemplo, no está muy claro por qué las flores tributan actualmente al 10% y en cambio la electricidad al 21%. Por otro, y como ha puesto recientemente de manifiesto la AIReF, mantener tipos reducidos para clases enteras de bienes termina siendo regresivo desde un punto de vista fiscal. Aunque sean las rentas bajas las que consuman proporcionalmente más esos bienes, son las rentas altas las que gastan absolutamente más en ellos, de modo que los tipos reducidos terminan convirtiéndose en un beneficio fiscal que afluye sobreproporcionalmente a las rentas altas (por ejemplo, el 30% de hogares con más renta se beneficia de más de la mitad de la rebaja impositiva vinculada al tipo reducido del IVA, mientras que el 30% de hogares con menor renta recibe menos del 15%). De ahí que, si el objetivo de los tipos reducidos fuera aliviar la situación financiera de las rentas bajas, en principio resultaría más efectivo un tipo único de IVA y redistribuir el exceso de recaudación hacia las rentas bajas.

Como digo, todo eso podría tener bastante lógica en un mundo ideal. Pero estamos muy lejos de vivir en ese mundo ideal, y en este mundo no ideal parece que el Gobierno de PSOE y Podemos quiere cargarse la exención que actualmente existe dentro del IVA en favor de la Educación y la Sanidad. Su argumento no es muy distinto al que he apuntado en las líneas anteriores: la exención favorece a las rentas altas y, dado el altísimo déficit público que soportamos ahora mismo, necesitamos de una mayor recaudación que provenga especialmente de esas rentas altas. Sin embargo, esta tesis es problemática en varios sentidos:

  1. De acuerdo con la propia AIReF, no está nada claro que esta medida vaya a suponer un incremento neto de la recaudación del Estado. Si se encarecen los servicios educativos y sanitarios privados, muchos de sus clientes —probablemente de clase media— dejarán de emplearlos y pasarán a demandar plazas en escuelas y centros sanitarios públicos, de modo que el Gobierno deberá aumentar el gasto para dotar tales plazas (o permitir que la calidad de esos servicios públicos se deteriore). En palabras de la propia AIReF: “El mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público”.
  2. La medida, por consiguiente, parece buscar simplemente reducir las plazas provistas por el sector privado para así ampliar las del público (ni siquiera para mejorar la calidad de las plazas que ya existen en el público, sino para incrementar su cantidad). Pero ¿en qué sentido contribuye ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si estos son quienes escogen voluntariamente la provisión privada frente a la pública? En ninguno: se trata simplemente de continuar alimentando el tamaño de Estado a costa del resto de la sociedad. Una obsesión ideológica del actual Gobierno sin relación alguna con el bienestar social.
  3. Por consiguiente, y dado lo anterior, en este caso tampoco parece que se vaya a incrementar la progresividad del IVA suprimiendo tales exenciones y aumentando la redistribución vía gasto: a la postre, el nuevo gasto público se destinaría a financiar sueldos de nuevos empleados públicos para proporcionar servicios desde el Estado a clases medias o clases medias-altas que antes lo recibían fuera de él. ¿En qué beneficia eso a las rentas bajas? En absolutamente nada. Repito: no estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos a las rentas bajas (algo que podría tener sentido desde una perspectiva socialdemócrata); estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos hacia esas mismas rentas medias y altas (algo que carece de sentido incluso desde una perspectiva socialdemócrata).

En definitiva, lo que en teoría podría tener sentido, en la práctica puede aplicarse —y probablemente vaya a aplicarse— de un modo desastroso. Dada la magnitud del cambio que supondría eliminar las exenciones actuales del IVA o reclasificar productos desde los tipos superreducido y reducido al tipo general, convendría que, como poco, el Gobierno calculara la recaudación neta que espera obtener con ello, que nos concretara en qué pretende gastarla y, por último, que estimara el impacto económico que con todo ello se generaría. Y si el único propósito de la medida es, como parece ser, golpear los servicios privados para inflar aún más los públicos, más valdría que nos quedáramos como estamos. Solo los políticos saldrían ganando al ver ampliado su control sobre la ciudadanía a costa de que esta posea menores opciones para elegir.

Más artículos

El Fouché hispano

Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el ministro del interior que más tiempo ha estado en el cargo, un total de 2.085 días hasta hoy. Ha adelantado a José Barrionuevo, ministro de la época de los Gal, que acabó condenado a pena de prisión, con un récord de 2.048 días.