En mayo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunciaba un incremento del 6,6% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se produciría en julio. Así, el SMI se elevó de 460,5 euros hasta 490. El pasado lunes, el mismo personaje sorprendió a propios y extraños con la comunicación de otra subida para el día 30 de diciembre.
Caldera ha querido jugar a Hitchcock ocultándonos la cuantía de la nueva subida hasta el día de su anuncio oficial prevista para el penúltimo día del año, o hasta su ya habitual filtración previa en un medio del grupo PRISA. Eso sí, nos aclaró que será "bastante por encima del objetivo de la inflación para 2005 con el fin de hacer justicia social". Además, según informan diversas agencias de prensa, el ministro afirmó que la subida del salario mínimo responde también a la necesidad de acercarse al sesenta por ciento del salario medio, según establecería el abominable texto que la mayoría de políticos de izquierda y derecha pretenden convertir en Constitución Europea.
Desconozco en que vericueto del texto de marras puede leerse semejante dislate y reconozco que cuando leí el proyecto de Constitución para Europa debí pasar por alto tan malhechora medida de política social(ista). Supongo que cuando uno lee textos aburridos y llenos de medidas que intervienen y violentan la vida de los ciudadanos tiende a acelerar la lectura para pasar el mal trago cuanto antes y así, claro, se le escapan a uno medidas tan trascendentes. En lo que seguro que estoy equivocado, a juzgar por las palabras de Caldera, es en que creía que el referéndum aún no se había celebrado.
Si es cierto que el pretendido texto constitucional contiene esa norma, sería la enésima razón para votar en contra de la Constitución Europea. Si, por el contrario, Jesús Caldera atribuye a la Constitución una medida que pertenece al texto de otro acuerdo intervencionista o que simplemente desearía ver cumplida, sería razón suficiente para confirmar su permanente contienda con la verdad.
Sea verdad o no que la mal llamada Constitución Europea contiene esa disposición, la elevación del SMI hasta el 60% del salario medio es un disparate de consecuencias tan catastróficas como previsibles. Y es que la nueva elevación del SMI y sus sucesivos aumentos hasta ese arbitrario 60% del salario medio sólo traerán más paro entre las personas con menos capacitación y, por lo tanto, una mayor e injusta diferencia de rentas entre ricos y pobres. Curiosamente, este análisis de lo que provoca cualquier elevación del salario mínimo por encima de la remuneración que las personas acordarían de manera voluntaria y pacífica en el mercado libre es uno de los que mayor unanimidad suscita entre la dividida profesión de economistas (en torno al 80% según una conocida encuesta económica) y, al mismo tiempo, de las más ignoradas por los políticos empeñados en hacer de la demagogia propia y la ignorancia ajena su particular caldo político.
La cuestión es tan sencilla que hasta un político puede entenderla. El hecho de que el gobierno de turno eleve el precio mínimo que ha de pagarse por los servicios laborales no garantiza que todo el mundo reciba esa cantidad sino, más bien, que todo el que no esté capacitado para producir por encima del salario mínimo deje de ser aceptado por el consumidor y, por lo tanto, por el empleador. Supongamos que el gobierno, en un entrañable acto de "solidaridad" mamífera, decida elevar el precio mínimo del alquiler de bueyes como fuerza de labranza hasta los 500 euros semanales. Todo el mundo estará de acuerdo que esta medida coactiva no conseguirá que todos los bueyes obtengan 2.000 euros mensuales sino, más bien, el que los bueyes que contribuyan a la producción agrícola en menor cuantía que el precio mínimo del arrendamiento dejarán de ser contratados porque, de lo contrario, implicarían una pérdida para el empresario. Su empleo en la labranza deja de tener sentido, y no porque haya otros usos mejores para los bueyes o factores alternativos mucho más productivos, sino porque el gobierno ha impedido por la fuerza que los bueyes menos productivos puedan realizar una contribución al proceso productivo y ser retribuidos en consonancia.
Pues lo mismo ocurre cuando el gobierno establece salarios mínimos por encima de la retribución mínima del trabajo humano que surgiría en un ámbito de intercambios voluntarios. Los jóvenes y aquellas personas que en general están menos capacitadas para aportar al proceso productivo un valor superior a la retribución mínima que ha sido impuesta, perderán su empleo o no llegarán a encontrar ninguno. Si no fuese esto así, ¿por qué iba el político intervencionista a detenerse en 600 euros al mes? ¿Por qué no elevar el salario mínimo hasta 1.000 o, ya puestos a subir, a 10.000 euros mensuales?
Privilegio para unos y desempleo para otros. Es el gran charco de la temeraria payasada social que inunda la política de hoy en día y en la que tan a gusto chapotean los políticos y tan a disgusto se desenvuelven los seres humanos que no tienen el privilegio de ser poco productivos y vivir de lo que se le quita a otros por la fuerza.
