PSOE y Podemos decidieron retrasar cualquier medida de contención reforzada hasta un día después del 8-M.
Aunque fuimos muchos los que, durante la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, advertimos públicamente sobre el grave riesgo al que nos enfrentábamos a raíz de la epidemia del Covid-19, el Gobierno de PSOE-Podemos hizo caso omiso a tales admoniciones hasta el 9 de marzo —fecha en la que dio paso a un escenario de “contención reforzada” por la que se suspendían clases en varias comunidades— y, sobre todo, hasta el 14 de marzo —fecha en la que se publicó el decreto de estado de alarma—. Esas semanas de absoluta parálisis fueron cruciales para que el virus se propagara dentro de nuestro país de un modo absolutamente descontrolado y para que, por ende, terminara colapsando el sistema hospitalario nacional causando muchísimas muertes evitables.
El Ejecutivo siempre se ha excusado en que en todo momento hicieron caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en que, por tanto, no cometieron ningún tipo de negligencia: si no actuaron antes, es simplemente porque nadie fue capaz de prever (y nadie habría sido capaz de prever) lo que iba a venir a continuación.
La primera parte de esta proposición autoexculpatoria —a saber, que el Gobierno siempre hizo caso a las autoridades sanitarias— ya sabemos que es falsa salvo acaso en un sentido reflexivo. Si por autoridades sanitarias entendemos el Ministerio de Sanidad, es obvio que el Ministerio de Sanidad se hizo caso a sí mismo en todo momento: pero ello solo equivale a decir que el Gobierno obró en todo momento como le vino en gana. Ahora bien, si por autoridades sanitarias entendemos las autoridades sanitarias europeas, como el CDC europeo (European Centre for Disease Prevention and Control), ciertamente el Ejecutivo no les hizo caso alguno. A la postre, esto es lo que recomendaba expresamente el ECDC a fecha de 2 de marzo para aquellos países que, como España, ya tenían casos de transmisión comunitaria:
- Asegurarse de que el público general adquiere conciencia de la gravedad del Covid-19.
- Poner en práctica protocolos para testar en laboratorio, diagnosticar, vigilar y tratar el Covid-19.
- Mejorar los mecanismos de supervisión, trazado de contactos y aislamiento de los contagiados.
- Aplicar medidas de distanciamiento social, como la cancelación de los eventos multitudinarios, la suspensión de clases o el cierre de los puestos de trabajo.
- Proveer del adecuado equipo de protección personal a los trabajadores sanitarios.
- Preparar espacios suficientes para aislar, dar apoyo y tratar activamente a los pacientes.
Claramente, pues, el Gobierno desatendió hasta el 9 de marzo todas estas recomendaciones y gran parte del desastre que ha venido más tarde ha sido un desastre precisamente derivado de no haberlas atendido. Mas acaso PSOE y Podemos podrían escudarse en que todos los otros gobiernos europeos fueron igual de negligentes: que ninguno escuchó al ECDC, por considerar que estaba exagerando en sus prescripciones.
Pero tampoco: el propio Sánchez nos acaba de proporcionar, en sede parlamentaria, el criterio con el que evaluar los términos de su propia negligencia. Y es que el presidente del Gobierno quiso sacar pecho diciéndonos que, de acuerdo con el Oxford Covid-19 Stringency Index (un índice elaborado por la Universidad de Oxford que intenta medir —a partir de indicadores como el confinamiento domiciliario, la suspensión de clases, la prohibición de grandes eventos…— cuán duros están siendo los distintos gobiernos en su lucha contra el Covid-19), España es ahora mismo el país occidental que está aplicando medidas más contundentes contra el virus. La afirmación de Sánchez era, como suele suceder en él, falsa —en el momento en que pronunció sus palabras, España obtenía una puntuación de 90, por debajo de la de Israel o Nueva Zelanda, con 100, y también por debajo de Francia, Italia o Austria, con 95—, pero lo relevante del asunto no es tanto qué posición ocupaba nuestro país el 5 de abril en este ‘ranking’, cuyo rigor ha sido avalado por el presidente del Gobierno, sino cuál ocupaba el 8 de marzo.
A la postre, si fuera cierto que, hasta la semana posterior al 8-M, nadie podía saber absolutamente nada sobre la extensión y profundidad de la gravedad de este virus, todos los gobiernos occidentales deberían haber adoptado un nivel de dureza igualmente bajo por esas fechas. Pero hete aquí que no: el 8 de marzo, nuestro país apenas registraba una puntuación de 14 en este índice (lo que equivale a prácticamente no haber tomado medida alguna), mientras que Alemania marcaba 48, Francia 43, Israel 38 y Suiza, República Checa o Grecia, 24. En otras palabras, muchos otros países europeos ya habían adoptado medidas más serias —insuficientes, pero más serias— que España.
Acaso se crea que Francia y Alemania fueron más estrictas porque su número de contagios era muy superior al nuestro. Pero no: el 8 de marzo, Francia tenía 18,5 contagiados por millón de habitantes, España 14,4 y Alemania 12,4. Es decir, nuestro país estaba en una situación de infección similar a la de Francia y Alemania pero, antes del 9 de marzo, su dureza contra el Covid-19 era enormemente inferior.
En definitiva, si tomamos como referencia los propios índices por los que Sánchez dice querer juzgar la labor de su Gobierno ante esta crisis sanitaria, entonces no cabrá más que asignarle un rotundo suspenso antes del 9 de marzo. La cuestión, claro, es por qué hallándonos en una situación similar a la de Francia y Alemania, PSOE y Podemos decidieron retrasar cualquier medida de contención reforzada hasta un día después del 8-M. ¿Casualidad o causalidad?
