A Soria, como ya le ocurrió a Salgado, se le llena la boca con ideas como la protección pública de la salud pero le indigna que algunos gobiernos autonómicos decidan ofrecer vacunas que no ofrece el Estado. Como buen socialista, al ministro le incomoda la existencia de sanidad privada y lo que él considera "posturas para privatizar la sanidad" en esas dos comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Ojalá tuviera razón cuando dice que Madrid y Valencia están llevando a cabo una privatización de este modelo. Desafortunadamente no parece que ese sea el caso.
También se equivoca –o nos quiere equivocar– con su visión de la responsabilidad y la gestión pública de los servicios de salud. Según Soria, "los sectores públicos son los que tienen que tomar las decisiones sobre la salud ya que son los responsables". No se da cuenta el ministro que la responsabilidad es un concepto que sólo puede aplicarse a aquellas personas que soportan los costes y disfrutan los beneficios de sus acciones. Los sectores públicos no pueden ser responsables a la hora de gestionar la sanidad porque usan los recursos que han obtenido mediante coacción del ciudadano español. Donde no hay propiedad privada no puede haber responsabilidad. Podemos pensar que los sectores públicos son paternalistas o dictadores benevolentes, pero no responsables.
El ministro se lía todavía más al afirmar que privatizar la sanidad significa pasar la deuda a nuestros hijos. Es justo al revés. En una empresa privada, sea de sanidad o de cualquier otro sector, el dueño no puede pasar su deuda a nadie que no quiera aceptarla. Es precisamente la ineficiente sanidad socializada que tanto gusta al ministro la que escurre el bulto de su exagerado coste debajo de la alfombra de la deuda pública a través de la cual el estado coge dinero de prestamistas actuales a cambio de prometer esquilmar mañana, mediante mayores impuestos, a los niños de hoy.
Soria afirma que el Sistema Nacional de Salud es un gran generador de empleo estable y de calidad. Que sea el primer empleador del estado con más de un millón de empleados no dice mucho si el sistema está desperdiciando su valor. Y lo de la calidad que se lo cuenten a los miles de médicos que huyen de España por las pésimas condiciones salariales y laborales o a los numerosos médicos que se han quedado en España y luchan por tratar al paciente como una persona –a la que poder dedicarle cinco minutos– y no como una pieza estropeada de un mecano social.
Pero lo más interesante es ver que los socialistas siguen erre que erre con la mitología de la gratuidad y la solidaridad del sistema de salud estatal. En palabras del ministro, el sistema nacional de corte socialista "da cobertura universal, es gratuito, libre, público, y está basado en los impuestos que de forma solidaria pagamos todos". Que sea universal no dice si todos querían tener esa cobertura ni si la calidad es buena. Se da la circunstancia de que a los funcionarios, el espectro más socialista de la sociedad española, se les pregunta todos los años si con sus impuestos quieren financiar y acceder a la sanidad pública o a la privada. Y año tras año entre el 83% y el 87% elige la privada. Parece que a juicio de los funcionarios tan buena no es la sanidad pública. Además, que el sistema esté basado en los impuestos contradice que sea gratuito, libre y solidario. Pero todos estos argumentos no cambiarán la postura de nuestro ministro que antes de ver una sanidad descentralizada y privada prefiere una nacionalsocialista.
