Un conocido diario económico ilustraba la noticia así: "Buena noticia para los trabajadores, pero no tanto para el bolsillo de los empresarios". En demasiadas ocasiones los periodistas económicos hacen juicios de valor que no se basan en ningún principio económico, sino emocional o de puro dogma. La medida de Caldera puede tener muchas repercusiones negativas para los trabajadores y para el resto de la comunidad. Veamos algunas:
1. España es un país terriblemente regulado con un alto nivel impositivo para las empresas y el mercado de trabajo es más propio de un país tercermundista que de uno desarrollado. La nueva ley entorpecerá a las empresas más pequeñas (de entre las que tienen más de 250 empleados, que es a las que se le va a aplicar), a las más apuradas financieramente y a las más acosadas por la nueva competencia extranjera (China, por ejemplo).
2. Un evidente coste adicional en los resultados de las empresas y reducción de la producción evocará, necesariamente, un aumento de los precios en toda la estructura productiva que repercutirá, de una forma u otra, sobre el consumidor; esto significa precios más altos.
3. La pérdida de un trabajador temporalmente producirá una evidente reducción de la productividad, y teniendo en cuenta que España es uno de los países con menos productividad del mundo, obtenemos dos cosas: un menor grado de competitividad internacional y más horas de trabajo para el resto de compañeros de trabajo. En las empresas españolas el trabajo suele ser absorbido por los compañeros y no realizado por otro nuevo trabajador debido a los altos costes monetarios (contratación, aprendizaje…) y trámites burocráticos que esto supone.
4. La propuesta Caldera tendrá un efecto evidente en la relocalización de puestos de trabajo. Hace unos años el fenómeno de la deslocalización sólo se daba en grandes empresas, ahora se ha expandido a las medianas y pequeñas ubicando sus servicios centrales (departamento financiero, informático, de atención al cliente…) en países de Europa del Este. Si el gobierno aumenta el coste por empleado, la deslocalización de trabajo acelerará la tendencia actual.
5. Las leyes que penalizan el trabajo, esto es, que hacen aumentar los costes laborales tal y como hace el "Permiso Caldera" afectan más directamente a los trabajos y grupos menos cualificados. Esto significa que una empresa se lo pensará mucho antes de contratar a un joven, a un inmigrante o a aquellos que tengan un tipo de trabajo de baja remuneración. El problema es que España es uno de los países de la UE con mayor desempleo juvenil. No es por tanto una buena noticia para los recién graduados, aunque sí para la economía sumergida ya que muchos de ellos van a tener que empezar sus primeros pasos laborales en el mercado que corre al margen del control gubernamental.
6. Pero si miramos más allá aún, las cosas se ponen más feas y la incertidumbre aumenta. Parte de esta ausencia laboral va a estar pagada por la Seguridad Social que, recordemos, se financia con dinero usurpado del sueldo del trabajador y la empresa. El principal problema en este tema es el delicado estado financiero de las pensiones futuras. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 habrá un fuerte aumento de las jubilaciones. El Estado, si no ahorra, y de momento lo hace en un grado insuficiente, va a tener serios problemas para afrontar sus responsabilidades con nosotros. Actualmente sólo confía en poderlas pagar por algo tan relativo y contingente como es el aumento de la inmigración que, dicho sea de paso, está enviando con sus leyes a la economía sumergida. Actualmente sólo hay una solución realista futura: subir impuestos.
Paro juvenil, disminución de la productividad, subidas de precios, deslocalizaciones… No tiene por qué ser una debacle, pero tampoco parece que el permiso de Caldera vaya a ser una "buena noticia para los trabajadores". La única buena nueva la recibe el PSOE que, con esta medida populista que demuestra una clara intención de comprar votos, verá crecer sus adeptos a sabiendas del importante sacrificio social que todos vamos a pagar. Después, en la hipocresía habitual del gobierno, éste dirá que los malos datos se deben a las empresas, que no contratan trabajadores. Lo de siempre.
