Este sábado publicaba el que fuera hasta hace muy poco secretario de Comunicación del PSC-PSOE, Rafael Álvarez Gil, un artículo en el que afirma que «es indiscutible el acoso que cerciora al sindicalismo y sus valores; en suma, es la punta de lanza del neoliberalismo, que detesta la representación y negociación colectiva y pugna porque se descentralice precisamente al ámbito exclusivo de la empresa, donde la posición de los trabajadores es más frágil y desigual».
Es difícil desbarrar tanto en tan pocas palabras, seguramente porque su posicionamiento antiliberal le impide ver más allá de la tierra prometida por el ideario socialista. No se puede comprender que alguien, hoy, hable de acoso al sindicalismo cuando más del 85% de los trabajadores ni se afilian ni pagan voluntariamente a los sindicatos, sino que se ven forzados a pagarlos por la vía impositiva. Por ello, el único acoso del que se puede hablar es del de los sindicalistas, apoyados por los partidos políticos, al bolsillo de los trabajadores.
Don Rafael también confunde el neoliberalismo con el liberalismo. El liberalismo defiende la extensión de las libertades y la reducción de la coacción política y legislativa, basándose en la defensa de los derechos de propiedad y los contratos libres y voluntarios.
Es por ello que el liberalismo jamás estaría contra una representación o negociación individual o colectiva, siempre que se haga de forma libre, voluntaria y respetando los derechos de propiedad y los contratos que se hayan establecido entre las partes.
Los que sí odian la negociación son los sindicatos, que no suelen permitir que las partes se pongan de acuerdo libremente y prefieren imponer de forma coercitiva salarios, impuestos y multitud de regulaciones. Por esta razón, el neoliberalismo del que habla Álvarez Gil más bien podría ser identificado perfectamente con el socialismo y sus vertientes.
Tampoco es cierto que el liberalismo busque que las negociaciones se descentralicen al ámbito exclusivo de la empresa, sino del individuo, al igual que tampoco lo es que los trabajadores tengan una posición más frágil y desigual en las empresas si se respetan los derechos de propiedad y los contratos voluntarios.
La realidad es que los trabajadores de nuestro país han elegido libremente dejar de sufragar a estas organizaciones, al entender que no les representan y no les defienden. Además, por lo general perjudican tanto a los ya contratados como a los que están buscando trabajo, pues ponen en peligro los empleos existentes e impiden que las empresas creen nuevos puestos, al elevar los costes, lo que en muchos casos deriva en el cese de la actividad. No obstante, estas cosas ni se enseñan en los cursos de formación ni en las mariscadas consiguientes.
