Las cinco semanas de paro sanitario madrileño, las reiteradas huelgas en el sector del transporte y tantas otras que se vienen sucediendo ininterrumpidamente son manifestaciones del uso abusivo del derecho a huelga que hacen los sindicatos españoles, especialmente aquellos que agrupan a los funcionarios.
Se apropian del espacio y las instituciones públicas porque creen que les pertenecen, y utilizan a los ciudadanos como rehenes para defender los privilegios de que goza. Buscan con la fuerza impedir todo cambio, cueste lo que cueste. Así son los sindicatos: reaccionarios y con gran capacidad de hacer daño a los españoles y a España.
Desde una perspectiva europea, los sindicatos españoles se han quedado atrás y siguen en la lucha egoísta por la defensa de los privilegios de la minoría de trabajadores a la que representan. A diferencia de ellos, hace ya varios años que sus colegas en diversos países europeos han venido mostrando una actitud progresista y no reaccionaria: en vez de tratar de obstaculizarlo, se han sumado al cambio.
En Alemania el Gobierno federal y los länder acordaron en 2005 junto con los sindicatos una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.
En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No, el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores y les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores: ni médicos, ni enfermeras ni profesores son funcionarios con empleos vitalicios y otras prebendas.
Las grandes reformas del sector público sueco durante la crisis de los años 90 se caracterizaron por el paso del monopolio estatal en el ámbito de la sanidad, la educación y los cuidados a la gestión de colaboración público-privada. Estos cambios se lograron sin huelgas ni encierros, sino con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y un gran acuerdo político. La reacción de los sindicatos suecos no fue la de atrincherarse en defensa del statu quo, como hacen los sindicatos españoles. No. Fue ejemplar. En los años más criticos de la crisis sueca (de 1991 a 1994), el promedio anual de huelgas fue de 22, mientras que en los cuatro años anteriores fue de 119.
Veamos qué se puede leer hoy por hoy en las páginas web de las asociaciones sindicales suecas en relación a la gestión pública-privada (con o sin ánimo de lucro) en áreas como la educación y la sanidad.
Para el Sindicato de Maestros (Lärarförbundet), lo importante es que tanto los maestros como los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar su trabajo, independientemente de si la escuela está gestionada de forma privada o pública.
El Sindicato de Maestros acoge con satisfacción el hecho de que haya escuelas con enfoques pedagógicos y perfiles diferentes, porque lo que determina si una escuela es buena o mala no es quién ostenta la gestión, sino las condiciones que profesores y alumnos tienen para desarrollar su labor.
También consideran clave que estas condiciones se apliquen
a todas las escuelas, independientemente de su ubicación geográfica.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Salud (Vårdförbundet) opina que la libertad de elección es "buena":
El sistema de libertad de elección debe ofrecer una pluralidad de alternativas sanitarias, entre las cuales se pueda elegir. Debe ser posible comparar los proveedores de una manera objetiva, y debe ser posible elegir distintos tipos de sanidad.
Finalmente, la Asociación de Médicos (Läkarförbundet) sostiene:
La competencia y la pluralidad de proveedores son buenas no solo para los ciudadanos y los pacientes, sino para la profesión médica.
El acuerdo político respecto de las profundas reformas que dieron paso a la competencia y la libertad de elección en una gran parte de los servicios de responsabilidad pública fue tan amplio que el entonces primer ministro socialdemócrata sueco, Göran Persson, llegó a decir: "No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". A años luz de los socialistas españoles y su retórica oportunista y reaccionaria.
Los líderes sindicales españoles están anclados en el pasado. Tratan de aterrorizar a la ciudadanía con el espectro de la privatización y se arrogan el derecho de privar a la gente de ejercer plenamente su pleno a la educación o la sanidad. Si de verdad les interesasen España y los españoles, deberían aprender de sus colegas del norte, que por algo viven en países realmente solidarios, dinámicos y con sistemas de bienestar modernos y sostenibles.
