Hemos comentado en multitud de ocasiones los falaces supuestos teóricos y la errada teoría que sustentaba la decisión de 2004 de la Comisión de multar a la empresa entonces dirigida por Bill Gates con la cifra hasta entonces record de 400 millones de euros y que, además, le obligaba a ofrecer el Media Player separado del sistema operativo Windows y a dar sus secretos técnico-empresariales a la competencia. No vamos a volver a incidir en lo disparatado del caso ni en la dislocada concepción de competencia sin rivalidad que motivó un acosó que ya dura cuatro años.
Ahora quiero centrarme en el requisito que incluía la decisión de 2004 de acuerdo el cual la venta forzosa a la que Microsoft quedaba obligada tenía que producirse en unos "términos razonables". El problema está en que, como ya demostraran los autores escolásticos del Siglo de Oro en su discusión sobre el precio justo, el valor de las cosas es subjetivo y sólo resulta de la compra-venta voluntaria en el mercado libre. ¿Quién decide el precio razonable en una venta obligatoria? Si lo decide el privilegiado cliente la transacción será doblemente injusta. Si es el regulador quien decide, la economía corre el peligro de parecerse más al modelo fascista que al socialdemócrata que padecemos hoy en día. Así que la única respuesta sensata a esta cuestión creada por el absurdo intervencionismo europeo es que sea el propietario del producto el que ponga el precio.
Pues bien, a pesar de que la mayoría de los "clientes" de la información de Microsoft estaban comprándola sin rechistar (siempre habrá a quien le parezca caro a menos que el precio sea cero), a la Comisión le dio ahora por multar a Microsoft con la que se ha convertido en la nueva cifra más elevada de la historia (899 millones de euros) por vender a un precio que no le satisface plenamente. Si no fuera porque estamos hablando de cosas tan serias como la limitación del orden espontáneo y el librecambismo esto ya sería para mearse de la risa.
La empresa ha decidido, para sorpresa de la CE, recurrir la decisión ante los tribunales. Personalmente no tengo ninguna confianza en la razonabilidad de los veredictos del aparato judicial de esta República Socialista Europea (especialmente en una cuestión como la competencia y el antitrust, en las que la legislación europea deja espacio para la mayor arbitrariedad intervencionista que quepa imaginarse). Sin embargo, hay que celebrar que haya quienes decidan no agachar la cabeza en su camino hacia el matadero empresarial. La única posibilidad de que el monopolio legal que decide qué es competencia deje de estorbar al mercado libre es que los consumidores nos rebelemos ante tanta sinrazón que perjudica a la sociedad en su conjunto.
