En la España actual, los sujetos que se hacen con el control de los partidos políticos manejan el sistema democrático a su antojo gracias a la Ley Electoral. Los representante lo son de sus partidos y no de sus electores. La ciudadanía desconfía cada vez más de estos vendemantas profesionales, pero a ellos les importa bastante poco. Lo único que cuenta es que el líder del partido confíe en ellos, y para el líder lo único importante es que la ley siga como está.
En este contexto maloliente es en el que el presidente del Congreso ha afirmado que "sería conveniente que las cúpulas de los partidos redujeran el poder que tienen en materia electoral, que no es poco". Una declaración como esta sería una simple obviedad si no fuera porque todos lo piensan pero nadie se atreve a decirlo claro y alto. Otra forma de describirlo es que vivimos en una partitocracia en la que los electores no pintan prácticamente nada. Piense uno lo que piense del sistema democrático, lo que tenemos en España es bastante peor. Un grupo de depredadores manejan nuestras vidas a placer gracias al control que ejercen sobre las listas de sus partidos, sin que tengamos otro mecanismo de control sobre ellos que votar por otro organizador de listas cuatro años después de la anterior votación.
Aquí es impensable que el Ejecutivo sufra un revés del legislativo como ocurre en países democráticos. Hace un año los españoles (y gran parte de los europeos) asistían atónitos a la negativa del congreso norteamericano a aprobar el plan Paulson-Bush. En los últimos meses veíamos desde este lado del Atlántico cómo el presidente Obama iba diluyendo su ley sanitaria para lograr la aceptación de las Cámaras a pesar de que su partido cuenta con mayoría en las dos. Allí no basta con tocar la corneta y ordenar el voto de los miembros del partido a la propuesta del Gobierno. Obama ha tenido que quitarle a su propuesta casi todos los aspectos que la hacían revolucionaria para su país porque sus camaradas no se deben al partido, sino a los electores de su circunscripción. En 1997 el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, experimentó en qué consiste eso de la democracia norteamericana cuando el Senado votó sobre su famosa propuesta de racionamiento de CO2 y creación de un mercado en el que comerciar los permisos. El resultado fue que ni un único senador demócrata votó a favor de la posición del Gobierno Clinton-Gore (demócrata) por lo que Estados Unidos nunca ratificó el Protocolo de Kyoto. Eso tiene algo de democrático. Lo de aquí se parece más a un circo cutre en el que varios domadores se meten en una jaula de gatos mansos y exigen a sus amaestrados levantar una patita cuando proponen algo.
La propuesta de Bono podría ayudar a mejorar las cosas. Sin embargo, el problema de fondo no es cómo se elige a los "representantes", sino qué es lo que los representantes pueden hacer una vez elegidos. Los elija quien los elija y se elijan como se elijan, si luego pueden aprobar impuestos confiscatorios, restringir las acciones pacíficas o esclavizar a los ciudadanos, las formas importarán un pimiento. La decadencia de nuestro sistema proviene de un cóctel hecho a partes iguales de partitocracia y de la falta de limitaciones del poder político. Si queremos regenerar la putrefacta política española, a la necesaria reforma del sistema electoral le tiene que acompañar una reforma que fortalezca y amplíe la esfera de autogobierno del individuo.
