La hucha de la Seguridad Social, dotada con algo más de 58.000 millones de euros, fue constituida con el iluso objetivo de mantener en pie un sistema que, a largo plazo, es del todo inviable. El progresivo envejecimiento de la población y el desplome de las afiliaciones a la Seguridad Social, como resultado de la destrucción de empleo, provocarán la llegada de los números rojos a esta partida esencial propia del Estado de Bienestar.
Como resultado de tal deterioro, el ratio entre cotizantes y beneficiarios se está recortando a un ritmo preocupante. En esencia, esto significa que cada contribuyente financia con sus impuestos a un mayor número de pensionistas. Para paliar este desajuste estructural, el Gobierno está negociando en la actualidad la reforma del sistema, que se traducirá en una rebaja de las pensiones futuras próximas al 30%, ni más ni menos.
Sin embargo, más allá de la insostenibilidad crónica que padece el modelo de Seguridad Social vigente, el agravamiento de la crisis económica y financiera que padece España se podría traducir en la desaparición pura y dura del Fondo de Reserva. El Gobierno está empleando la "hucha de las pensiones" para financiar el gasto público. Este hecho pone de relieve, por un lado, la grave crisis de liquidez que sufre el Estado como resultado del desplome de los ingresos tributarios, que caen ya a un ritmo próximo al 25% interanual, y por otro las crecientes dificultades que tiene el Tesoro para colocar en el mercado sus emisiones de deuda pública.
Y es que, a diferencia de la estrategia inversora llevada a cabo durante los últimos años, el Gobierno está invirtiendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda pública española, cuya calidad es inferior al de otros países como, por ejemplo, Alemania. ¿Problema? Muchos. La voz de alarma saltó hace un par de semanas cuando un alto funcionario de la Seguridad Social reconoció en público lo que otros ya venimos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda pública corre el riesgo de dispararse hasta el 90% del PIB en apenas un par de años, frente a un ratio inferior al 40% en 2008. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el déficit público –diferencia entre ingresos y gastos– superará el 10% del PIB este mismo año.
Tan sólo un dato. Según las propias agencias de rating (calificación de riesgos), España se enfrenta a una nueva degradación crediticia en breve, y a otra rebaja adicional a medio plazo en el momento en que la deuda pública supere el 60% del PIB. Es decir, la calidad de la deuda soberana pasará a tener un rango inferior, y esto a su vez encarecerá la financiación del Estado ya que los inversores perciben un mayor riesgo de default (impago). Durante los años 90 la rentabilidad media de las letras del Tesoro superó el 8%, mientras que en la actualidad se sitúa en tasas próximas al 4%.
El problema es que los datos aquí expuestos no contemplan la grave crisis financiera que acaba de dar comienzo. Por el momento, el Gobierno ya tiene serios problemas para financiar el gasto público corriente, hasta tal punto que se ve obligado a tirar del fondo de pensiones para financiar sus dispendios. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda pública y la más que segura rebaja crediticia de los bonos del Tesoro dificultarán hasta extremos imprevisibles la colocación del papel español en el mercado financiero.
La cuestión es que el famoso plan de rescate bancario aprobado por el PSOE y el PP pretende salvar a bancos y cajas mediante la emisión de más deuda pública, hasta un montante máximo de 90.000 millones de euros –que serán más–. Si la emisión de deuda se colapsa es muy probable que, llegado el caso, ni cortos ni perezosos, los irresponsables políticos hagan uso de los 58.000 millones de euros líquidos que conserva el Fondo de Reserva para salvar a entidades financieras insolventes, en lugar de dejarlas quebrar. ¿De dónde si no van a sacar el dinero?
Las arcas estatales, autonómicas y locales están vacías y el rescate bancario precisará una movilización de recursos públicos sin precedentes en la historia reciente de este país. El Ejecutivo está confiando toda su política económica a la emisión de deuda, pero la clave reside en saber si los inversores foráneos confían de igual forma en la solidez de la economía y las finazas públicas nacionales. Si la respuesta es no, sus pensiones salvarán a la banca. No es algo nuevo. Dicha medida ya ha sido tomada por Irlanda. Falta saber si España tomará o no la misma senda.
