Presuponer que el cine español es un bien cultural compartido por todos los españoles es puro ‘wishful thinking’.
Andrés Lomeña, doctor en Sociología, ha replicado de manera cuasi literal (y airada) a mi crítica contra las subvenciones al cine español. El autor parece haber querido darle la vuelta al calcetín de mis argumentaciones, supongo que con el propósito de demostrar que un mismo razonamiento lo mismo sirve para atacar o para defender de raíz las subvenciones al cine. Pero no: los argumentos que utiliza el doctor en Sociología caen por su propio peso una vez trata de invertirlos y, por tanto, de fundamentarlos sobre la nada. En este sentido, analicemos algunas de las débiles afirmaciones que efectúa el Sr. Lomeña.
1. “Cada persona tiene la obligación de contribuir a construir una sociedad justa que esté bien equipada cívica y culturalmente y, en consecuencia, pesa sobre ella el imperativo de defender, directa o indirectamente, los bienes comunes”.
Las personas vivimos en sociedad y, en consecuencia, tenemos ciertos deberes para con ella. El primero de esos deberes es el de respetar al resto de personas que la conforman, esto es, respetar los proyectos de vida de cada uno de los individuos que integran la sociedad: convivencia o, al menos, coexistencia pacífica. En suma, nuestro primer deber cívico es el de respetar el estatus de ciudadanía de cada uno de nuestros conciudadanos: es decir, no convertirlos en nuestros siervos o súbditos.
Dentro de una sociedad, cada individuo podrá poseer fines que le son exclusivos, pero, también, fines que son compartidos con otros conciudadanos. Y, justamente, cuando dos o más personas comparten un objetivo, tenderán a asociarse para perseguirlo cooperativamente. Pero que dos o más personas compartan un objetivo no significa que tengan derecho a imponerles ese objetivo común al resto de las personas dentro de la sociedad que no lo comparten. Que un fin sea compartido entre un grupo de personas no significa que sea compartido por toda la sociedad.
Por ejemplo, ¿por qué el cine español es un bien común para todos los españoles? Lo será para aquellas personas a las que les guste el cine, para las que aprecien y valoren la cultura española, o incluso para los que muestren cierta preocupación con el desarrollo de las inquietudes artísticas de sus conciudadanos. Pero ¿qué sucede con aquellas personas a las que les desagrada profundamente el cine? ¿O con las que detestan todo lo relativo a la españolidad? ¿O con aquellos que priorizan el desarrollo de otras inquietudes no artísticas entre sus conciudadanos? Para todos ellos, la promoción del cine español no tendrá nada que ver con el ‘bien común’ y, por tanto, no deberían ser obligados a someterse a la muy específica concepción del bien común de aquellos a quienes sí les agrada el cine español.
Véamoslo desde otra perspectiva: en mi opinión, y en la de otras personas con las que me alineo ideológicamente, los valores liberales son esenciales para articular una buena sociedad. ¿Significa ello que deberíamos poder obligar a otros españoles a subvencionar todo lo relativo con el movimiento liberal? Por supuesto que no. ¿Cómo obligar a un comunista a que promueva valores que él considera repugnantes y antisociales? No debería hacerse: el comunista no solo tiene derecho a financiar proyectos comunistas, sino también a negarse a financiar proyectos liberales. El derecho a asociarse también incluye el derecho a no asociarse.
Pues lo mismo sucede con el fallido intento de incluir el ‘cine español’ dentro de la categoría de ‘bienes comunes’ que, según el Sr. Lomeña, todos los españoles tenemos la obligación de compartir. No, no todos los españoles lo compartimos: y, precisamente por ello, no todos tenemos la obligación de subordinarnos a los caprichos estéticos del ‘lobby’ del cine.
2. “Todo Estado debería ser escrupulosamente equitativo frente a los diversos proyectos de la sociedad y, por tanto, debería favorecer creaciones que respondan a la pluralidad de intereses y preferencias de cada ciudadano”.
Existen dos formas mediante las cuales un Estado puede mostrarse imparcial o equitativo frente a los diversos proyectos de sociedad: el primero, respetando todos los proyectos que emerjan desde la sociedad civil y no apostando expresamente por ninguno de ellos; el segundo, apostando por todos ellos a la vez. El Sr. Lomeña parece defender la segunda vía, sin darse cuenta de que es imposible, dado que no todos los proyectos sociales pueden emprenderse. Primero, porque los recursos no son infinitos y, por tanto, no podemos lograrlo todo a la vez. Segundo, porque muchos proyectos sociales son mutuamente excluyentes y, por tanto, no pueden impulsarse a la vez (volver a España una sociedad más atea no es compatible con volver a España una sociedad más católica).
Dada la imposibilidad de lo que el Sr. Lomeña promueve (que el Estado sea equitativo con todos los proyectos de la sociedad por la vía de impulsarlos todos a la vez), solo queda pensar que o no es consciente de las incoherencias en las que está incurriendo o que ha querido forzar tanto la reescritura de mi texto original que no le ha importado caer en abiertas contradicciones: en todo caso, su cabriola argumental sirve para demostrar la falta de fundamento de su razonamiento.
3. “La función del ciudadano no debería ser la de despotricar contra todo tipo de impuestos y subvenciones para así precarizar a otros ciudadanos: su único cometido debería ser, en el mejor de los casos, el de opinar con absoluta libertad sobre la calidad de los proyectos realizados y consumir aquel tipo de producciones que a su juicio merezcan la pena en el marco de su homogéneo proyecto de vida liberal”.
¿La función de un ciudadano no es fiscalizar y criticar aquellas actuaciones del Estado que considera, en su forma o en su fondo, desacertadas? ¿Cuál es entonces la función del ciudadano? ¿La de convertirse en súbdito y aceptar mansamente todos los abusos de poder de los políticos y de los grupos de presión (incluido el del cine) que los rodean? Por supuesto que la función del ciudadano es, también, la de reflexionar en un debate público sobre los límites y la legitimidad de la acción estatal, criticando todo aquello que le parezca incorrecto. Parece que al Sr. Lomeña le moleste que los liberales puedan cuestionar el chiringuito parasitario que algunos —no solo en el cine, pero también en el cine— han conseguido desplegar en contra de unos ciudadanos harto precarizados por semejante rapiña fiscal.
4. “Las subvenciones directas al cine español son coherentes con ungasto cultural exigible a los estados, en tanto en cuanto proporcionan al conjunto de los ciudadanos españoles la posibilidad de invertir parte de su tiempo y de sus recursos a los proyectos artísticos de los cineastas españoles”.
Nuevamente, el doctor en Sociología cae en errores primarios por tratar de darle la vuelta a mis argumentos originales. ¿Cómo que las subvenciones directas, financiadas vía impuestos, conceden a los españoles la posibilidad de invertir su tiempo y recursos en el cine español? ¡Las subvenciones no son potestativas, son obligatorias! No abren la posibilidad de contribuir, sino que generan el deber de hacerlo: deber que Lomeña no fundamenta moralmente en ningún momento; se limita a darlo por supuesto (muy probablemente, porque no pueda fundamentarlo sin adoptar premisas liberticidas de raíz). Sin ir más lejos, el propio doctor en Sociología arrancó su artículo diciéndonos que “cada persona tiene la obligación de… subvencionar el cine español”. ¿Con qué desparpajo nos pretende travestir ahora una obligación por una posibilidad?
No, lo que posibilita que los españoles destinemos parte de nuestro tiempo a ayudar al cine español es la libertad individual para hacerlo: esto es, que el Estado no nos prohíba hacerlo. Pero ‘no prohibir’ no es lo mismo que ‘obligar’: posibilitar no es lo mismo que imponer. Por eso, frases como “la casuística de ciudadanos que podrían sentirse moralmente recompensados por verse obligados a subvencionar el cine español es muy amplia” no tienen ningún sentido, salvo para aquellos que otorguen valor moral a convertirse en siervos: uno puede sentirse moralmente recompensado por ayudar a un proyecto cinematográfico con el que comparte valores, enfoques o aspiraciones; pero no se sentirá moralmente recompensado por ser obligado a hacerlo. Si alguien valora un proyecto, querrá contribuir a él voluntariamente, y ser obligado a ayudar no le aportará nada; si alguien no valora el proyecto, no querrá contribuir a él y ser obligado será algo que rechazará frontalmente.
5. “Aunque un ciudadano valore suficientemente una película, no siempre pagará la correspondiente entrada para verla en el cine porque a veces no se estrenan (cosas de las cuotas de pantalla del cine nacional)”.
La única forma de contribuir a impulsar financieramente una película no es mediante las entradas de cine: también existe el mecenazgo, cuyos costes de transacción se han reducido enormemente a través de plataformas como Kickstarter. Si un ciudadano valora lo suficiente una película (no solo por el goce que le genere, sino por el impacto positivo que esa película crea que pueda generar en la sociedad) o bien acudirá a verla al cine o bien, si no llega a estrenarse (quizá porque muy pocos de sus conciudadanos la valoren suficientemente), buscará apoyarla por otras vías. Si no hace nada de todo ello, es que no le importa lo suficiente como para hacerlo: y si no le importa lo suficiente (ni a él ni al resto de la sociedad), no debería ejecutarse ese proyecto a costa del tiempo y de los recursos del resto de la sociedad.
Por supuesto, puede haber personas que valoren mucho una película: por ejemplo, los propios cineastas que quieren sacarla adelante. Pero la misión de esos cineastas debería ser la de persuadir a otras personas (consumidores, productores, micromecenas, etc.) de que su proyecto merece salir adelante. En cambio, muchos cineastas han adoptado una actitud menos dialogante y mucho más coercitiva: cabildear al político de turno para que este obligue al resto de la sociedad a financiar su proyecto (vía subvenciones)… aunque muchísimas personas no quieran hacerlo. Nuevamente, vemos cómo los proyectos personales de una persona o grupo de personas (el ‘lobby’ del cine) se imponen sobre el resto.
Al Sr. Lomeña, en cambio, le parece totalmente inconcebible que alguien no desee, consciente o inconscientemente, apoyar al cine español. De ahí que llegue a hilvanar afirmaciones tan rocambolescas como que “el cine español nunca podría constituir una externalidad negativa verdaderamente distintiva para otros ciudadanos (hípsteres, indies, gafapastas, académicos extravagantes y modernitos de todo pelaje, etc.)”. Por supuesto que el cine español supone una externalidad negativa para muchos ciudadanos: en concreto, para todos aquellos que preferirían que no existiera tal cine español (sí, Sr. Lomeña, esas personas existen y también deben ser respetadas, no esclavizadas). Al igual, por cierto, que muchos españoles consideran que el cine estadounidense constituye una externalidad negativa (¡imperialismo cultural!).
El asunto es tan sencillo como, de nuevo, respetar los proyectos de vida de cada persona, incluyendo los de las asociaciones voluntarias que quiera establecer: si alguien valora el cine español, que lo financie (vía entradas, donaciones, participaciones en la producción, etc.); si a alguien le resulta indiferente el cine español, que no lo financie; si alguien odia el cine español, que lo respete pero que no sea obligado a financiarlo.
6. “No hay buenas razones para eliminar las subvenciones y sí las hay, y muy poderosas, para criticar a quienes claman por su erradicación”.
Puede que haya buenas y poderosas razones para criticar a quienes claman por la erradicación de las subvenciones al cine español. Sin embargo, en la columna-refrito del Sr. Lomeña, desde luego no se han expuesto. Su argumentario lo mismo valdría para defender las subvenciones al cine español, como las subvenciones a la elaboración de haikus en sánscrito, a la cría de bonsáis por inmigrantes inuits, o a la producción en masa de banderas españolas para empapelar Cataluña con ellas.
Presuponer, como Lomeña presupone, que el cine español es un bien cultural compartido por todos los españoles sin exponer, al mismo tiempo, el procedimiento por el que podemos especificar cuáles son esos bienes culturales compartidos por todos los españoles es puro ‘wishful thinking’. Al cabo, no nos indica cómo deberíamos comprobar si el cine español es, o no es, uno de esos bienes culturales compartidos por todos. Eso sí, se trata de un ‘whisful thinking’ nada ingenuo, pues busca anestesiar verborreicamente al contribuyente español para que no se revuelva contra el parasitismo fiscal al que está siendo sometido. Ojalá su vacía columna sirva para espolear, un poco más, la revuelta de muchos españoles contra las injustificables subvenciones al cine patrio.
