El poder judicial quedaría desgajado del Gobierno, y estaría sustentado en una institución democrática, controlada por el Congreso.
No creo pecar de catastrofismo si digo que hay un agotamiento del sistema político español de 1978. No voy a extenderme, pero voy a señalar que hay varios aspectos del sistema político de la Transición que, hoy se señala de forma generalizada, no funcionan:
1) Por un lado, una concentración del poder político en unas pocas manos.
2) Por otro, la fuente del poder político está en los partidos, cuya estructura interna no es democrática. Sigue sin serlo, pese a los avances en los últimos años.
3) Del partido, el poder se extiende al conjunto de las instituciones públicas; incluso aquéllas que formalmente están para moderar o controlar el poder.
4) Y desde éstas, se condiciona a las instituciones de la sociedad civil que, de otro modo, podrían ser independientes.
5) El poder del voto en España es muy limitado. Sólo podemos elegir, para cada circunscripción, el corte en las listas que nos ofrecen los partidos.
6) Tenemos una Cámara que no tiene utilidad ni una función política clara; el Senado.
7) La concentración del poder ha favorecido la corrupción
Este análisis es compartido por muchos. Pero hay más consideraciones que se querría hacer, pero que no son tan ampliamente aceptados como válidos.
1) Yo creo que el sistema político y la falta de cultura de los ciudadanos sobre lo que es y no es la ley han llevado a pensar que la ley, el ordenamiento jurídico, es un conjunto de normas arbitrarias, lo cual a su vez ha llevado a hacer ver que todo, incluso los cimientos mismos del sistema político, es arbitrario.
2) La idea de nación española se ha ido desnaturalizando hasta anclarla, como un clavo ardiendo, a la Constitución. Como la Constitución es tan arbitraria como el resto de la ley, la misma idea de nación española se ha convertido en un concepto discutido y discutible.
Luego, por un lado, tenemos un sistema político agotado. Por otro, hay una alternativa real, encarnada por Podemos, que quiere acabar con lo poco de democrático que tiene nuestro sistema. No voy a extenderme ahora sobre este nuevo partido, pero sí quiero decir que lo sigo con mucha atención desde que nació, y que lo que le caracteriza es el eclecticismo por lo que se refiere a los medios para alcanzar el poder, y como objetivo último el poder absoluto.
En estas circunstancias, es posible que el sistema se venga abajo. Y cuando lo haga, necesitamos una alternativa institucional liberal, que sepa dividir el poder, sujetarlo, y proteja la autonomía de la sociedad. Para lograr estos objetivos, desde una reflexión previa a la situación actual, y desde el presupuesto de la defensa sin ambages de la libertad, propongo un sistema político basado en estas líneas maestras.
Dejo a un lado poner fin a la monarquía e instaurar una república presidencialista. Creo que sería un sistema mucho mejor, pero en las circunstancias históricas actuales plantear a ese nivel un cambio del modelo del Estado resulta muy peligroso.
Creo que un bien sistema parlamentario debe tener dos cámaras. Pero no con el sentido de que una modere a la otra, sino para que realicen cada una de ellas funciones distintas, siguiendo el modelo que plantea Friedrich A. Hayek en El orden político de un pueblo libre.
Por un lado estaría el Senado, la Cámara Alta, cuya función sería elaborar lo que entendemos por el derecho. Elaboraría los códigos Penal, Civil, de Comercio, Ley Concursal, Ley de Huelga y demás. Para la elaboración de los códigos, tendrá que tener en cuenta la jurisprudencia, y no legislar en su contra. La jurisprudencia la constituyen las resoluciones en firme del Tribunal Supremo. Otra atribución del Senado sería fijar la estructura de los impuestos, así como los tipos máximos. Y, por último, la aprobación de los miembros del Tribunal Constitucional.
La Cámara Baja, el Congreso, tiene como funciones el nombramiento del presidente del Gobierno, la aprobación de los Presupuestos, y del nivel de impuestos, dentro de la estructura fijada por el Senado. También la aprobación de los nombramientos por parte del Gobierno y el control de la acción del Gobierno.
Habría asimismo una figura, a la que se le podría llamar el Justicia Mayor. Haría las funciones de Fiscal General y de Ministro de Justicia, y sería elegido cada cuatro años, a dos de distancia de la elección del Senado.
Por último, un Tribunal Constitucional, cuyos miembros han de ser juristas de reconocido prestigio, sin antecedentes políticos. Los propondría el Justicia Mayor y los tiene que aprobar el Senado. Como en el caso de los Estados Unidos, su cargo sería vitalicio.
Para acabar con la partitocracia, y para dar contenido democrático al sistema, la elección del Senado y del Congreso se haría con circunscripciones uninominales. Habría que dividir el territorio nacional es circunscripciones, con unos criterios entre históricos y demográficos.
Cada cuatro años se votará un tercio del Senado. De modo que cada senador estará un período de doce años. El motivo es que de este modo, la elección se guiará por cuestiones ideológicas, y el senador tendrá independencia durante ese período del mundo de la política. No podrán ser senadores quienes hayan tenido un cargo político, ni podrán optar a cargo político alguno después de ejercer el cargo. Habría que fijar un límite mínimo de edad. Cada cuatro años se vota la renovación del Congreso.
En un sistema político así, el poder estaría dividido. Idealmente, lo estaría por un lado entre el presidente de la república y el del Gobierno. Pues algunas atribuciones que ahora recaen en el Gobierno quedarían en manos del presidente de la república, como serían las relaciones exteriores, la representación del Estado y las instituciones, la defensa de dichas instituciones, y del respeto a los derechos del ciudadano. En la monarquía actual, gran parte de esas funciones recae en el Gobierno.
De optar por una república presidencialista, las funciones del Gobierno serían hacer cumplir las leyes, la gestión de la política económica, la de los bienes públicos de ámbito nacional (educación, sanidad…) y la política interior. El poder judicial quedaría desgajado del Gobierno, y estaría sustentado en una institución democrática, controlada por el Congreso.
Esa división del poder procede de una división en el origen de las instituciones. De este modo, enlaza con la llamada “constitución mixta”, que es el verdadero origen de la Constitución de los Estados Unidos, y no la división de poderes teorizada, a partir de la constitución mixta inglesa, por el barón de Mostesquieu.
