Tenemos que pensar en un pacto por la industria, pero no un pacto por la industria política.
«It’s just a rumour that was spread around town by the women and children soon we’ll be shipbuilding». Robert Wyatt.
Las malas noticias de la pérdida de la fábrica de Nissan y el probable cierre de parte de la producción de Alcoa no pueden llegar en peor momento. Pero era la crónica de una muerte anunciada.
Uno de los enormes problemas que genera la intervención constante de gobiernos es la de no crear alternativas y reestructuración en aquellas partes del sector industrial más ineficientes cuando la evidencia de la zombificación de algunas áreas del sector del aluminio y del automóvil era ya evidente.
Nissan llevaba funcionando a menos de un 70% de capacidad desde 2012. Alcoa llevaba años sufriendo el constante aumento del coste de la electricidad con las subidas de impuestos, costes fijos y subvenciones.
Ambas hicieron todo lo posible por sobrevivir a pesar de un aumento constante de costes fijos que les hacía perder dinero. Pero, además, ambas empresas se encontraban con la evidencia de un enorme exceso de capacidad de producción a nivel global y un cambio del patrón inversor mundial y de crecimiento que hacían que el modelo de negocio se desmoronase.
El sector del automóvil en España es un sector de alto valor añadido, fuerte inversión y alta creación de empleo. No solo el sector en sí mismo, sino todas las industrias que se mueven alrededor del mismo. Pero el del automóvil en Europa lleva años con problemas de exceso de capacidad.
Según McKinsey, la capacidad utilizada del sector se ha reducido consistentemente desde el año 2000, y a pesar de los esfuerzos de las empresas por retirar capacidad excedentaria, la matriculación de vehículos ha sido decepcionante y ya era muy negativa en 2018 y 2019, y los escollos a la transformación han sido muy importantes.
El sector del automóvil se enfrenta a varios retos: el crecimiento de la demanda viene sobre todo de los países emergentes, China y EEUU, lugares donde las condiciones de competitividad fiscal, flexibilidad y capacidad de gestionar el ciclo son mucho mayores que en Europa, donde el crecimiento de ventas ha sido pobre desde hace años pero, además, se introducen enormes rigideces administrativas, inseguridad jurídica e inversora con anuncios políticos desafortunados y los costes de producción y almacenamiento más onerosos.
El sector, por tanto, necesitaba, como llevan explicando muchos analistas desde hace años, menos subvenciones para permitirle zombificarse y más flexibilidad para permitirle adaptarse e innovar.
En el sector del aluminio y del acero pasa algo muy parecido. Los gobiernos lo consideran estratégico, que significa inmediatamente atiborrarlo de costes fijos y mantener un exceso de capacidad que no era una sorpresa ya en 2002. Gran parte de los gobiernos prefieren mantener a la industria zombificada aunque sea evidente el exceso de capacidad productiva, los bajos precios y los altos costes, antes que presentar un programa serio de reconversión y adaptación.
Cuando en España hablamos de un pacto por la industria, pensamos que van a caer fabricas del cielo porque lo diga un grupo de políticos. Un pacto serio por la industria empieza por no poner escollos y trabas. Las industrias electrointensivas son las principales exportadoras españolas. Cargarlas de costes fijos, enormes trabas burocráticas, injerencia local, regional, nacional y fiscal hace que se deslocalicen… No por maldad, sino por imposibilidad de competir.
Los gobiernos ven a las industrias como activos cautivos de su actividad política, y eso lleva a que se entre en el bucle de subvencionar a los no competitivos, penalizar fiscalmente a los eficientes y destruir la capacidad de regenerar el tejido industrial.
Si para mantener una planta de automóviles que funciona a un 65% de capacidad le subes los impuestos y las trabas burocráticas a cientos de empresas que podían establecerse y crear empleo alternativo, ni salvas los empleos de ahora ni creas los del futuro.
No piensen ustedes que esto es un problema español solo. Es un problema europeo en particular. Se llama dirigismo. Los gobernantes locales y estatales hacen todo lo posible por rescatar el pasado mientras dejan morir el futuro. Ni consiguen lo primero ni evitan lo segundo.
Cuando hablamos de un pacto por la industria y le añadimos el término ‘verde’ saltan todas las alarmas. Los políticos saben perfectamente que las tecnologías disruptivas y el avance de la industria verde requiere de mucha menos inversión en capital y empleo y genera muchos menores ingresos fiscales que las industrias tradicionales.
Si queremos que genere mucho más, debemos centrarnos en las industrias y servicios adyacentes. Como sí se genera mucho más crecimiento y empleo, y con ello ingresos fiscales, es permitiendo la sustitución de aquellas partes que sean ineficientes y atrayendo más inversión que pivote alrededor de las tecnologías disruptivas.
Eso no se consigue si le impones la fiscalidad y trabas burocráticas del siglo XX a los sectores del siglo XXI. Si encima destruyes la capacidad de atraer inversión tecnológica con impedimentos fiscales y administrativos, puedes poner el título a un ministerio que quieras, que seremos fabricantes de la parte menos relevante del producto final de otros.
No nos sorprende entonces que se vaya a rescatar a toda costa con dinero del contribuyente la sobrecapacidad en aerolíneas, aluminio, automóvil y petróleo lo cual impide que los eficientes se fortalezcan al perpetuar el exceso de capacidad y que las nuevas tecnologías crezcan, a las que van a freír a impuestos.
Cuando hablamos de un pacto por la industria debe ser un pacto donde gobiernos, sindicatos y agentes económicos no escojan ganadores y perdedores, sino que fortalezcan la capacidad de las áreas industriales de atraer diferentes industrias y servicios con una política de oferta, no de demanda.
En España tenemos un ejemplo de éxito, la reconversión y adaptación del País Vasco, y muchos de fracaso de dirigismo político. Las cuencas mineras, para empezar. Uno muestra que una fiscalidad atractiva y dejar a los agentes económicos crear oportunidades y diversificar funciona. Otro demuestra que vía subvenciones e ignorando los problemas solo se perpetúa el fracaso.
Si al sector del automóvil se le hubiera permitido llevar a cabo la reconversión que debería haber hecho ya en 2005, hoy no nos llevaríamos las manos a la cabeza por el cierre de una planta que lleva en pérdidas desde hace años.
La falacia de que estas empresas «recibieron enormes subvenciones» y ahora se van, como si fueran malvados especuladores, esconde la realidad de que esas mal llamadas subvenciones en ningún caso evitaban pérdidas ni el creciente peso de costes fijos.
Un pacto por la industria debe reconocer la importancia del automóvil para empleo y creación de valor económico, pero a la vez la importancia de dejar respirar a un sector en reconversión y gestionar lo que conocen mejor, poner las medidas para que en las ciudades y comarcas donde parte del empleo depende de una planta se diversifique la actividad.
Si ponemos zancadillas a los que pueden apostar por invertir en nuestro país y subvenciones a los que no van a sobrevivir por mucho que lo ponga en un tweet un presidente, tendremos todavía menos industria y menos crecimiento.
Si encima de poner escollos por todos los lados, llega el intervencionista de turno y lo que propone es nacionalizar… ¡una multinacional japonesa! no solo dicen una sandez, sino que alertan a cualquiera que quiera invertir del riesgo que existe en este país. ¿Qué van a nacionalizar? ¿La multinacional japonesa o una fabrica vacía porque las patentes, tecnología y procesos se han ido?
Tenemos que pensar en un pacto por la industria, pero no un pacto por la industria política.
