La unión política no es ni condición necesaria ni suficiente para que las sociedades puedan relacionarse por la vía de entretejer más y más lazos entre ellas.
El Brexit ha supuesto un tsunami institucional con multitud de ideas solapadas y contradictorias. Ni todos los partidarios de sacar al Reino Unido de la Unión Europea son xenófobos (aunque sí los hay) ni apoyar a la UE equivale abrazar la bandera de la libertad de movimientos de personas (los sirios hacinados en los campos turcos tendrían algo que decir al respecto), ni la integración entre sociedades pasa inexorablemente por la unificación política.
¿La Unión Europea es la unión de los europeos?
Una de las ideas que favorece que gran parte de la población se declare fervientemente europeísta quizá sea la de equiparar “sociedad” con “política” o “estado”, cuando en realidad la unión política no es ni condición necesaria ni suficiente para que las sociedades, a través de los individuos o grupos que la integran, puedan relacionarse por la vía de entretejer más y más lazos entre ellos. Esta idea también sirve de base para propugnar un poder político cada vez mayor: si el Estado, los políticos y burócratas, somos nosotros (el pueblo), ¿qué problema hay con su tamaño? ¿Por qué no una UE con un gobierno fuerte? ¿Qué riesgo puede haber en su deriva cada vez más intervencionista? La fusión de Estado y sociedad nos impide entender la peligrosa relación que hay entre la extensión del Poder y la preservación de la libertad del individuo (sociedad). Desde este estrecho ángulo, no cabría otra explicación al Brexit que la de estar basada en ideas retrógradas. Por eso, ideas positivas como el incremento de las relaciones sociales, de la cooperación económica, cultural, o incluso de la unión entre europeos, solo se conciben bajo la influencia del lenguaje político.
Sin embargo, la unificación política puede suponer un peligro para la integración de las sociedades a través de una tendencia hacia la cartelización de las políticas públicas y, por tanto, a través de la falta de competencia entre Estados, lo que agranda su intervencionismo y los vuelve más poderosos sobre el individuo (la sociedad). Al respecto, uno de los ámbitos donde este peligro se percibe de un modo más claro acaso sea el de la fiscalidad. No es sólo que la UE conlleve una tendencia hacia la uniformización de las legislaciones fiscales, a la armonización al alza de los impuestos (que perjudica los intercambios y relaciones sociales entre europeos), sino que también le permite ejerce un mayor poder de negociación como bloque (también denominada ‘posición común‘) en los foros fiscales internacionales para promover mayores impuestos (mayor diversidad de voces e intereses podría dar pie a mayor competencia fiscal dentro de estos foros que terminan por delinear los sistemas fiscales que padecemos). Y no es sólo el diseño de los impuestos, sino su aplicación: es mucho más fácil aplicar medidas perjudiciales desde un órgano de poder alejado de los afectados que cuando éstos se hallan más cerca del ciudadano.
¿Por qué es necesario una unión política y la creación de un gobierno federal de los Estados Unidos de Europa para preservar los aspectos positivos que pueda haber en la legislación comunitaria? Afirmar esto es tanto como decir que no cabe la cooperación administrativa sin unión política, cuando en realidad la cooperación entre administraciones admite mucha mayor evolución, e incluso innovación. En primer lugar, los tratado bilaterales o multilaterales puede introducir coordinación entre administraciones. Y en segundo lugar, no sólo podría haber coordinación sino competencia entre ellas, una idea proscrita en el espíritu centralizador de la UE.
Una única oferta de diseño institucional (UE) es un problema
La deriva hacia la centralización política no debería ser la única oferta institucional para los ciudadanos, y quizá, en parte por ello, haya este tipo de sentimientos anti-UE en distintos países (la crisis ha puesto en evidencia numerosos problemas). Por tanto, movimientos como el Brexit —que tanta incertidumbre introducen— deberían evitarse dando cabida a otro tipo de diseño institucional, como las administraciones basadas en las funciones y no en los territorios. Son las denominadas jurisdicciones concurrentes, un tipo de administraciones que cubren determinados servicios públicos específicos, que no emanan de un único gobierno en el territorio donde se aplican y que además poseen poder tributario propio para financiarse.
¿Estas administraciones son tan irreales como parecen? No. Pongamos un ejemplo, aunque imperfecto, de la idea de administraciones que compiten entre ellas y que no se basan en el territorio o la nación y sí en la función: la educación. En el sistema español, centralizado en las comunidades autónomas, cabe la posibilidad de que los centros educativos se rijan por las normas españolas, o bien por las de otros estados, deviniendo entonces centros extranjeros que pueden homologarse (legalizarse) como centro educativo en España. Aunque en última instancia la legalización del centro la regula y depende del Estado español (comunidades autónomas), las normas por las que se rija el centro pueden ser las del estado británico, estadounidense, alemán, francés, italiano, etc.: esto es, aquellos estados con los que el Reino de España tenga firmado un convenio educativo internacional. El promotor o propietario de centros educativos tiene, hasta cierto punto, la posibilidad de elegir qué marco legal le conviene más —en función de su visión pedagógica o empresarial— entre una (limitada) variedad de administraciones que concurren y compiten entre sí. Son administraciones que como decimos, no se basan totalmente en el territorio sino en el servicio en sí, y que se autofinancian total o parcialmente autónomamente.
¿Por qué no ampliar esto a muchas más áreas y servicios públicos? ¿Siempre tenemos que concentrar todo el poder político y burocrático basándonos o en el terruño o en el Proyecto Europeo? ¿Por qué no trascender debates anquilosados en los dos últimos siglos e introducir cierta innovación en las administraciones públicas? La respuesta es obvia: introducir competencia o cierta empresarialidad política (valga el oxímoron) obligaría a que los gobernantes se esforzaran más en adecuar sus actividades a los gobernados, con serio riesgo de ir perdiendo poco a poco el poder que hoy detentan.
Conclusión
Para mantener las libertades que la UE ha traído no es necesario la creación de un gobierno federal y una política común. La integración de los europeos no debería someterse a un chantaje por parte de los eurócratas, sino, simplemente, permitirse y facilitarse, dando entrada a administraciones más acordes con los nuevos tiempos. Esperemos que los políticos que han de lidiar con este toro no introduzcan más incertidumbre de la que ya han creado.
