El Estado, que se arroga el monopolio del ejercicio de la defensa y ha impedido hasta ahora que las empresas de seguridad pudieran dedicarse a defender nuestros barcos y propiedades fuera de España, se muestra totalmente incapaz de defendernos; y eso que había desplegado un dispositivo junto a otros países europeos para prevenir este tipo de sucesos.
Los temibles piratas somalíes no dejan de ser pandillas de jóvenes con armamento mediocre. Sin embargo, esos recursos parecen ser más que suficientes para poner en jaque a nuestro servicio de Defensa. Y es que cuando uno se arroga un monopolio, lo primero que debería hacer es preguntarse si es capaz de ofrecer el servicio allí donde sea necesario prestarlo. Otros países con ejércitos mucho más grandes son conscientes de sus limitaciones y permiten desde hace muchos años la actividad de empresas privadas de seguridad y defensa internacional. Los miembros de la secretaría de Estado de Estados Unidos, por poner un ejemplo, son defendidos en sus desplazamientos por empresas como Blackwater, incluso en países en los que hay bases del ejército norteamericano. Aquí, en cambio, nos hemos dedicado a demonizar la prestación de este tipo de servicios a cargo de empresas privadas y así nos va.
De la Vega y su escudero Moratinos se han metido en un buen lío. Primero se tiraron un mes sin hacer nada esperando que Obama, Merkel o Sarkozy nos resolviera el problema; a continuación dejaron que los piratas sacaran a tres pescadores del barco colocándoles en una posición mucho más fuerte de la que tenían; luego se han dedicado a confundir a las familias con noticias falsas y por último se han puesto a negociar con el Gobierno somalí en lugar de optar por usar los efectivos desplazados a la zona o negociar directamente con los piratas de manera transparente. Por otra parte, los piratas saben que el Ejecutivo español ha estado dispuesto a pagar jugosas sumas en ocasiones anteriores y que un Gobierno que ha mentido a los familiares no se puede permitir en este momento otra cosa que no sea traer a los pescadores a casa sanos y salvos a cualquier precio.
Para colmo de males, hemos visto como Garzón mandó a traer a España a unos piratillas que iban a por víveres en vez de enviarlos a un lugar desde el que poder negociar el canje con los piratas. Ahora no sólo dependemos de las malas artes diplomáticas españolas sino de nuestro ovillo jurídico-legislativo, que no considera la piratería más que una especie de juego de niños malos.
Los piratas del Índico deben haber tomado buena nota de lo ventajoso que resulta secuestrar un barco con bandera española. En medio de tanto despropósito, la única buena noticia es que ha hecho falta algo así para que en este país demos un margen algo más amplio a los servicios de seguridad privados. Eso quizá desincentive en el futuro a los piratas y nos libre del efecto llamada de este desatino. Mientras tanto, crucemos los dedos por la suerte de la tripulación del atunero español.
