Vivir en un país libre es sobre todo vivir en un país con leyes democráticas aplicadas respetando los derechos de los acusados.
Votar no es suficiente para considerar que un Estado sea democrático. Naturalmente, a quienes desprecian lo que convierte a una nación en un país libre les conviene publicitar esa falsa equivalencia, porque les permite convertirse en tiranos y violar nuestros derechos siempre que tengan como excusa unas urnas. Pablemos hablaba de «democratizar la economía» cuando se refería a que el Estado nos robara más, y los independentistas hablan de «derecho a decidir» como máscara para un supremacismo mucho más difícil de vender.
Para que un país sea verdaderamente libre y democrático debe ser un Estado de derecho. No basta con que se redacten leyes: éstas deben tener unos límites que protejan un espacio de autonomía para los ciudadanos y las asociaciones que formen. Y debe existir un poder judicial independiente que nos juzgue a todos. Esto, naturalmente, es un ideal que no existe en sociedad humana alguna. Pero es a lo que todos deberíamos aspirar, y en países como España estamos lo suficientemente cerca como para ser considerados en todo el mundo civilizado sociedades libres.
Ahora bien, para poder mantener ese estatus hace falta que la sociedad asuma como propios los valores del Estado de derecho, que incluyen garantías y derechos muy amplios a quienes son acusados de cualquier delito, por muy repugnante que sea. Todos podemos caer en la tentación de valorar más los atajos que el lento y tortuoso camino de la Justicia, especialmente cuanto más luctuoso es el crimen y más clara la culpabilidad. Pero no deberíamos caer en la tentación de denigrar a unos jueces cuando se limitan a hacer su trabajo.
Estos días ha causado grave escándalo entre mucha gente lo que se ha considerado un exceso impropio por parte del tribunal que está juzgando la violación, durante unos Sanfermines, de la que están acusados un grupo de cinco energúmenos conocidos como La Manada: la admisión de la investigación de un detective sobre la vida de la víctima después de los hechos. Se trata de un caso peliagudo porque, aunque nadie pone en duda que la relación sexual existió, entre otras cosas porque hay fragmentos de vídeo que lo demuestran, hay que probar que no fue consentida. Conocemos por la prensa muchos detalles sobre el historial, el carácter y las intenciones del Prenda y compañía, de modo que la mayoría de nosotros se inclina, por decirlo suavemente, por su culpabilidad. Pero la Justicia no es un linchamiento público, o no debería serlo. ¿Qué es lo que quieren quienes llaman a una manifestación contra la «Justicia patriarcal»? ¿Que los jueces no admitan la prueba y los acusados puedan así recurrir por vulneración de su derecho de defensa hasta Estrasburgo y, lo que es peor, que allí les den la razón?
Admitir ese documento como prueba no implica, como parece que muchos creen, que los jueces lo consideren relevante, o que vaya a modificar en nada la decisión que habrán de tomar. Simplemente, que lo creen dentro del derecho de los acusados a presentar pruebas en su descargo. El testimonio de la víctima es esencial para probar la acusación; por eso las defensas intentan desacreditarlo, tanto en la sala del juicio como con otro tipo de estrategias. Recordemos el caso de la feria de Málaga, que a todos nos escandalizó tanto como éste, hasta que jueces y abogados vieron claro en los vídeos que había sido una relación consentida y la denunciante confesó haber denunciado por arrepentimiento.
El Estado dispone de recursos infinitamente superiores a los de un acusado por un crimen cualquiera. De esa asimetría, y del conocimiento sobre la naturaleza del poder, han surgido a través de los siglos instituciones destinadas a poner límites a quienes acusan y proteger a quienes se defienden. Sí, algunos de estos últimos son basura. Y a todos nos pone nerviosos ver a sus abogados cumpliendo con su obligación. Pero aunque a veces la tentación sea irresistible, vivir en un país libre es sobre todo vivir en un país con leyes democráticas aplicadas respetando los derechos de los acusados, y cuando protestamos contra el Estado de Derecho colaboramos con quienes lanzan vivas a las caenas.
