España vuela ya sin motores económicos que la sustenten. La construcción, la industria, el sector servicios y el turismo presentan tasas de actividad negativas, lo cual se está traduciendo en un rápido incremento del número de parados. De este modo, la paulatina caída de la producción registrada en los últimos meses se materializará, a partir de 2009, en un brusco aterrizaje de consecuencias nefastas para trabajadores y empresas.
España cuenta en la actualidad con una tasa de desempleo del 10,6 por ciento (algo más de 2,4 millones de parados). ¿Se imaginan que esta cifra se dispare hasta los 4 millones? Pues bien, este es el panorama al que nos enfrentamos de aquí a 2010, con tasas de paro próximas al 20 por ciento, tal y como aconteció durante la recesión de mediados de los años 90. De hecho, la economía nacional se enfrenta a un contexto incluso más complejo y desolador que el de entonces, debido al elevado endeudamiento español y a la crisis de solvencia crediticia que se cierne sobre el mercado financiero internacional.
¿Soluciones? Pocas. La crisis es inevitable. Sin embargo, sí se pueden acometer reformas estructurales de calado con el fin de suavizar los efectos que conllevará la tempestad. En este sentido, cabe destacar la aplicación de medidas en materia de empleo. La principal preocupación de cualquier ciudadano radica en poder mantener su puesto de trabajo. Es decir, contar con un flujo de ingresos regular y estable para afrontar con cierta holgura los pagos.
En el contexto actual, la clave no radica tanto en el hecho de mantener un puesto fijo que en ningún caso estaría garantizado, teniendo en cuenta la avalancha de quiebras empresariales que se avecinan, sino en poder encontrar un nuevo trabajo en el menor tiempo posible en caso de despido. Malas noticias. España cuenta con uno de los mercados laborales más rígidos de las economías desarrolladas.
Las empresas se enfrentan, además, a un sinfín de trabas administrativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que dificultan en gran medida el libre desarrollo del negocio y, por tanto, el crecimiento de la compañía y la consiguiente contratación de nuevos empleados. La liberalización plena del mercado laboral español no sólo es necesaria, sino ineludible para afrontar con ciertas garantías la peor crisis económica de los últimos 40 años.
Curiosamente, pese a que EE.UU. ha entrado técnicamente en recesión, presenta una tasa de paro de solo el 5,6 por ciento. Por el contrario, el PIB español todavía no ha registrado tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, el desempleo nacional duplica ya al estadounidense. El riesgo de la economía española consiste en la dificultad que tienen los trabajadores para reincorporarse al mercado laboral. De ahí precisamente que esté aumentando el número de parados de larga duración.
¿Esperanza? Por desgracia, ninguna. La rigidez laboral se mantendrá intacta durante la presente legislatura. El Gobierno socialista confía en que España recuperará la senda del crecimiento económico en breve. Algo que no va a suceder. Por ello, aboga por la aplicación de medidas transitorias como la anunciada recientemente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. En concreto, el Ejecutivo de Zapatero pretende contratar en 2009 a 100.000 desempleados procedentes del sector inmobiliario y de la construcción.
Es decir, más empleo público o, lo que es lo mismo, aumento del gasto a costa de restar riqueza al resto de ciudadanos. Una medida del todo insuficiente e ineficaz para atajar uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la economía nacional. ¿Por qué no contratar entonces a los 2,4 millones de parados que existen en la actualidad? Que yo sepa, en países de la talla de Cuba o Corea del Norte tampoco existe el paro, ¿verdad? Papá Estado se encarga de que no falte trabajo. Una gran idea la del ministro. Aunque existe otra incluso mejor: que Corbacho saboree por sí mismo la experiencia del desempleo, y así al menos los contribuyentes se ahorrarían el tener que sufragar su elevado sueldo.
