Más de cien mil personas engordaron las listas de desempleo en agosto, por lo que ya suman, en un año, más de quinientas mil. La afiliación a la Seguridad Social tiene la mayor caída desde agosto de 1993 y el INEM podría estar en déficit. Las previsiones de desempleo no son nada halagüeñas, pues casi todos los informes hablan de una horquilla de desempleo para 2009 de entre el 13% y 15%.
Ante estas impresionantes cifras, el Gobierno Zapatero pretende generar empleo mediante trasferencias obligatorias de capital de los actores productivos a los no productivos. A eso lo han llamado invertir en "actividades de interés colectivo". Eso significa que el Gobierno asignará trabajos a cosas que el mercado, esto es, la sociedad, no demanda, por ejemplo: más funcionarios, más constructores, más personas dedicadas a la conservación de espacios naturales, etc. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, quiere aplicar lo que Keynes ya decía hace 80 años, a saber, que los desempleados caven zanjas para después volverlas a tapar. El mercado no demanda cavar zanjas para luego taparlas, porque si así fuera existirían empresas privadas dedicadas a hacerlo. Tampoco demanda más inútiles funcionarios en las oficinas gubernamentales que hagan crecer la burocracia ni más obreros de la construcción. De no ser así, no se estaría hundiendo el sector de la construcción ni habría dos millones de viviendas vacías.
Lo que propone Corbacho es que haya quien trabaje por trabajar para asignarle un sueldo después. Pero el trabajo, cuando no implica producción útil para la demanda, sólo genera pérdidas netas. Eso lo saben muy bien más de la mitad de las empresas que acaban cerrando antes de cumplir su primer año por no ofrecer bienes o servicios por los cuales la gente esté dispuesta a pagar lo que le piden. En última instancia, lo que hace el libre mercado es intercambiar de forma voluntaria la producción propia por la producción de otro. En cambio, lo que hace el Estado es robar al que produce para quedarse con una parte y transferir el resto al que no produce. Aquí no hay generación de riqueza, sólo transferencias de dinero obligatorias. Es un mero acto criminal contra la comunidad que, además, genera corrupción, parasitismo, una cultura hedonista acostumbrada a vivir de las rentas de los demás y una absoluta falta de responsabilidad y esfuerzo personal.
Las medidas del ministro de Trabajo no sólo van dirigidas a los trabajadores, como la prensa ha querido vender, sino también a grandes empresas como constructoras e inmobiliarias. Las medidas del Gobierno suponen quemar nuestro dinero para mantener un sector en declive, mantener los amplios márgenes para las grandes constructoras y comprar los votos de aquellos a los que subvenciona por realizar trabajos improductivos.
Los socialistas siempre apelan a las necesidades colectivas como imperativo moral de una justicia mayor, la justicia que impone el dictador de la producción. Como todo demagogo en busca de rendimientos electorales apelan al corazón y no al sentido económico. Cosas como casas gratis, libros escolares gratis o sanidad gratuita no existen, todo se paga. Si las casas, los libros escolares, la sanidad y todo lo demás fuese gratis eso significaría que los productores, tanto el empresario como sus proveedores y cada uno de los trabajadores de ambos no habrían cobrado nada para proporcionar ese bien a la sociedad, lo que es absurdo porque todo el mundo trabaja por un salario. Si el Estado ofrece algo gratis o a un precio reducido, eso sólo puede significar que alguien está pagando los servicios de otro en contra su voluntad. ¿Los ricos? Los ricos no pagan. En España hay poco más de 4.000 personas que declaran tener unas rentas anuales superiores a 600.000 euros, lo que representa un 0,03% de todos los declarantes. ¿Hay alguien tan inocente que se lo pueda creer realmente? ¿Cuáles deben ser las rentas reales de estas personas? ¿Ya sabe que los impuestos generados sobre esas rentas, a nivel de contabilidad nacional, no dan ni para el chocolate del loro? En España, el 97% de los contribuyentes, 14,5 millones de personas, tenemos unas rentas inferiores a 60.000 euros. Somos los que estamos en ese 97% quienes vamos a pagar los platos rotos del Gobierno.
La gran contradicción a todo esto es que si todo el mundo quiere vivir del dinero del Estado y el Estado sólo puede vivir de nuestro dinero, ¿qué futuro nos espera? En un momento de crisis como la actual, si al ciudadano y a las empresas nos suben los impuestos y nos multan, que ya todos los ayuntamientos se han puesto manos a la obra en esa tarea, ¿no se alargará la crisis y viviremos peor? Los meses futuros lo dirán.
