Al grito de ¡más madera!, Zapatero ha hecho oídos sordos a las recomendaciones que apremian la necesidad de abordar profundas reformas estructurales en el ámbito laboral, energético, comercial y administrativo para salir cuanto antes de la crisis. Lejos de apostar por la liberalización económica, las rebajas fiscales o la reducción del gasto público, el Gobierno tira de chequera con el ilusorio objetivo de que la administración relance a la economía. Y, efectivamente, tirará, pero hacia al barranco, al conjunto de los españoles.
Más allá de la necedad que supone tratar de cambiar todo un modelo productivo a golpe de decreto, en lo que constituye una imitación burda y torpe –gracias a Dios– de los planes quinquenales de Stalin, la clave de las medidas anunciadas por el presidente radica en el coste futuro que supondrá al bolsillo de los contribuyentes. En un alarde de chulería temeraria y prepotencia irracional, Zapatero apuesta firmemente por aumentar la deuda pública con el fin de salvar a sectores en quiebra e impulsar actividades improductivas, tales como las energías renovables o los servicios sociales. Es decir, un derroche de dinero a espuertas cuya factura, tarde o temprano, habrá que pagar.
Y ello, bajo el argumento falaz de que España aún tiene margen para permitirse un mayor endeudamiento público. El Gobierno olvida que ya ha despilfarrado más de 50.000 millones de euros bajo las siglas del Plan E sin obtener ningún resultado visible. Pese a ello, echará mano de más gasto público, cuyo efecto será igualmente nulo.
Sin embargo, lo dramático no son los resultados sino sus consecuencias. España es uno de los países más endeudados del mundo. En concreto, el auge inmobiliario de los últimos años, animado por tipos de interés artificialmente bajos, ha permitido que la deuda viva haya pasado de representar el 212% del PIB nacional en 2002 al 344% en 2007. Además, es deuda de muy baja calidad. La economía española sólo generaba 28 céntimos de PIB en 2007 por cada euro de deuda comprometido, debido a las malas inversiones financieras acometidas al calor de la burbuja crediticia.
Por si ello fuera poco, España es uno de los países más endeudados con el exterior. La falta de ahorro interior –anclada en torno al 20% del PIB– impedía que la banca nacional pudiera satisfacer la disparatada demanda de créditos, sobre todo hipotecarios. Los bancos tuvieron entonces que buscar fondos fuera del país. El endeudamiento nacional neto –lo que familias, empresas y Administraciones Públicas deben al exterior– pasó de 85.000 millones de euros en 1996 a cerca de 860.000 millones (el 80% del PIB) en el segundo trimestre de 2008.
La abultada deuda privada y el grave déficit exterior de la economía española sitúan al país en una situación especialmente delicada frente a la tormenta perfecta que, precisamente, ha generado el estallido de la crisis del crédito a nivel internacional. En la actualidad, el mercado está purgando los excesos pasados vía recesión, morosidad, deflación, quiebras, restricción del crédito y paro. Es decir, identificado las malas inversiones y reestructurando la actividad productiva. Sobre todo, en aquellos sectores que más se beneficiaron de la burbuja, como es el caso de la banca, el motor o la construcción.
En lugar de facilitar el ajuste mediante una mayor liberalización económica, Zapatero ha visto una oportunidad para tratar de imponer por ley su modelo ideal, una economía "verde y social", que tan sólo puede ser sostenida a base de subvenciones. Si su plan triunfa se disparará el déficit presupuestario, la deuda pública y la presión fiscal, al tiempo que se restringirá aún más el crédito al sector privado. Tan sólo con las medidas ya aprobadas, la deuda pública amenaza con alcanzar el 80% del PIB en 2010. Y ello, sin contar los más de 100.000 millones de euros que, como mínimo, precisará el Estado para salvar de la quiebra a numerosas cajas de ahorro.
Es decir, si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, lo que propone ahora el Gobierno es más deuda para apagar el incendio. La japoneización de la economía española está servida. Sólo que con un matiz. Los inversores confían en el ahorro y el superávit comercial de Japón para devolver los compromisos financieros adquiridos por su Gobierno, y que ascienden al 160% del PIB. La rigidez y la falta de competitividad propia de la economía española hará que la confianza en los bonos del Tesoro se evapore como un azucarillo en un vaso de leche caliente. De ahí, a una crisis como la vivida en algunos países latinoamericanos hay tan sólo un paso. Bienvenidos, pues, a la burbuja de la deuda pública.
