España ya tiene renta mínima de inserción, PER, y todo tipo de mecanismos similares.
«It is only a paper moon sailing over a cardboard sea» Harold Arlen.
El cuatro de diciembre de 2019, la ministra de economía afirmaba rotundamente en la televisión internacional que el déficit de España iba a ser del 2%. Cerramos el año con el 2,7%, la primera subida de déficit desde 2012.
Este dato, aparentemente irrelevante para algunos, ha sido muy probablemente determinante para que se rechazara radicalmente la propuesta de mutualización de deudas en el Eurogrupo. Si no cumplimos nuestros objetivos de reducción de déficit (revisados, encima, al alza) con un crecimiento del 2%, ingresos fiscales récord y todavía cierta creación de empleo, imaginen en tiempos de crisis.
Si el Gobierno de España hubiera querido extraer un acuerdo de calado con nuestros socios europeos debería haber presentado una propuesta propia de condicionalidad y responsabilidad presupuestaria.
Sin embargo, tomó dos decisiones ideológicas. Primero, apropiarse del término ‘coronabono’ como si sólo pudiera ser lo que el Gobierno quería, que era básicamente que todo lo que gaste España y el Gobierno decida denominar «lucha contra el coronavirus» se reparta entre los demás socios de la Eurozona.
Grave error, porque ‘coronabono’ puede incluir muchos detalles y requisitos diferentes. La segunda decisión ideológica fue presentar una propuesta que sabía que nacía muerta, solidaridad sin responsabilidad, para que se empezase a mover el ya conocido mensaje de que los malvados del norte no son solidarios, tan manido en la crisis de 2008. Mecanismos de solidaridad hay muchos en la Unión Europea, como se ha demostrado, pero solidaridad no es donación. No existe la solidaridad sin responsabilidad.
No solo se trata de la falta de confianza ante errores del pasado en un país que abandonó todo esfuerzo reformista en 2013 y donde se habla de recortes inexistentes y austeridad ficticia cuando lo único que hemos tenido ha sido moderación presupuestaria. Se trata de la batería de despropósitos que estamos viviendo.
El relato de que el gobierno no puede presentar presupuestos, dar estimaciones de déficit, de PIB y de deuda o de paro porque hay «mucha incertidumbre», mientras lanza decreto tras decreto sin memoria económica, es más que una ridiculez. Es irresponsable.
El Gobierno sabe perfectamente la cifra de desplome de ingresos, de aumento de gastos y de destrucción de empleo. Y sabe perfectamente la tendencia con la que generar estimaciones.
Es todavía más imprudente utilizar la excusa del coronavirus para no presentar unos presupuestos que saben perfectamente que serían rechazados.
Como con tantos e innumerables ejemplos, el Gobierno está utilizando una situación excepcional para aumentar de manera muy superior a nuestros socios los desequilibrios y luego culpar a cualquier chivo expiatorio.
La intervención del Estado no está llevando a cabo los procedimientos habituales de fiscalización previa del gasto público ni se han llevado a cabo procedimientos extraordinarios para limitar el aumento de gasto no necesario mientras sube el coste de lo urgente, abriendo la puerta a un posible aumento de cualquier partida. Además, todas las medidas que se han anunciado a bombo y platillo carecen de memoria económica y espacio presupuestario.
El caso de la renta vital mínima es paradigmático. La renta básica no es nada más que un subsidio a la obediencia pagado con más deuda y más recortes en el futuro. España ya tiene renta mínima de inserción, PER, y todo tipo de mecanismos similares.
El propio fracaso de esos programas debería alertarnos sobre la eficacia de esta medida. Pero lo más alucinante es que, a un aumento de déficit sin precedentes y a toda una batería de medidas sin memoria económica ni justificación presupuestaria el ministro Escrivá añada que «supondrá un aumento de deuda pública y la financiaremos en mercados de deuda».
Endeudarse para pagar asistencialismo con el ahorro de los demás y a la vez poner escollos a la inversión y el empleo da mucha confianza (nótese la ironía)… Y esperando que lo paguen en Alemania. Un plan sin fisuras.
Esta misma semana, el ministro de Finanzas de Francia anunciaba las estimaciones de caída de PIB, de déficit y paro para 2020, con una advertencia adicional. «Subir los impuestos no es una opción». Sabe que cualquier recuperación va a tener que pasar por una reducción de impuestos para atraer el máximo de empleo e inversión.
Weidmann, del BCE, también ha avisado en Bloomberg que los gobiernos tienen que gastar ahora en sanidad, pero después tendrán que ahorrar. Y es importante entender esto. Ahorrar no significa asfixiar más a impuestos a los contribuyentes que puedan sobrevivir al caos que el gobierno ha creado. Significa reducir gastos.
El Gobierno sabe que el enorme agujero presupuestario que está creando no es solo el de 2020. Es el de 2021, 2022 y 2023, ante a destrucción de bases imponibles por negarse a exonerar de impuestos al tejido productivo durante el cierre forzoso. En vez de utilizar el espacio fiscal que nos concede el mundo en 2020 para fortalecernos de cara a la recuperación, ponen mayores escollos a los que van a permitir dicha recuperación y, además, prometen unas partidas de «ayudas» que ni pueden pagar -ojo- ni van a pagar. Pero luego le echarán la culpa al siguiente de los «recortes».
El relato de la «crisis simétrica» es completamente falaz. Muchos países van a aumentar su déficit y a ver su PIB caer, claro. Casi ninguno va a ver un desplome como el de España, y, lo que es peor, con una recuperación más lenta, endeudada y con mayor paro, según la inmensa mayoría de casas de análisis.
El Gobierno de España nos dice que no va a dejar a nadie desprotegido. Bueno, a nadie excepto a autónomos, a empresas, a sanitarios sin recursos para hacer su trabajo, a propietarios, a start-ups, a profesionales independientes y, en general, a todos los contribuyentes. Para el Gobierno, no dejar desprotegido a nadie es ignorar que está dejando desprotegida a la mayoría si ignora la importancia de preservar el tejido productivo.
No hay política más antisocial que destruir las bases imponibles y las empresas de hoy que suponen el soporte para el gasto social del futuro. Con la miopía cortoplacista están poniendo en peligro lo que fingen proteger.
En España, el Gobierno ha tomado una decisión peligrosa. La inexistencia de transparencia. Pide solidaridad internacional para lo que denominan «lucha contra el coronavirus», una especie de caja donde cabe cualquier cosa, mientras, a su vez, limita cualquier información económica, y ahoga a las comunidades autónomas que son las que soportan el gasto en sanidad.
Mientras el Gobierno aplica la ley del silencio sobre el déficit en que va a incurrir, niega a las comunidades autónomas la capacidad de acceder a la liquidez que al estado le sobra por las inyecciones del BCE.
No tiene ningún sentido que el Estado se financie a tipos reales negativos y tenga la prima de riesgo artificialmente reducida por la política monetaria y, a la vez, niegue acceso a esa herramienta a las comunidades autónomas. Si quisiéramos pensar mal, diríamos que lo que busca el Gobierno es forzar la intervención de las comunidades autónomas molestas vía limitación de liquidez que necesitan para el gasto extraordinario en Sanidad.
