No hay nada como definir algo como derecho para que parezca inevitable y justa su defensa. Sin embargo, casi todo lo que hoy día se llama derecho no es sino la imposición de las preferencias de unos sobre otros. Así, el derecho al olvido no supone otra cosa que la imposición de una obligación sobre los sitios web y, ahora, los buscadores, de eliminar información veraz de internet. Supone un atropello a la libertad de expresión en nombre de un derecho que se inventaron anteayer unos burócratas con demasiado poder sobre nuestras vidas.
La decisión de la Agencia Española de Protección de Datos de denunciar a Google por no eliminar de su buscador enlaces que, a su entender, afectaban al fantasmagórico "derecho al olvido" suponía un reconocimiento en toda regla de lo mucho que afecta a la libertad de expresión. De hecho, su primera petición incluía la exigencia a Google de eliminar unos enlaces a El País, pero no pedían la retirada del contenido al propio periódico porque reconocía que afectaría a la libertad de expresión. En cambio, no considera un derecho fundamental permitir acceder cómoda y fácilmente a la información que publicaba el diario de Prisa, de modo que Google se joroba y, con él, todos sus usuarios. Y ahora los tribunales europeos le dan la razón.
Sin embargo, digan lo que digan en Europa, el derecho a indexar y enlazar contenidos de otros no es más que un caso particular del derecho a la libertad de expresión, del mismo modo que éste no deja de ser una parte del derecho de propiedad. Tenemos la libertad de decir lo que queramos en nuestra propiedad, del mismo modo que no lo tenemos en una propiedad ajena: su dueño tiene perfecto derecho a no escucharme ni publicar mis opiniones. Y cuando se escribe en internet, los enlaces forman parte de esa expresión protegida.
Si en una web de mi propiedad, cuando un usuario pregunta por Mario Costeja aparece una subasta de inmuebles suyos derivados de deudas con la Seguridad Social, y la información en cuestión es perfectamente correcta, ¿qué derecho hay a inmiscuirse en esa transacción? El usuario pedía información, y yo se la he dado. Si eliminar esa información de la fuente original afecta a la libertad de expresión, ¿cómo no va a afectar a ese mismo derecho prohibir enlazarlo?
La única forma de que ese "derecho al olvido" se convirtiera en realidad consistiría en prohibir no ya internet, sino directamente la lectura y la escritura. La humanidad ha salido de la cueva gracias precisamente a que dejamos de olvidar el conocimiento acumulado de la especie. Convertir la ignorancia en un derecho, y prohibir el acceso a información veraz es algo muy del gusto de la burocracia española y europea, pero un insulto a todos los que respetamos los derechos reales, violados una vez más por la UE.
